A pesar de enhebrar rechazo tras rechazo, el exsecretario de Salud provincial Pablo Carvajal decidió llevar hasta la última instancia disponible: el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba su pedido para sumar a su defensa al penalista Justiniano Martínez.
Carvajal está acusado junto al exministro de Salud Diego Cardozo y otros exfuncionarios provinciales y del hospital Materno Neonatal de Córdoba de encubrimiento agravado. La parte que involucra a los demás imputados ya fue elevada a juicio por Garzón, que dejó en suspenso la situación de Carvajal hasta que se terminen los recursos por su abogado defensor. También fue elevada a juicio la acusación contra la enfermera Brenda Agüero, a quien se le endilgan las muertes de cinco bebés y ataques contra otros ocho recién nacidos en el hospital público provincial entre marzo y junio de 2022.
Neonatal: ¿sigue o no el fiscal Garzón en la causa?
El TSJ no tiene plazos para decidir, pero los vocales dieron a entender que saldrá la resolución antes de que termine el año. Si se confirma el rechazo de las instancias precedentes, Garzón estará en condiciones de elevar a juicio también a Carvajal y las muertes de bebés en el Neonatal podría llegar a una audiencia oral y pública en 2024, sin desdoblar autoría material y responsabilidades funcionales.
El planteo de Carvajal, representado por un socio en el estudio jurídico de Martínez, el abogado Joaquín Nores, fue “inadmitido” meses atrás por el fiscal Raúl Garzón porque -en ese momento- le unía una relación de “amistad íntima” con el veterano penalista y su inclusión en la causa lo obligaba a pedir el apartamiento. Garzón entendió que Carvajal no carecía de defensa técnica competente y que el perjuicio que se lo podría ocasionar al proceso cambiando a mitad de camino el instructor era un mal mayor.
Luego de que Garzón lo inadmitió, Carvajal insistió ante el Juzgado de Control. En su resolución, el juez Juan Manuel Fernández López dijo que Garzón “esbozó razones atendibles y suficientes y que, por tanto, justifican la actual restricción. La designación del doctor Martínez en el estado actual del proceso (investigación penal preparatoria en vías de su conclusión definitiva) significaría un grave retardo para la tramitación y finalización de la causa, inconveniente que generaría un intolerable perjuicio para quienes aguardan por una pronta solución del proceso”. Lo volvió a rechazar.
El planteo llegó a la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba, que confirmó la “inadmisión” del nombramiento del abogado penalista Martínez.
La Cámara -integrada por los vocales Carlos Alberto Salazar, Patricia Alejandra Farías y Maximiliano Octavio Davies- ratificó el criterio de Fernández López.
El costo que le aparejaría a la investigación cambiar de fiscal también fue el argumento principal que atendió la Cámara de Acusación para inclinar la balanza a favor de la continuidad de Garzón, antes que darle curso al derecho que tiene todo imputado de elegir el mejor profesional para ejercer su defensa técnica. Entre uno y otro derecho, los camaristas optaron por el que generaba menor daño al interés público.
“En este caso, la investigación es practicada por la Fiscalía de Instrucción de Distrito III, Turno 7, la que si bien no tiene un competencia material específica, como por ejemplo, en materia penal económica, delitos contra la integridad sexual, cibercrimen o en casos complejos, sí ha sido provista de una estructura particular y adecuada para atender debidamente la necesidades de la investigación de la causa denominada del ‘Neonatal’ en función de la complejidad que ésta presenta”, consideraron los camaristas.
Es interesante la reflexión de Fernández López que los camaristas retoman en su fallo sobre el motivo que esgrime Garzón para inadmitir a Martínez. “La concesión de tal pretensión a estas alturas conllevaría el apartamiento del fiscal de instrucción –conforme él mismo ha sostenido en las decisiones precedentes-, quien invoca una relación de amistad íntima como condicionante negativo a la intervención defensiva. Entiéndase bien, analizar en concreto la cuestión, esto es, si existe o subsiste a la fecha la mentada relación entre las partes involucradas y, en su caso, si ella reviste el grado de intimidad que justificaría la eventual exclusión del funcionario, resulta superfluo”, fundamentó el juez.
