El comité de bioética conformado en Córdoba –para tratar posibles casos de muerte digna– resolvió el viernes pasado recomendar al hospital de Urgencias avanzar en el retiro de la hidratación y la alimentación, en el paciente J.S., que se encuentra internado desde marzo con estado vegetativo persistente. El dictamen es no vinculante y será uno de los elementos que estarán en la mesa en una reunión plenaria del equipo de salud del hospital municipal y la familia de J.S. para llegar a una decisión consensuada.
La ley que establece la muerte digna en Córdoba define que se puede quitar el soporte vital “en casos de estado vegetativo permanente cuando el estado de vigilia sin conciencia de una persona que le impide cualquier tipo de expresión de voluntad se prolonga por más de tres meses después de una lesión no traumática y por más de 12 meses si la lesión es traumática”.
Los médicos del Urgencias entienden que faltan elementos para terminar de valor la situación neurológica de J.S., quien no tiene muerte cerebral ni está conectado a un respirador artificial, remarcaron. Es por esto que algunos profesionales entienden que se deben esperar esos 12 meses en su caso, para ver si produce o no una evolución favorable.
El comité ad hoc de bioética que se reunió para dar una opinión calificada al cuerpo médico sugirió dar curso al hospital “dar curso favorable y sin dilaciones inadecuadas” a la solicitud de la familia.
El dictamen aclara que se deberá avanzar en esa dirección siempre y cuando “la familia no haya decidido revocar su directiva médica anticipada” o cambiado de opinión.
A la vez, los miembros del comité solicitan que el paciente reciba todos los cuidados paliativos necesarios para atravesar la última etapa de su vida.
“Hemos basado nuestra decisión en tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es el carácter irreversible del estado del paciente, algo que ha sido puesto en duda por el equipo tratante. Otro es la expresión de la familia. El último, que no es menos importante, es la decisión que una persona ha expresado en vida”, dijo Armando Andruet, integrante del comité y exvocal del Tribunal Superior de Justicia.
El punto que marca Andruet es el que buscará definirse en la reunión plenaria, este lunes, en la que también se acercarán las opiniones legales, pedidas a la Asesoría Letrada municipal. Además de importar qué se decide en este caso, desde la dirección del hospital de Urgencias quieren tener claridad sobre a quién le corresponde decidir.
En este caso, al no haber una declaración de voluntad anticipada, el peso de la decisión recae sobre la familia de J.S. La primera en la prelación es la pareja y aquí se da un caso complejo: J.S. está separado pero no divorciado legalmente de su primera esposa y vive en pareja desde hace 20 años con otra mujer. Tiene, además, una hija, M.S., que es quien tomó la voz de la familia. Hay otro hijo, que está detenido en Bouwer. En principio, hay acuerdo en todos en el pedido de muerte digna, pero es algo que el equipo médico quiere reconfirmar luego de que se tenga más información sobre el tipo de lesión neurológica que tiene J.S., quien presenta un cuadro vegetativo persistente, que aún no fue calificado de permanente por el equipo tratante.
“Desde mi punto de vista, dejarlo ir es el acto de amor más grande que puedo hacer por mi papá. Quiero que lo dejen descansar”, dijo M.S. a La Voz.
Los detalles
J.S. se encuentra internado en el hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, desde el 12 de marzo. Sufrió un traumatismo de cráneo en la vía pública y se sospecha que fue en un intento de robo. Permaneció en terapia intensiva hasta el 4 de mayo, cuando fue trasladado a sala común.
Ese día, los familiares firmaron un consentimiento que autorizaba a los profesionales adecuar el esfuerzo terapéutico. Esto quiere decir, avalaron el retiro de la hidratación y la alimentación que se estaba haciendo de manera artificial.
J.S. se encuentra en estado vegetativo y no responde a ciertos estímulos, como el dolor.
El sábado 10 de junio, el equipo de salud procedió a retirar el soporte vital, cumpliendo la voluntad que verbalmente había expresado el paciente, según relataron sus familiares. Las leyes provincial y nacional de muerte digna y los artículos 59 y 60 del Código Civil eximen de responsabilidad penal a los profesionales de la salud frente a determinados casos.
Sin embargo, cuatro días más tarde, los profesionales le restituyeron tanto la hidratación y la alimentación porque no consideraban que haya pasado el plazo necesario como para corroborar que ese estado vegetativo sea permanente. Según esta interpretación, se deben esperar 12 meses.
La dirección del hospital pidió la intervención del comité de bioética, una entidad autónoma que debe juntarse para resolver este tipo de casos dilemáticos. Después de deliberar y revisar el historial del paciente, el comité recomendó dar curso a la voluntad del paciente, plasmada por sus familiares.
Además de sugerir el retiro del soporte vital, el comité pidió que se aseguraran los cuidados paliativos integrales al paciente.
Firmaron el dictamen los especialistas en bioética Armando Andruet, Carlos Soriano, Iris Alicia Maders, Fernanda Marchetti, Andrés Toledo, Julio Bártoli y Magalí de Lourdes Ré.
