La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) “inadmitió” formalmente el recurso de casación presentado por la defensa del exsecretario de Salud provincial Pablo Carvajal, imputado en la causa “Neonatal” por encubrimiento agravado, por entender que existe una ausencia de “impugnabilidad objetiva” y de este modo ratificó al frente de la investigación al fiscal Raúl Garzón.
Básicamente, la resolución estimó que el escrito presentado por el abogado Joaquín Nores, defensor de Carvajal, no expresó qué menoscabo concreto a la garantía de defensa en juicio acarrea la decisión de no aceptar al abogado Justiniano Martínez, propuesto por el imputado como codefensor para la etapa final de la investigación penal preparatoria, una designación que produciría el apartamiento del fiscal Garzón, quien instruye toda la causa e imputó a la enfermera Brenda Agüero como supuesta autora material de los homicidios en serie de recién nacidos en el hospital público provincial y al exministro de Salud provincial, Diego Cardozo, y otros exfuncionarios por delitos que van del encubrimiento a la omisión de deberes.
Carvajal está acusado junto a Cardozo y otros exfuncionarios provinciales y del hospital Materno Neonatal de Córdoba de encubrimiento agravado. La parte que involucra a los demás imputados ya fue elevada a juicio por Garzón, que dejó en suspenso la situación de Carvajal hasta que se terminen los recursos por su abogado defensor. También fue elevada a juicio la acusación contra la enfermera Brenda Agüero, a quien se le endilgan las muertes de cinco bebés y ataques contra otros ocho recién nacidos en el hospital público provincial entre marzo y junio de 2022.
El juez de control Juan Manuel Fernández López y la Cámara de Acusación ya habían manifestado su aval a Garzón y rechazado el nombramiento de Justiniano Martínez, con argumentos que fueron recogidos en la resolución del TSJ.
El planteo de Carvajal, representado por un socio en el estudio jurídico de Martínez, el abogado Joaquín Nores, fue “inadmitido” meses atrás por el fiscal Raúl Garzón porque –en ese momento– le unía una relación de “amistad íntima” con el veterano penalista y su inclusión en la causa lo obligaba a pedir el apartamiento. Garzón entendió que Carvajal no carecía de defensa técnica competente y que el perjuicio que se lo podría ocasionar al proceso cambiando a mitad de camino el instructor era un mal mayor.
Luego de que Garzón lo inadmitió, Carvajal insistió ante el Juzgado de Control. En su resolución, el juez Juan Manuel Fernández López dijo que Garzón “esbozó razones atendibles y suficientes y que, por tanto, justifican la actual restricción. La designación del doctor Martínez en el estado actual del proceso (investigación penal preparatoria en vías de su conclusión definitiva) significaría un grave retardo para la tramitación y finalización de la causa, inconveniente que generaría un intolerable perjuicio para quienes aguardan por una pronta solución del proceso”. Lo volvió a rechazar.
El planteo llegó a la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba, que confirmó la “inadmisión” del nombramiento del abogado penalista Martínez.
La Cámara –integrada por los vocales Carlos Alberto Salazar, Patricia Alejandra Farías y Maximiliano Octavio Davies– ratificó el criterio de Fernández López.
Los argumentos del TSJ
El máximo tribunal destacó que “se trata de un proceso de características excepcionales, por la complejidad de una investigación que se encuentra en su tramo final”.
Asimismo, se reparó que el caso difiere sustancialmente de aquellos en los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estimó cercenado el derecho a designar un abogado privado de libre elección, incluso cuando se pretenda el apartamiento de los jueces naturales. Esto, porque Carvajal continúa bajo el patrocinio privado por él elegido, habiéndose postergado únicamente la designación del codefensor privado propuesto, de mantera transitoria, para la etapa final de la investigación penal preparatoria.
De este modo, el TSJ coincidió con las dos instancias judiciales previas en que no se ha demostrado la imposibilidad de ejercer una defensa eficaz al actual defensor, por sí sólo o con otro codefensor, hasta la eventual etapa del juicio.
Para la Sala Penal “no se ha logrado demostrar un riesgo cierto de afectación del derecho de defensa con entidad suficiente para justificar la impugnabilidad de la decisión recurrida”.
“En definitiva, la impugnación no logra demostrar que, ante el avance logrado en la investigación con la colección de pruebas y los requerimientos de elevación de la causa a juicio en contra de la autora material de los hechos y de otros responsables funcionales (aún no firmes), y encontrándose cerca de su finalización la investigación penal preparatoria respecto del prevenido Carvajal, lo decidido conlleve un riesgo cierto de afectación del derecho de defensa con entidad suficiente para justificar la impugnabilidad de la decisión recurrida”, sostienen los jueces del TSJ que firman la resolución: Aída Tarditti, Sebastián López Peña y María Marta Cáceres.
Una larga batalla para apartar a Garzón
Desde el inicio de la investigación por las responsabilidades funcionales, los exfuncionarios imputados buscaron el apartamiento del fiscal Raúl Garzón. El primer recurso fue desplegado por los abogados defensores de Liliana Asís, la exdirectora del Neonatal, detenida en su domicilio e imputada por encubrimiento agravado. Sus representantes, antes de ser detenida, plantearon que debía desdoblarse la causa y girarse la parte sobre los exfuncionarios al fuero Penal Económico y Anticorrupción.
Garzón lo resistió, el juez de Control Fernández López rechazó la pretensión y la impugnación llegó hasta Acusación, donde también rebotó.
El planteo de Carvajal fue, incluso, más allá, a partir del intento por incluir en el proceso a Justiniano Martínez, un abogado a quien Garzón reconocía como amigo y por esa causa sentía que debía apartarse, dejando a medio camino un trabajo complejo y voluminoso, que entraba en la etapa final con las elevaciones a juicio de Agüero y de todos los exfuncionarios, salvo Carvajal, que seguía recurriendo y Garzón no podía definir su situación procesal.
Con la decisión del TSJ ya no quedaría este cabo suelto y sería inminente la elevación a juicio del ex-viceministro de Salud, acusado por encubrimiento agravado, como el propio ministro Cardozo.
Satisfacción de la querella
El abogado Carlos Nayi, quien representa a tres mamás que perdieron hijos en el Hospital Materno Neonatal y otra que sufrió el ataque pero no murió su bebé, celebró el fallo del TSJ al considerar que “devuelve la confianza pública” en el Poder Judicial y marca “un encuentro conciliador entre lo legal y lo justo”.
“Adopta el enfoque del realismo jurídico, alineado a la moral colectiva, y evidencia que existió independencia funcional y de criterio”, destacó Nayi.