Si bien ya se elevaron a juicio las acusaciones contra quien sería la autora material de los homicidios en serie en el hospital, la enfermera Brenda Agüero, y el capítulo de las responsabilidades funcionales -sin Carvajal-, la Cámara de Acusación entiende que al no estar firmes esas resoluciones cambiar de fiscal en este momento generaría un daño a quienes reclaman, en una causa tan sensible, un accionar sin dilaciones de la Justicia.
Los “compañeros de causa” de Carvajal
Las responsabilidades funcionales que atribuye Garzón en su elevación a juicio a los exfuncionarios son las siguientes:
- Diego Cardozo, exministro de Salud. Se lo acusa de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
- Liliana Asís, exdirectora del Neonatal. Se la acusa de omisión de los deberes de funcionaria pública, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público y encubrimiento por ocultamiento y destrucción de pruebas agravado por la calidad de funcionario público. Está detenida con prisión domiciliaria.
- Claudia Ringelheim, exsubdirectora médica del Neonatal. Se la acusa de omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
- Marta Gómez Flores, exjefa de Neonatología del Neonatal. Se la acusa de omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público. También se le atribuye falsedad ideológica.
- Adriana Moralez, médica del Neonatal. Se le atribuye omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
- Alicia Ariza, exjefa de Enfermería del Neonatal. Se la acusa de omisión de deberes de funcionaria pública.
- Alejando Escudero Salama, exsubdirector administrativo del Neonatal. Se lo acusa de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público. Tiene otra causa abierta por la reunión secreta con el fiscal Guillermo González y el jefe de la morgue judicial Moisés David Dib que está bajo análisis del fiscal de Cámara Julio Leiva, tras la oposición de la jueza de control Anahí Hampzadourian al desglose de la parte en la que está involucrado Escudero Salama y el archivo en favor de los dos funcionarios judiciales decidido por el fiscal Iván Rodríguez.
- María Alejandra Luján, médica del Neonatal. Se le atribuye omisión de deberes de funcionaria pública y falsedad ideológica.
- Alejando Gauto, exdirector de Legales del Ministerio de Salud. Se lo acusa de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
La otra causa, que involucra a otro fiscal
En paralelo, se espera que el fiscal de Cámara Julio Leiva decida si le otorga razón o no al criterio que expresó la jueza de control Anahí Hampzadourian que discrepó con el archivo que dispuso el fiscal Iván Rodríguez de la investigación contra su par Guillermo González y contra el jefe del Instituto de Medicina Forense Moisés Dib. Rodríguez, a su vez, decidió reenviar a Garzón la investigación contra Alejandro Escudero Salama, el exsubdirector administrativo involucrado en este desprendimiento de la causa Neonatal que busca establecer si hubo omisión de deberes de denunciar (o un encubrimiento, en este caso judicial) en la reunión que tuvieron en el despacho de González el fiscal, Dib y Escudero Salama en mayo, cuando en el Neonatal ya se habían producido dos muertes y cinco ataques contra recién nacidos, sin explicación clínica o médica.
La decisión de Leiva puede confirmar el archivo o bien, como opinó la jueza de control, completar la investigación y esperar que concluya la instrucción que lleva adelante en la causa principal Garzón antes de decidir darla por cerrada. Si va por este camino Leiva, la causa tendría que volver a un fiscal: el mismo Rodríguez, otro que se defina por sorteo o, incluso, el propio Garzón. De darse este último caso, podría reabrirse la discusión por el apartamiento del fiscal principal, puesto que su enemistad con su par González es manifiesta.
Nayi, en representación de las madres del Neonatal, pidió ser admitido como querellante particular, también, en esta causa.
Sobre esta causa, Garzón dice en su resolución que si los exfuncionarios imputados “pretenden exculparse en aquella reunión con un fiscal de Instrucción, lejos de aminorarles o descartarles sus propias responsabilidades, puede hasta eventualmente sumar responsabilidades a un funcionario judicial”.
