En Córdoba, el descuido o el trato negligente es la principal causa de separación de niños, de niñas y de adolescente de sus hogares. Estas razones implican el 40 por ciento de los casos. El dato se desprende de un informe de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Córdoba realizado sobre la base de las medidas de excepción (apartamiento del hogar) tomadas entre enero y septiembre de 2019.
En esos nueve meses, 693 niños (el 43 por ciento de Capital y el resto del interior) fueron apartados de sus hogares por alguna vulneración grave a sus derechos, medida que sólo puede ser tomada por la Senaf. Luego, un juez verificará que la decisión haya sido correcta.
De esos 693 niños, 276 (el 40 por ciento) fueron apartados por descuido o trato negligente. A otros 171 niños (25 por ciento) se los apartó por violencia, que implica maltrato físico, psicológico o emocional y constituye la segunda causa más común.
Cerca quedaron 142 casos (20,5 por ciento) que fueron apartados por la ausencia de un adulto responsable. Como cuarta causa, un 12,1 por ciento de los chicos dejaron sus hogares de origen por vulneración a su integridad sexual. Esto implica que de 693 niños, 84 fueron apartados de su hogar por abuso sexual intrafamiliar.
El consumo problemático, situación de abandono y otras razones (conflictiva familiar) fueron las causas que quedaron en quinto, sexto y séptimo lugar, donde se ubica el dos por ciento de los casos.
Cuando se toman estas medidas, desde el organismo priorizan derivarlos a familias antes que a instituciones. El 70 por ciento de los casos (487 niños) quedaron al cuidado de otras familias (46 por ciento a la familia extensa; 15 a familias comunitarias; y 9 a familias de acogimiento). Sólo un niño quedó a cargo del otro progenitor y el resto (casi el 30 por ciento) fue a residencias de la Senaf, de la Organización de Gestión Asociada (OGA) y a otras instituciones.
Por su parte, de esas 693 medidas de excepción, 97 fueron cesadas. Esto implicó que 40 niños, niñas y adolescentes volvieron a sus centros de vida, 42 quedaron con la familia extensa, 3 con una familia comunitaria, 11 tienen pedido de estado de adoptabilidad, mientras que uno fue un egreso autónomo.
José Piñero, titular de la Senaf Córdoba, recordó en diálogo con La Voz que a lo largo de los años se priorizó la no institucionalización de los niños. “En 2010 y 2011 teníamos unos cinco mil chicos institucionalizados. Hoy hay 500. Antes teníamos instituciones con 300 personas y hoy no hay más de 20 en cada una de ellas”, dijo.
En ese sentido, Piñero argumentó la abrupta baja de institucionalizados a raíz del trabajo “de segundo nivel”: situaciones en las que se detecta un derecho vulnerado y se trabaja para solucionarlo antes de tomar una medida de excepción (tercer nivel).
“Además, ha cambiado la mirada. Antes se podía retirar a un niño de su centro de vida porque su familia era pobre. Hoy eso no ocurre. Se diferencia la conflictiva familiar de la pobreza”, explicó el responsable de la Senaf.
Tanto Piñero como Marysel Segovia, coordinadora del Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y especialista en temas de niñez, indicaron que en el último tiempo se ha avanzado en la idea de trabajar para reforzar a las familias y prevenir situaciones que lleven a la toma de medidas de excepción.
Desde el Estado y las organizaciones trabajan para afianzar a una mamá o a un papá en su rol y hacen un seguimiento para que el niño mejore su situación y de esa forma evitar que rompa sus vínculos, siempre que la situación pueda revertirse o no implique un riesgo grave.
Por su parte, desde la Senaf indicaron que los niños son partícipes de las decisiones sobre el lugar a donde se los deriva, de acuerdo a su edad evolutiva.
“Antes de las actuales leyes nacionales y provinciales, el que decidía dónde iba un niño era el juez y no se hablaba con los niños. El cambio de rol de los organismos de Niñez genera más cercanía, empatía y menor burocracia con los chicos”, indicó Piñero.
Casas Abiertas para sectores de población vulnerable
Desde los organismos y las organizaciones que trabajan por los derechos de la Niñez aseguran que la pobreza genera mayor vulneración de derechos de los chicos y que en épocas de crisis esta situación se profundiza.
En la provincia hay 14 Casas Abiertas que se inauguraron en 2019 (12 en Capital y dos en el interior). Estas casas están ubicadas en barrios y zonas vulnerables de la ciudad donde ya funcionaban dependencias de organizaciones no gubernamentales. El Estado hizo convenio con esas instituciones y aporta con la asistencia de operadores territoriales, es decir personal profesional para acompañar a las familias que lo necesiten en el mismo territorio.
“En los últimos cuatro años, el deterioro social ha sido gravísimo. Los chicos van a comer a la escuela y a veces el fin de semana no tienen a dónde comer. La falta de trabajo es enorme y eso deprime a los jóvenes: si no están en la escuela y tampoco vislumbran la posibilidad de trabajo, la depresión aumenta. Hay muchos suicidios adolescentes en los barrios”, indicó Marysel Segovia, coordinadora del Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
