El juez de control Juan Manuel Fernández López rechazó el pedido de los abogados defensores del exministro de Salud provincial, Diego Cardozo, el exsecretario de Salud Pablo Carvajal, y la exdirectora del Hospital Materno Neonatal, Liliana Asís, y ratificó que la causa no se desglose y pase la parte de las responsabilidades funcionales al fuero Penal Económico y Anticorrupción.
La medida, que supone un fuerte respaldo al fiscal Raúl Garzón y un revés a Cardozo y los exfuncionarios, fue fundamentada por el juez Fernández López en que existe “un mismo contexto delictivo”, aunque haya responsabilidades diferentes entre quien sería la autora material de los homicidios, la enfermera Brenda Agüero -a quien el propio juez convalidó la prisión preventiva, la semana pasada- y los exfuncionarios acusados de omisión de deberes.
Causa Neonatal
“Forman parte de un mismo contexto delictivo y comparten un presupuesto fáctico común cuya comprobación y valoración resulta esencial a los fines de determinar la responsabilidad penal de todos los aquí imputados”, resaltó en su resolución Fernández López, en un tramo destacado de su escrito.
El pedido de apartamiento del fiscal de instrucción de Distrito 3 Turno 7 Garzón había sido formulado por los abogados de los funcionarios imputados en la causa del Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba.
Al planteo lo inició Franco Vitozzi, el abogado de la exdirectora Asís, consensuado acompañado por los defensores de los funcionarios imputados en la causa, con el exministro de Salud provincial Diego Cardozo a la cabeza.
Garzón lo rechazó afirmando que existe “comunidad de prueba” y “conexidad” entre la investigación principal, por los asesinatos de cinco recién nacidos y otros ocho casos más de tentativas de homicidio con la búsqueda de establecer si hubo delitos de omisión de deberes de funcionario público y falsedad ideológica, en la parte de los funcionarios.
Fernández López respaldó esta visión. “La adopción de una decisión que se compadezca con la posición del doctor Vitozzi importaría una grave vulneración a los derechos fundamentales aludidos toda vez que conllevaría un innecesario retardo para la integral investigación de los episodios delictivos y, en consecuencia, para el descubrimiento de la verdad real y la actuación de la ley penal sustantiva que constituyen, como es sabido, los principales objetivos a alcanzar a los fines de asegurar la tutela judicial efectiva de los derechos de los niños/niñas involucrados. Frente a dicho panorama resulta necesario prescindir de reparos formales que hagan peligrar el mentado propósito al tornar incierta la solución penal definitiva que aquí se persigue en todos sus frentes y respecto de todos los sindicados como presuntos responsables”, consideró el juez.
“La respuesta judicial debe ser integral, con una investigación y un enjuiciamiento único de todos los responsables”, había fundamentado, en la misma línea, en un tramo de su resolución Garzón, según confiaron fuentes que accedieron al texto de su respuesta.
“Nada justifica la intervención ni un juzgamiento especial de los funcionarios, quienes deberán ser, en caso de corresponder, juzgados como cualquier ciudadano ya que se involucran en delitos comunes y de altísima gravedad”, enfatizó entonces Garzón.
La decisión de Fernández López fue muy bien recibida por el abogado Carlos Nayi, quien representa a cuatro madres que perdieron sus bebés en el hospital y había rechazado la pretensión de un cambio de competencia. “Esta decisión ratifica que se mantenga la investigación con el mismo brío que tiene desde su primer momento porque los incidentes planteados no detienen la marcha de la causa”, enfatizó Nayi.
A los abogados de los exfuncionarios, ahora, les queda como próximo paso acudir a la Cámara de Acusación. En manos de Fernández López queda un solo planteo sin resolver: la recusación que plantearon los defensores de Agüero por supuestos malos tratos cuando se trataba un cambio en sus condiciones de detención.
El planteo de los defensores
Vitozzi había planteado la incompetencia de Garzón y el pedido de apartamiento para que se desglosara la causa y para que la parte que corresponde a las responsabilidades funcionales pasara al fuero Penal Económico y Anticorrupción.
Vitozzi planteó el apartamiento de Garzón porque consideraba que los delitos que se le imputan a Asís, su defendida, están contenidos dentro del listado que son competencia del fuero Penal Económico y Anticorrupción, como lo señala la ley que lo creó, la 8.835. “El delito funcional atribuido a mi asistida es parte del catálogo que expresamente prevé el legislador para ser investigado por este fuero”, señala, en su escrito de cuatro carillas al que accedió La Voz, Vitozzi.
“En el caso concreto, el delito que se le atribuye prima facie a mi defendida es una conducta que no presenta conexidad alguna con el delito principal que se le atribuye a la imputada Brenda Agüero: homicidio calificado reiterado y tentativa de homicidio calificado en concurso real. Los hechos conexos tienen dos presupuestos independientes: si un delito hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o bien procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad”, planteaba el abogado de Asís.
Garzón corrió vista a todas las partes y los abogados defensores de Cardozo, Germán Matheu y Lucas Filiberti se manifestaron a favor del desglose. También lo hizo Joaquín Nores, quien asiste al exsecretario de Salud Pablo Carvajal. Acompañaron el planteo, también, los abogados Felipe Trucco y Federico Ferrer Vieyra, quienes representan a Martha Gómez Flores, exjefa de Neonatalogía del Neonatal.
En cambio, se expresó en contra Claudio Orosz, el abogado que representa al exvicedirector administrativo del Neonatal, Alejandro Escudero Salama: “consideramos que no tiene sentido desglosar la investigación para atender la situación de sólo tres personas”, puntualizó. Tampoco acompañó el pedido el abogado Ezequiel Elettore, quien asiste a la médica Adriana Moralez.
Compartieron la opinión de mantener la causa en la fiscalía de Garzón el representante de las madres víctimas de muertes en el Neonatal, Carlos Nayi, así como el asesor letrado, las abogadas del niño María Cristina Castillo y Patricia Estanciero y el abogado de uno de los niños sobrevivientes, Antonio Ruades.
