La exdirectora del Hospital Materno Neonatal de la Provincia, Liliana Asís, pasa este domingo en el penal de Bouwer, cercano a la capital cordobesa. El fiscal Raúl Garzón consideró que quedaban cortas las imputaciones de omisión de deberes de funcionario público -no denunciar a tiempo- y falsedad ideológica -firmar los certificados de defunción de los casos sospechosos- y amplió la acusación a encubrimiento agravado por ocultar y destruir pruebas, por lo que pidió que la detuvieran.
Con 74 años y la última docena de ellos como directora del hospital donde el año pasado -según la investigación judicial- ocurrieron cinco muertes intencionales de recién nacidos y otros ocho intentos que quedaron como tentativas de homicidio, Asís es la exfuncionaria de más alto rango que pernocta en Bouwer.
El estrépito de su detención silenció otro fuerte golpe a la gestión provincial que llegó el mismo día desde la Justicia: en sus alegatos, uno de los fiscales que lleva la acusación por el crimen de Blas Correas, Marcelo Hidalgo, pidió que se investigue al exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, su segundo Lucas Mezzano y el exjefe de Seguridad Capital, el comisario inspector (retirado) Gonzalo Cumplido.
La figura que Garzón le endilga a Asís abre, de inmediato, el interrogante: ¿el que sigue es el exministro de Salud Diego Cardozo?
A Asís la complica haber entregado su celular “reseteado”: con toda la memoria de sus conversaciones y registros de llamadas borrado. Y antes haber ocultado otras pruebas, como el hallazgo de ampollas rotas de potasio e insulina el 9 de junio en la sala de recuperación de recién nacidos, tres días después de la guardia fatídica que dejó como resultado dos muertes y otros dos ataques que no terminaron de manera fatal.
Sobre el celular, no sólo lo reseteó sino que lo hizo tan bien que no dejó ningún resquicio para que lo recupere un “perito hacker”, algo para lo cual debió contar con la asistencia de algún experto.
Los abogados de Asís pedirán su arresto domiciliario. Pero Garzón, a la hora de justificar la detención, consideró que había riesgo procesal con ella en libertad. Es difícil, con esa consideración, que otorgue el beneficio, y casi imposible que no termine todo en el Juzgado de Control.
El pedido del abogado querellante Carlos Nayi -quien representa a las familias de cuatro de los cinco bebés asesinados, según la acusación, por la enfermera Brenda Agüero- incluía dentro de las causas para requerir la detención de Asís las distintas conversaciones que ella tuvo con el ministro Cardozo para construir un relato común. Nayi cree que no debe quedar en Asís el encubrimiento.
En esas escuchas telefónicas, el fiscal supo que la estrategia del Ministerio de Salud provincial fue unificar discurso. En esas charlas, surgió que se habían revisado las historias clínicas de los bebés fallecidos y de los que quedaron con algún tipo de lesión. Incluso, en un extracto que se filtró, Asís y el exministro “punteaban” caso por caso. “(Cardozo) prefiere que nos juntemos nosotros ahora porque nos va a empezar a llamar el fiscal. Para que todos tengamos más o menos el mismo relato, porque si cada uno va a decir una cosa y meten la pata, sonamos”, comentó la exdirectora, según consta en el expediente.
Esta búsqueda de una “explosión controlada” del escándalo es lo que puede arrastrar a Cardozo, quien por ahora está imputado sólo por la omisión de denunciar los casos.
La intención de mantener las sospechas bajo secreto y tratar de “reducir los daños”, en la práctica benefició a Brenda Agüero. Pero no luce verosímil -ni es lo que cree el fiscal- que esa haya sido la intención de Asís ni la de Cardozo. En el mejor de los casos, la exdirectora y el exministro quisieron evitar que se afectara la normal prestación de los servicios de salud en la principal maternidad cordobesa, la que atendía el mayor número de partos y también los casos más complejos.
Con un ojo más avieso, se podría interpretar que ambos buscaron cuidar sus propios trabajos y no afectar al Gobierno, entregando un paquete armado a la Justicia en el que, lejos de ocultar y encubrir, el propio hospital y el Ministerio aparecieran como autores de la investigación que develó a la asesina.
El problema es que, mientras trabajaban en una detonación controlada, les estalló la bomba en las manos. Y allí surgió que usurparon una función que no les era propia: investigar posibles crímenes, tarea que corresponde a la Justicia.
Otro Asís -Jorge, el novelista y analista político- tiene una frase cínica e irónica que usa en modo recurrente: “En política, hay algo peor que un delito: el error”.
