El Ministerio de Salud de Córdoba pensaba presentarse en la Justicia, ante la Fiscalía General, el martes 16 de agosto, después del feriado por el día de San Martín, con el “caso resuelto”.
Así lo habían resuelto los ahora ex funcionarios Diego Cardozo, Pablo Carvajal y Alejandro Escudero Salama. El plan era denunciar las cinco muertes de bebés y los intentos de otros ocho niños, provocados por una enfermera contratada por el propio hospital en diciembre del 2020.
La idea también era que no tomara estado público y que todo quedara puertas adentro del hospital, del Ministerio de Salud y hasta del propio Poder Judicial, al menos en la etapa previa de investigación.
Pero, los planes se alteraron cuando el jueves 13 de agosto, el programa Mediodía en Mitre reveló la investigación interna sobre al menos 10 bebés en el Neonatal, con el apartamiento de empleados y la posibilidad de que sobre uno de ellos recayera la sospecha.
El fiscal Raúl Garzón confirmó la investigación y dijo, entonces, que no se podía descartar la intencionalidad.
Así, se desbarató lo que el Ministerio de Salud, en coordinación con la Justicia, pensaba resolver puertas adentro. Entre el 18 de marzo y abril se pensó en una falla de la vitamina K, pero el 1° de mayo, el bebé (GB) apareció con dos pinchazos en la piernita derecha que no dejaban dudas, ya que la vitamina K había sido colocada en la izquierda.
El 6 de mayo, la jefa de Neonatología, Marta Gómez Flores y la referente de la Comisión de Seguridad y Calidad del Servicio, Adriana Moralez, elevan nota a la directora Liliana Asís con copia a Escudero pidiendo reunión urgente dada la “gravedad” de los hechos.
Se refieren a la muerte de niños sanos sin causa. Esa reunión se hace y tanto Asís como Escudero prometen investigar. Escudero, subdirector de Gestión Administrativa del Neonatal, es designado por Cardozo y Carvajal, de manera informal, como “interventor”.
Su función pasaba ser la de llevar adelante la investigación interna, recabar pruebas y testimonios para cerrar el caso.
Ése es el gran indicio de que el Ministerio de Salud no buscaría los canales institucionales adecuados, es decir, derivar el caso a la Justicia y que sea este Poder el que investigue, sino que decidió que alguien que era directivo del hospital indagara lo que pasaba en su propio centro de salud.
Dos datos: por entonces, no se sabía con certeza qué sustancia se les inyectaba a los bebés. Sólo se sabía que no era la vitamina K, era otro pinchazo con “algo”. Tampoco se les cruzaba que fuese intencional, se pensaba en mala praxis o descuido.
La reunión de mayo entre el fiscal González y el subdirector del Neonatal
Como querían saber qué sustancia podía ser, se lo fueron a consultar al director del Instituto de Medicina Forense, Moisés Dib. Ese encuentro con Escudero lo armó el fiscal Guillermo González el 16 de mayo, con quien trabó una buena relación por el trabajo que hicieron en conjunto en la investigación del travesticidio de Azul Montoro.
Al especialista no le dijeron que había para ese entonces dos bebés fallecidos y que cinco se habían descompensado de manera inexplicable. La explicación es que, en ese entonces, no se habían atado los cabos.
“Ahora con el diario del lunes es fácil decirlo, pero en ese momento no se había armado esa línea de tiempo”, le dijo a este diario uno de los tres participantes de ese encuentro.
Según relató el propio Dib al ahora fiscal que lleva la causa, Raúl Garzón, sólo fue una consulta ante el desconcierto de lo que ocurría. Dib les habría recomendado que judicialicen el caso para tomar las pruebas necesarias.
Pero no lo hicieron. Otro bebé murió el 23, I.G., apenas una semana después de esa reunión. I. hace bradicardia extrema y fallece en 45 minutos, sin que responda a maniobras de reanimación. Tampoco Escudero da aviso a la Justicia, siendo que tenía ya la recomendación expresa de hacerlo.
El argumento que esgrimen es que “la familia no autoriza”. Es probable que eso sea así si no se le informa a la familia la gravísima sospecha que recae sobre la muerte de su bebé sano.
Hay un dato más. Cuando el caso saltó a la luz pública porque lo confirmó el propio fiscal Garzón, el fiscal González, según allegados, habría cuestionado a su par por difundir la información, entendiendo que se estaba haciendo la investigación interna de forma seria y que sería difícil de remontar la reputación del hospital.
Hasta se deslizó el temor a demandas.
En ese entonces, no se sabía que González estaba más que al tanto de lo que ocurría en el Neonatal. Se supone que un fiscal denuncia y pasa a investigar activamente la situación, aunque el fiscal sostiene que en ese entonces no se tenía el panorama de lo que efectivamente estaba pasando, que la dimensión real se alcanzó el lunes, en aquella fatídica guardia donde murieron dos nenas y sobrevivieron dos.
Pero el temor era mancillar al hospital. Razonable, en cierta perspectiva social. Y en el fondo, a lo que se temía, es a las demandas judiciales. Y se actuó con el convencimiento de que se podría encapsular el escándalo. Y no se pudo.
