El fiscal de instrucción Raúl Garzón dictó este lunes la prisión preventiva a la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís. La infectóloga de 74 años ya se encontraba detenida en la cárcel de Bouwer. Sus abogados solicitaron prisión domiciliaria, pero el pedido fue descartado por el fiscal que investiga la causa de la muerte de bebés en 2022 en ese centro de salud provincial.
Su abogado defensor Franco Vittozzi había solicitado prisión domiciliaria para Asís, en razón de su edad y sus condiciones de salud.
Sin embargo, Garzón lo rechazó y en la mañana de este lunes fundamentó su decisión mediante una resolución.
La exdirectora está imputada por tres cargos: encubrimiento agravado por su calidad de funcionaria pública, omisión de deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Este último, por haber falsificado certificados de defunción.
La prisión preventiva por encubrimiento agravado se dictaminó por ocultamiento y destrucción de prueba para 11 hechos: las cinco muertes y la mayoría de los casos en donde hubo intentos o ataques, pero no se consumó finalmente el deceso.
Asís permanece detenida desde el 24 de febrero. Declaró ya en dos oportunidades.
La primera vez hizo un relato con detalles sobre las muertes que se fueron registrando en el hospital entre marzo y junio, y lo que se hizo en el centro de salud hasta que el hecho se hizo público en agosto del 2022 y ella fue desplazada de la conducción. Incriminó a Brenda Agüero, la enfermera que está detenida, acusada de cinco homicidios de recién nacidos y ocho ataques calificados como homicidios en grado de tentativa, también de bebés del Neonatal.
Asís volvió a declarar el 13 de abril. En la segunda oportunidad, reconoció que mantuvo charlas con el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo, para repasar caso por caso.
La infectóloga contó que, entre el 18 y el 19 de agosto, fue citada por Cardozo y el exsecretario de Salud, Pablo Carvajal, “para rever los casos”. Se revisaron historias clínicas y se analizaron causas de muerte para saber si esos fallecimientos se produjeron por hechos intencionales o no.
Los fundamentos del fiscal
En la resolución firmada este lunes 17 de abril, Garzón detalló los informes médicos que dan cuenta del estado de salud de la detenida. Agregó además que, con la prisión domiciliaria, se intenta “neutralizar” el riesgo procesal. Es decir, se busca evitar que la investigación judicial sea entorpecida.
“El entorpecimiento a la investigación está dado fundamentalmente por las maniobras conducentes a ocultar y consecuentemente hacer caer en error a la instrucción relativas a los teléfonos celulares, incluso manipulándolos con mecanismos específicos para tales fines; así como también las comunicaciones telefónicas que mantuvo con otros coimputados tendientes a ponerse de acuerdo respecto de lo que iban a decir ante la Instrucción”, detalló el fiscal.
“Esta situación, en la modalidad domiciliaria, se tornaría imposible de controlar, ya que el acceso de las personas a su domicilio y/o su comunicación pondría nuevamente en crisis los aspectos que se pretenden evitar con la medida de coerción”, agregó Garzón en la resolución.
