- El Tribunal Superior de Justicia ratificó la sentencia que obligaba a una mamá a la restitución internacional de sus hijas.
- El juez consideró que el traslado de las niñas fue ilícito.
- Viajarían antes de fin de año.
Las dos nenas de Carlos Paz, de 7 y 4 años, que fueron trasladadas a Córdoba por su madre J. (27 años) desde Nueva Zelanda, el pasado 4 de abril, serán restituídas al país oceánico después de que el Tribunal Superior de Justicia ratificó la sentencia que obliga a llevar a las niñas al lugar donde vive su padre G. (39). El hombre, también oriundo de la villa serrana, había solicitado la restitución internacional, argumentando que el viaje no fue autorizado por él.
La familia había viajado hacía más de un año a la ciudad neozelandesa de Ashburton para trabajar y ahorrar, pero la pareja se separó y la madre regresó a la Argentina con las pequeñas, con un permiso de circulación firmado por ambos padres ante un escribano. J. denunció que su expareja la golpeaba.
La noticia se conoció hace un mes, cuando Andrés Olcese, juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de 1ª Nominación de Carlos Paz, ordenó la inmediata restitución internacional de las nenas cordobesas. El padre de las niñas había declarado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, que el traslado fue ilícito.
En su momento, la madre presentó un recurso de apelación que, ahora, fue rechazado. De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia ratificó la sentencia del 22 de octubre que obligaba a la mujer a la inmediata restitución internacional de sus hijas. J. podría haber abierto un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, pero desistió de hacerlo y accedió a retornar con las niñas, siempre y cuando se cumplan una serie de garantías.
Antes de fin de año
La abogada de J., Verónica Della Siega, confirmó a La Voz que su clienta viajará a Nueva Zelanda. Explicó, además, que se contactaron con la Fundación Foundchild (Fundación Niños Unidos por el Mundo), de Gabriela Arias Uriburu, y que solicitaron una serie de medidas para garantizar el “retorno seguro”.
J. seguirá la batalla judicial en Ashburton. Para ello, llevará copia traducida del expediente iniciado en la Justicia cordobesa, donde las niñas declaran ante psicólogos del Tribunal en Carlos Paz haber presenciado actos de violencia contra su madre por parte de su padre. Otros testigos también aseguran tener conocimiento de esta situación.
Para garantizar un retorno seguro y la estancia en Nueva Zelanda, el juez de Carlos Paz deberá gestionar en Cancillería, con un funcionario de enlace entre los dos países, una visa de residencia para las niñas y para la madre, junto con un permiso de trabajo.
“J. se va a quedar allá todo el tiempo que haga falta hasta que disponga el tribunal por los hechos de violencia y la causa en relación con las nenas”, indicó la letrada, quien subrayó que el plazo del retorno está dentro de las negociaciones. “Se suben a un avión cuando estén la plata de los pasajes y las garantías. J. no se opone a irse; no se está resistiendo”, apuntó Della Siega.
Además de las visas, se solicitó que las niñas permanezcan al cuidado de su madre un período mínimo de tres meses, que se fije un régimen de visitas amplio y una cuota alimentaria.
“La meta es que se quede al cuidado de las nenas y continúe viviendo el tiempo que necesite para normalizar la situación, y que vuelvan seguras a Nueva Zelanda, ella y las nenas”, remarcó la letrada.
También se solicitó que se ordenen medidas restrictivas de contacto del padre de las nenas con J., ya que, puntualizó Della Siega, “podría implicar riesgo para su vida y para su integridad psicofísica”.
El caso
Después de la separación de la pareja, J. y sus hijas regresaron a Carlos Paz. Aunque el padre no fue notificado formalmente de la partida, J. indicó en noviembre a La Voz que G. sabía desde enero que regresaría a Córdoba. Habría mensajes de WhatsApp que lo confirman, aunque no constituyen una prueba en la Argentina.
J. aseguró que no rompió la ley y que regresó a su país con el permiso de circulación firmado por ambos progenitores frente a escribano público, para moverse por todo el mundo hasta la mayoría de edad de las pequeñas.
Sin embargo, en este punto, el fallo del magistrado indica que, pese a la existencia de ese documento, uno de los padres no puede “trasladarse de manera subrepticia” con las niñas y sin la autorización del otro.
A fines de octubre, el juez Olcese pidió la inmediata restitución internacional de las pequeñas, argumentando, entre otras cosas, que las niñas tenían su centro de vida en aquel país, donde estaban escolarizadas y sus padres trabajaban. La madre apeló, pero la sentencia fue ratificada.
Para Della Siega, el juez comete un error, ya que la residencia en Nueva Zelanda era temporal, hasta que se venciera la visa de trabajo (lo que ocurrió en julio). Las nenas pasaron en allí 16 meses.
La defensa remarca, por otra parte, que J. sufrió violencia familiar por parte de su exmarido, con lo cual las niñas corren riesgo si quedan al cuidado de su padre. No hay denuncias de estos hechos en Nueva Zelanda, aunque sí relatos de testigos.
El recuerdo del caso de Gabriela Arias Uriburu
La mamá de las niñas se contactó con su fundación.
Gabriela Arias Uriburu se casó con Imad Shaban, un hombre de religión musulmana. El 10 de diciembre de 1997 se separaron, y el hombre se llevó con él a sus tres hijos, antes de completar el divorcio. Gabriela no pudo verlos hasta un año después. Llevó adelante larguísimos procesos legales para obtener la restitución de sus hijos, cosa que nunca consiguió. Creó FoundChild, Fundación Niños Unidos para el Mundo y escribió cuatro libros, que sirvieron de inspiración para muchas mujeres en su situación. Sus tres hijos son musulmanes, viven en Jordania y no quieren venir al país. Pero mantienen relación con ella, que los visita con frecuencia.
