Brenda Agüero, la enfermera detenida acusada de matar a recién nacidos en el hospital Materno Neonatal, seguirá presa hasta el día del juicio, luego de que se vencieran los plazos para recurrir la prisión preventiva dictada por el fiscal Raúl Garzón, confirmada en diciembre pasado por el juez de control Juan Manuel Fernández López.
Los nuevos defensores de la enfermera, Juan Pedro García y Adriana Paz, desistieron de ir en queja a una Cámara de Acusación el 16 de diciembre, dos días después de que Fernández López respondiera la apelación que había hecho el anterior defensor de la enfermera, Luis Obregón, con una rotunda ratificación de las acusaciones de Garzón y el aval para mantener a la imputada recluida en Bouwer.
De este modo, dejaron que quede firme la preventiva, que salvo que aparezcan nuevas evidencias que cambien el curso de la investigación y lleven al sobreseimiento de Agüero, mantendrán a la única acusada material de los asesinatos en serie de bebés presa hasta que se haga el juicio oral.
García y Paz privilegiaron otra estrategia: recusar a Garzón y que el caso cambie de fiscal. Es lo que le queda pendiente por resolver al juez Fernández López, luego de rechazar el pase al fuero Anticorrupción de toda la línea investigativa que involucra las responsabilidades funcionales pedida por los defensores del exministro de Salud, Diego Cardozo, y del exviceministro Pablo Carvajal y la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís, y de confirmar la preventiva.
El fiscal Raúl Garzón ordenó la detención de Brenda Agüero el 19 de agosto de 2022. La imputó por dos homicidios: las muertes de dos bebas ocurridas en la guardia del 6 de junio. Estos fueron los primeros dos casos que llegaron a la Justicia y se realizaron autopsias sobre los dos cuerpos, con la detección de exceso de potasio, que es para la acusación la causa de las muertes: la aplicación por “vía insidiosa” de sustancias letales.
El 31 de octubre Garzón amplió la imputación contra Brenda Agüero, adjudicándole otros tres hechos –las muertes de bebés ocurridas en marzo, abril y mayo– y ocho ataques que quedaron definidos como tentativas de homicidio.
Ese mismo día, Garzón dictó la prisión preventiva de Agüero, por los dos primeros hechos, los que justificaron la primera imputación y su detención.
El 9 de noviembre quien era defensor de la enfermera, Luis Obregón, se opuso a la preventiva y el expediente fue girado al juez de control Juan Manuel Fernández López, quien el 14 de diciembre confirmó la decisión de Garzón, en una resolución en la que incluyó esta frase: “Luce tenue la prisión perpetua si se confirman los hechos que se le atribuyen a la imputada”.
Entre la apelación y la resolución del juez, Agüero despidió a su abogado Obregón –antes ya había renunciado Luis Pareja– y nombró en su lugar a García y Paz, quienes el 16 de diciembre, en un escrito presentado a Fernández López, renunciaron a llevar el caso a la Cámara de Acusación. La Voz consultó a García por qué tomaron esta determinación. “Los porqués se los dimos a nuestra defendida, son parte de la nueva estrategia defensiva”, fue la escueta respuesta.
La estrategia fue ir contra Garzón. El 27 de diciembre recusaron al fiscal, al decir que había perdido imparcialidad, relatando una situación que se habría dado en una visita de Garzón a Agüero en Bouwer, en la que le habría negado de malas maneras una mejora en sus condiciones de detención, que finalmente se consiguió. Los abogados sostuvieron que “la objetividad ha sido perdida” y recriminaron a Garzón por “adelanto de criterio” por anticipar “los hechos que se le endilgan a Brenda, no con criterio de investigación sino con un criterio de culpabilidad anticipada”.
Garzón rechazó este pedido de apartamiento el 30 de diciembre y lo elevó a Fernández López, quien lo definiría en las próximas horas. La confirmación es lo que aguarda Garzón para avanzar en la línea de las responsabilidades institucionales, la otra parte de la investigación por las muertes en el Neonatal que tiene como imputados por omisión de deberes de funcionarios públicos al exministro de Salud provincial Diego Cardozo y el exsecretario de Salud Pablo Carvajal, por esa figura y por falsedad ideológica a la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís, y a las médicas Marta Gómez Flores y Adriana Moralez. También está acusado por omisión de deberes el exdirector administrativo del hospital, Alejandro Escudero Salama.
Se espera que declare en las próximas horas Gómez Flores, quien en un primer momento se abstuvo de hacerlo, en sintonía con el resto de los funcionarios imputados.
Hubo algunos intentos más de la defensa de Agüero. El 20 de enero pidieron la habilitación de la feria al fiscal Iván Rodríguez, por la “supuesta necesidad urgente de receptar testimonios para la causa”. Rodríguez el 25 rechazó el planteo y el propio Garzón contestó los otros dos pedidos que hicieron García y Paz de cese de prisión y de otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria el 3 de febrero.
En lo que parece un blooper, García y Paz también hicieron una presentación con “pronto despacho” –una especie de intimación por mora en la respuesta judicial– para que Garzón devuelva a la familia de Brenda Agüero un automóvil secuestrado porque es vital para seguir solventando la representación y evitar un mayor perjuicio económico.
La presentación fue realizada ante el Juzgado de Control y Faltas Número 10. La respuesta fue que nunca se secuestró ningún auto a Agüero. Y en una explotación del absurdo fue más allá: ni una moto, se aclaró.
