Entre marzo y junio de 2022 se encadenó una serie de descompensaciones inexplicables de bebés: de 13, fallecieron cinco. Francisco, Benja, Ibrahim, Angeline y Melody perdieron la vida. ¿Se podría alguna muerte haber evitado? ¿Qué falló? ¿Dónde pudo haber errores? ¿Alguien sospechó y lo dejó pasar?
Impensado. La primera razón es la más obvia: nadie imaginó que alguien adrede podría estar descompensando los bebés –el proceso que se inició ayer debe confirmarlo–, en algunos casos hasta provocarle la muerte. Esa explicación que ensayaron inicialmente los funcionarios puede ser creíble, pero aplica para la primera muerte, quizá para la segunda. Hay una razón: chicos sanos de mamá sana no se mueren, menos aún si nacen a término con más de tres kilos de peso. Es extremadamente inusual un colapso súbito posnatal. ¿13 en cuatro meses?
Uno más. Entonces, ¿cómo no la vieron? Es probable que los profesionales no les hayan prestado la suficiente atención a estos casos. Era, en el fondo, un bebé en una maternidad que trabaja con 400 partos al mes. No se siguen con detenimiento ni rigor los casos y se firmaron, como presuntamente era habitual, documentos de defunción alegando una causa de muerte que no estaba fehacientemente acreditada.
No evaluaron la gravedad del hecho. Para el 16 de mayo, día de la reunión del director administrativo del Neonatal, Alejandro Escudero Salama, con el fiscal Guillermo González y el perito forense Moisés Dib, ya había nueve casos de pinchazos extraños, con dos fallecidos. Dib sostiene que les recomendó hacer la denuncia ante la Justicia y que no se mencionaron en esa reunión los fallecimientos. El 23 de mayo morirá Ibrahim y tampoco fueron a la Justicia. La directora Liliana Asís les prohibió hablar a médicas y enfermeras. Antes de la muerte de ese bebé hay testigos que sostienen que era vox populi en el hospital que la sospechosa era una enfermera y que se sabía cuál. Martha Gómez Flores hasta se lo insinuó a una colega, pero dijo que no la podía apartar porque “el gremio la iba a matar” si no tenía pruebas. El SEP no tiene ascendencia entre los médicos, pero sí en Enfermería, donde distintos colegas del Neonatal reconocen cierta “cogestión” en la asignación de tareas y adicionales.
No obraron como funcionarios. Dicen los estudiosos del sistema sanitario que en el mundo los ataques a pacientes no son extraordinariamente inusuales. Por lo tanto, los funcionarios debían haber evaluado en algún momento (mayo, al menos) la intencionalidad como una eventual hipótesis. Pero ninguno instruyó una investigación interna, o un sumario. Ninguno pidió nada por escrito. Los viejos conocedores del pulso de la gestión pública señalan eso como el ABC del actuar funcional: “Hay que cubrirse”; y si para eso hay que destapar alguna olla, hay que animarse a hacerlo. Ese paso trascendental no fue dado por Asís ni por Escudero.
Faltaba potasio, ¿y?. Como sucede en general en los hospitales públicos, todo falta. Muchas veces se compra, pero desaparece “mágicamente”. Está naturalizado que el personal se lleva, para consumo familiar o hasta para reventa. Del área de farmacia del Neonatal reconocen que el 30% de lo consumido no tenía contraparte, es decir, no contaba con una prescripción médica. Así, “pasó” que se consumieran de manera inexplicable algo tan específico como el potasio. No hay control de stock y menos de quien utiliza los insumos.
Excluyeron a la Justicia. El 6 de junio, día en el que se habrían producido cuatro ataques y mueren dos bebas, hubo una médica que caminó hasta la Unidad Judicial e hizo la denuncia por la muerte de Angeline, pese a que sabía que sus superiores no estaban de acuerdo. A la madrugada van otra vez para denunciar la muerte de Melody. Esa fiscal no hizo nada y el Neonatal tampoco sumó a la Justicia. Dispuso una investigación administrativa que consistió en dispensar a 23 enfermeras y enfermeros. Les fueron tomando declaración y volvieron a trabajar, con excepción de Brenda Agüero. Los hechos no se repitieron nunca más. Con el paso de las semanas, la investigación se fue diluyendo. En el Ministerio de Salud entonces dijeron que pensaban presentar todo ante la Fiscalía General, pero que antes saltó en los medios, cuando el fiscal Raúl Garzón tomó la investigación de las irregularidades. Ya no lo pudieron ocultar más ni mucho menos, relativizar.
Eran mujeres pobres. La mayoría de las mamás que van al Neonatal no tienen obra social, ni trabajo en blanco; a veces, ni siquiera trabajo. Las hacían pasar solas a parir argumentando el Covid. Recién a las últimas les permitieron un acompañante: fue una medida de seguridad para evitar los ataques. Nadie les preguntó el nombre, nadie les hablaba. Las dejaron ir con la muerte a cuestas, muchas pensando que habían hecho algo mal, que la muerte podía ser culpa de ellas. Nadie tampoco las llamó después para explicarles lo que les pasó a sus hijos. Se enteraron en las noticias. Las saben sin red, sin herramientas ni argumentos para pedir explicaciones médicas, entre agradecidas y sometidas a la gratuidad de la atención sanitaria pública.
