El represor Héctor Pedro Vergez, famoso por los tormentos que implementaba y quien se ufanaba de haber sido el creador del centro clandestino de detención La Perla, falleció el 12 de abril de 2025. Cumplía una condena a prisión perpetua en el Complejo Penitenciario de Bouwer, en Córdoba, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Vergez, al igual que Alfredo Astiz, se convirtió en una figura emblemática del terrorismo de Estado y transitó con total impunidad las dos décadas posteriores al retorno de la democracia. No fue hasta 2011 que se sentó en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal Nº 5. Se lo juzgó por las desapariciones del empresario Julio Gallego Soto, del funcionario ministerial Juan Carlos Casariego de Bel y del militante del ERP Javier Coccoz. También se le imputó el secuestro de Cristina Zamponi, pareja de Coccoz, y el hijo pequeño de ambos, quienes fueron los únicos sobrevivientes.
En junio de 2004, el medio Tiempo Argentino lo contactó para una entrevista periodística en su departamento de la calle Rodríguez Peña, en Capital Federal. Vergez se mostró quejumbroso, alegando estar “muy enfermo”, aunque en el encuentro posterior, el 2 de julio, admitió que solo había padecido una gripe. Durante la entrevista, en un austero living, Vergez intentó justificar sus acciones, describiendo la represión como una “guerra de inteligencia” donde los interrogatorios eran las “batallas”, minimizando la tortura y hablando de una “pugna psicológica muy sutil con el detenido”. Incluso llegó a decir que había salvado vidas y que algunas de sus “presas” pudieron salir del país gracias a su intervención, aunque luego se sintió “traicionado” por ellas. Con notoria soberbia, afirmó: “La Perla fue mi hija, mi obra. Yo la hice”.
La siniestra trayectoria de “Vargas” o “Gastón” – sus alias en el Batallón 601 – se inició antes del golpe de Estado, cuando integró el Comando Libertadores de América, la versión cordobesa de la Triple A. Su cómplice en esos años fue el comisario Pedro Telleldín, padre del implicado en la causa AMIA. Se les atribuyen actos atroces como el atentado con bomba contra la rotativa de La Voz del Interior, la masacre de la familia Pujadas y la de nueve estudiantes bolivianos. También se lo vincula con el secuestro y la salvaje mutilación de Susana Luna y el asesinato de Marcos Osatinsky, jefe de las FAR, a quien arrastró encadenado a un auto y luego dinamitó. En 1975, fue puesto al frente del penal militar Campo de la Ribera, que ya funcionaba como centro clandestino.
En la entrevista de 2004, Vergez se jactó de haber “doblado” a Javier Coccoz, el jefe de inteligencia del ERP conocido como “Teniente Pancho”, quien fue secuestrado en mayo de 1977. Vergez simuló un enfrentamiento para hacer creer que Coccoz había muerto, pero en realidad lo interrogó durante casi un mes hasta lograr un pacto: sacar del país a su mujer, Cristina Zamponi, y a su hijo, además de negociar su liberación. Sin embargo, Vergez solo cumplió parcialmente el trato y comenzó a frecuentar a Zamponi, generando inquietud entre sus propios camaradas. Cristina y su hijo viajaron a París a mediados de junio. Vergez acusó a Zamponi de “traicionarlo” al reconectarse con el ERP. Respecto a Coccoz, declaró ignorar su paradero, insinuando su desaparición.
Las “infidencias” de Coccoz también condujeron al secuestro del director de El Cronista Comercial, Rafael Perrota, en junio de 1977. Aunque Vergez negó su participación en este hecho, insinuó que Perrota cayó en una “cita envenenada” con Coccoz. También se adjudicó el secuestro de Julio Gallego Soto en 1977, confesión que realizó en 1998 al hijo de su víctima, amparándose en las leyes menemistas, lo que marcó su camino hacia la justicia.
Vergez pasó a retiro en 1979 y luego alternó trabajos en la SIDE con negocios privados, incluyendo una financiera vinculada al ex vicepresidente radical Víctor Martínez y acusaciones de comercializar muebles de desaparecidos. También se involucró en una banda de usureros, operó oficiosamente en la causa AMIA e incluso escribió un libro autobiográfico. En la entrevista de 2004, se declaró económicamente quebrado y ofreció más información a cambio de dinero.
Antes de despedirse en aquella tarde, Vergez deslizó con preocupación: “Sólo me falta el tiro de gracia de la Corte Suprema”, refiriéndose al inminente fallo sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Su reflexión final fue: “Estos hijos de puta tardaron más de 20 años. Pero al final nos están metiendo presos a todos”.
En junio de 2005, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las Leyes del Perdón. Vergez fue arrestado el 8 de agosto de 2006. Horas después, Víctor Gallego Soto lo identificó como el hombre que le había confesado el secuestro de su padre en 1998. Con su muerte en prisión, se cierra un capítulo en la historia de la represión en Argentina.
