El triple femicidio de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), volvió a mostrar la dimensión más cruel y silenciada de la violencia machista en Argentina: la que ocurre en los territorios atravesados por el narcotráfico y el crimen organizado.
Las jóvenes fueron captadas, torturadas y asesinadas en una vivienda usada por una banda narco. Las imágenes de sus cuerpos, difundidas como trofeos, repitieron un patrón que crece en Rosario y se expande a otras provincias: la pedagogía de la crueldad de la que habla la antropóloga Rita Segato, donde el cuerpo de las mujeres se convierte en el campo de batalla de las nuevas guerras.
“Lo que vimos en Argentina es un tipo de femicidio que que exhibe la crueldad como espectáculo. En estas guerras contemporáneas, las mujeres no son el enemigo, sino que sus cuerpos son el lugar donde se muestra el poder”, explicó Segato en diálogo con Radio con Vos.
Rosario, el laboratorio argentino del narcofemicidio
De acuerdo con el informe 2020-2025 del Observatorio Nacional de MuMaLá, los femicidios en contextos de narcotráfico y crimen organizado representan un fenómeno creciente y poco visibilizado.
En los últimos cinco años se registraron 196 casos en el país, de los cuales el 6% ocurrió en Santa Fe. Y dentro de esa provincia, el 96% en Rosario y en el Gran Rosario.
Allí, la violencia se territorializa. Las balaceras se vuelven rutina y las mujeres mueren por distintos motivos: como blanco directo, por vínculos con varones del circuito delictivo o simplemente por estar cerca del fuego cruzado.
“En 2022, un año especialmente violento, de 68 femicidios registrados en Santa Fe, 42 estuvieron vinculados a la narcocriminalidad”, detalló Gabriela Sosa, directora ejecutiva de MuMaLá en diálogo con La Voz.
“Dos modalidades se repiten: mujeres alcanzadas por balaceras mientras esperaban un colectivo o estaban en su casa, y mujeres vinculadas de modo periférico al narcomenudeo o a familiares detenidos”.
Según Sosa, el sicariato aparece en el 62% de los casos. “En los femicidios narcos hay una cadena de mando: el sicario, el instigador y el financista. No son hechos aislados, son decisiones dentro de estructuras delictivas que operan con lógica empresarial y simbólica de poder”, añadió.
Cuando la violencia de género y el narco se cruzan
Los femicidios narcos no son meros “ajustes de cuentas”. Para las organizaciones feministas, son crímenes que combinan odio de género, desigualdad social y territorialidad armada.
“En estos territorios hay una violencia de género estructural sobre la que se monta el crimen organizado”, explicó Betiana Cabrera Fasolis, coordinadora de MuMaLá Córdoba.
“Las mujeres, niñas, travestis y trans quedan expuestas a riesgos específicos por su condición de género y por habitar zonas donde operan estas economías ilícitas”, explicó en diálogo con La Voz.
Muchas de las víctimas tenían vínculos afectivos o familiares con varones vinculados al narcotráfico, o eran madres jóvenes que debieron dejar la escuela y sobrevivir en la informalidad. Algunas ejercían el trabajo sexual o se dedicaban al narcomenudeo para sostener a sus hijos.
“Son mujeres ubicadas en el eslabón más débil de la cadena, las que más peligro corren. Hay una vulnerabilidad estructural que se combina con una respuesta estatal escasa y sin mirada integral”, advirtió Cabrera Fasolis.
La “mala víctima”: doble castigo y silencio
En los femicidios vinculados al narcotráfico, la reacción mediática y judicial suele ser diferente: se pone el foco en las víctimas, no en los agresores.
“Salvo el movimiento feminista, a estas mujeres se las deshumaniza”, señaló Sosa.
“Se pregunta qué hacían, por qué estaban ahí, si eran madres o tenían consumos. Después del crimen, hasta conseguir justicia es más difícil: hay más prófugos, más miedo a declarar y un relato que corre el foco de los responsables”, agregó.
Esa mirada se traduce en impunidad. “Pareciera que sus vidas valen menos porque eran pobres, porque vendían, porque tenían problemas de consumo. Ese estigma habilita la crueldad y el olvido”, sostuvo Cabrera Fasolis.
os protocolos internacionales y nacionales establecen que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse con perspectiva de género. En Argentina eso está recomendado en el Protocolo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem).
En contextos narco, eso implica reconstruir trayectorias de vida (vínculos, amenazas previas, roles forzados, economías de supervivencia), mapear a instigadores y circuitos de sicariato, y proteger a testigos y familiares que quedan expuestos a nuevas violencias tras el crimen.
Una pedagogía de la crueldad
Desde hace más de dos décadas, Rita Segato advierte sobre la cartelización y mafialización de la sociedad latinoamericana. Lo que sucede en Rosario o Florencio Varela, dice, no es nuevo: es la extensión de una “guerra” que usa los cuerpos de las mujeres como escenario.
“Estos crímenes se hacen para mostrar poder. La crueldad es el mensaje”, explicó. “En el imaginario ancestral la mujer no es el enemigo bélico, es el lugar donde se exhibe la violencia. No hay otra finalidad que esa exhibición de crueldad”.
Segato llama a comprender los narcofemicidios como parte de un proceso político más amplio: el de la cartelización y la economía paralela que corroe la democracia.
“El narcotráfico es un golpe a la democracia. Con el narco no hay democracia posible ni gestión posible. Es un cáncer que se instala y desinstalarlo es casi imposible”, alertó.
Cómo se diferencian de los femicidios íntimos
El informe de MuMaLá señala que, a diferencia de los femicidios domésticos, donde predomina el arma blanca, los narcofemicidios se cometen en el 98% de los casos con armas de fuego.
Además, el 50% de las víctimas fueron asesinadas o resultaron heridas junto a otras personas, frente al 17% en los casos íntimos. La violencia es pública, territorial y múltiple. En su mayoría, las víctimas tenían menos de 30 años, y un 7% eran adolescentes.
“Estos delitos no terminan cuando se asesina a una mujer”, explica Sosa. “En los barrios de Rosario y del cordón industrial sigue la violencia: las familias de las víctimas son expulsadas de sus casas o amenazadas por los mismos grupos que las atacaron”.
Qué hace falta (y qué no)
Cabrera Fasolis fue contundente en cuanto a la necesidad: “Lo primero es presencia del Estado en el territorio. Cuando el Estado se retira, el narcotráfico ocupa ese espacio: comedores, clubes, mesas barriales, transporte, iluminación. Eso también es política de seguridad”.
“Lo segundo es garantizar salidas económicas y acompañamiento a las mujeres en riesgo de captación o a familiares de detenidos. Sin ingresos ni redes, el narcomenudeo aparece como única opción de supervivencia”, agregó.
“Y tercero, controles estrictos sobre armas y capitales. El 98 % de estos femicidios se cometen con armas de fuego y el sicariato se financia con dinero negro. Blanquear capitales o flexibilizar la compra de armas es alimentar la rueda de la violencia”.
La dirigente subrayó además la eliminación de programas que habían logrado sostener cierta red de contención: “Desaparecieron políticas como el Acompañar, que permitían autonomía económica y protección. No se combate la violencia sólo con punitivismo; se la previene con integralidad.
