Tras el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el que se manifestó a favor de quitar el soporte vital del paciente internado en el Hospital de Urgencias, su familia sigue a la espera de que se cumplan los plazos judiciales necesarios para poder llevar adelante una muerte digna.
La resolución del tribunal avaló la sentencia previa de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Segunda Nominación y rechazó así el recurso de apelación que la Municipalidad de Córdoba había presentado en su contra.
Ahora, el municipio tiene un plazo de 10 días para decidir si apelará la determinación del TSJ. En ese caso, el expediente debería pasar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aunque fuentes municipales habían dejado trascender que esta vez no apelarían la decisión judicial, ante la consulta de este medio indicaron que asesoría letrada está analizando el caso y que resolverán en los próximos días.
En el planteo de la apelación se había hecho “reserva del caso federal”, un anticipo de que en una sentencia en contra podría ir en alzada al máximo tribunal del país.
Mientras tanto, la familia debe seguir esperando por una respuesta definitiva a la vez que aguardan una comunicación desde la dirección del hospital. Marianela Sosa, hija del paciente, pidió que se garanticen los cuidados paliativos hasta el momento de la muerte.
“Durante todo este tiempo hemos vivido muchas emociones juntas. Ahora se nos vienen momentos difíciles pero tenemos que afrontarlos porque es lo mejor para él. Queremos que descanse en paz”, había dicho la joven en comunicación con este medio.
Antecedentes
J.S. tiene 64 años y se encuentra internado en estado vegetativo persistente desde desde el 12 de marzo, cuando sufrió un grave accidente en la vía pública. Desde ese momento, permaneció dos meses en terapia intensiva y lleva otros cinco en sala común.
Por sugerencia del Comité de Bioética del Hospital de Urgencias y por tratarse de un caso incurable, la familia siguió la voluntad expresada por el paciente y autorizó al equipo médico a “adecuar el esfuerzo terapéutico”. Esto es, no reanimarlo frente a un paro cardíaco, al retiro de la hidratación y de la alimentación que lo mantienen con vida en forma artificial y a garantizarle los cuidados paliativos necesarios en la transición hacia su muerte.
El paciente permaneció desconectado tres días pero el cuarto fue vuelto a conectar. Los médicos que lo trataban consideraron que no estaban dadas las condiciones para garantizar la irreversibilidad del cuadro. Y la Dirección del hospital pidió la opinión del Comité de Bioética conformado por la ley provincial 10.058.
El comité respaldó la decisión de la familia pero los médicos no no cedieron. La familia tuvo que presentar un amparo el 28 de junio y la Cámara en lo Contencioso Administrativo autorizó el retiro del soporte vital. Días después la Municipalidad apeló y finalmente el TSJ avaló el pasado jueves la muerte digna.
“La Justicia ha refrendado una vez más los tratados internacionales de derechos humanos. El tribunal señaló que ninguna ley provincial puede ir en contra de las normas nacionales. Este es un acto de humanidad para el paciente y para la familia, que ha sufrido innecesariamente durante todo este tiempo”, expresó Carlos “Pecas” Soriano, médico magíster en Bioética, que intervino en la resolución del caso.
