El fiscal Raúl Garzón dio el paso que faltaba y decidió elevar a juicio las responsabilidades funcionales por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Con el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo, a la cabeza, Garzón cerró la investigación y notificó este miércoles a las partes de su resolución, que tiene 323 páginas. Las primeras informadas fueron las familias de los bebés muertos y atacados en el hospital, a quienes el fiscal recibió en su despacho para explicarles qué significa este paso judicial. Vendrá, ahora, la etapa de las apelaciones y las oposiciones.
Antes, el fiscal ya había elevado a juicio a la enfermera Brenda Agüero, a quien le atribuye los asesinatos en serie en el Neonatal. La figura penal por la que irá a juicio Agüero es la de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, en contexto de serialidad criminal (5 hechos) y homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, en contexto de serialidad criminal en grado de tentativa (8 hechos).
Con esta nueva decisión, si los recursos defensivos no meten a la investigación en un laberinto judicial, se estará en condiciones de celebrar en un mismo juicio el debate por la autoría material y por las responsabilidades funcionales. Dicho de otro modo: estarían sentados entre los acusados, en la misma audiencia, Agüero y Cardozo.
Las responsabilidades funcionales que atribuye Garzón son las siguientes:
- Diego Cardozo, exministro de Salud. Se lo acusa de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
- Liliana Asís, exdirectora del Neonatal. Se la acusa de omisión de los deberes de funcionaria pública, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público y encubrimiento por ocultamiento y destrucción de pruebas agravado por la calidad de funcionario público. Está detenida con prisión domiciliaria.
- Claudia Ringelheim, exsubdirectora médica del Neonatal. Se la acusa de omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
- Marta Gómez Flores, exjefa de Neonatología del Neonatal. Se la acusa de omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público. También se le atribuye falsedad ideológica.
- Adriana Moralez, médica del Neonatal. Se le atribuye omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
- Alicia Ariza, exjefa de Enfermería del Neonatal. Se la acusa de omisión de deberes de funcionaria pública.
- Alejando Escudero Salama, exsubdirector administrativo del Neonatal. Se lo acusa de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público. Tiene otra causa abierta por la reunión secreta con el fiscal Guillermo González y el jefe de la morgue judicial Moisés David Dib que está bajo análisis del fiscal de Cámara Julio Leiva, tras la oposición de la jueza de control Anahí Hampzadourian al desglose de la parte en la que está involucrado Escudero Salama y el archivo en favor de los dos funcionarios judiciales decidido por el fiscal Iván Rodríguez.
- María Alejandra Luján, médica del Neonatal. Se le atribuye omisión de deberes de funcionaria pública y falsedad ideológica.
- Alejando Gauto, exdirector de Legales del Ministerio de Salud. Se lo acusa de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
Para el abogado querellante que representa a las familias de tres bebés muertos y uno que sufrió ataques en el Neonatal, Carlos Nayi, lo que está en juego en estas acusaciones es “la responsabilidad funcional indelegable e intransferible de quienes no denunciaron lo que desde el imperio de la ley tenían la obligación de hacerlo, de quienes falsearon documentos públicos y encubrieron eventos criminales despiadados”.
El reproche central a los funcionarios es no haber dado participación a la Justicia desde el momento en que se registró que había algo extraño en las muertes y se sospechó, en primera instancia, de la vitamina K. “La no adopción de medidas temporáneas como dar intervención inmediata a la Justicia no solamente terminó frustrando la obtención de pruebas de singular importancia para el descubrimiento de la verdad real, sino que contribuyó de manera peligrosa a sincerar el camino que condujo a la muerte a otros neonatos y comprometió la vida de distintos recién nacidos”, acusó Nayi.
La situación del exsecretario de Salud Pablo Carvajal
El fiscal Garzón dejó en suspenso la elevación a juicio contra el exsecretario de Salud provincial, Pablo Carvajal, a quien tiene acusado bajo las mismas figuras que su jefe directo, el exministro Diego Cardozo: encubrimiento agravado y omisión de deberes de funcionario público.
Carvajal tiene aún pendiente un recurso de casación al Tribunal Superior de Justicia por su intención de sumar como codefensor al penalista Justiniano Martínez, un hecho que fue resistido por el fiscal Garzón porque por existir una amistad previa el ingreso a la causa de Martínez obligaría a su apartamiento.
De este modo, Garzón inadmitió el nombramiento. Con el patrocinio del abogado Joaquín Nores –desde el inicio, defensor de Carvajal y socio en el estudio jurídico de Martínez–, el planteo fue al Juzgado de Control y a la Cámara de Acusación, recibiendo sendos reveses, que aun no quedaron firmes en esta última instancia. Como no está agotada la última instancia, Garzón dejó pendiente la resolución de la situación procesal de Carvajal, a quien no puede siquiera volver a indagar hasta que se resuelva esta cuestión procesal, explicaron fuentes de la fiscalía.
La otra causa, que involucra a otro fiscal
En paralelo, se espera que el fiscal de Cámara Julio Leiva decida si le otorga razón o no al criterio que expresó la jueza de control Anahí Hampzadourian que discrepó con el archivo que dispuso el fiscal Iván Rodríguez de la investigación contra su par Guillermo González y contra el jefe del Instituto de Medicina Forense Moisés Dib. Rodríguez, a su vez, decidió reenviar a Garzón la investigación contra Alejandro Escudero Salama, el exsubdirector administrativo involucrado en este desprendimiento de la causa Neonatal que busca establecer si hubo omisión de deberes de denunciar (o un encubrimiento, en este caso judicial) en la reunión que tuvieron en el despacho de González el fiscal, Dib y Escudero Salama en mayo, cuando en el Neonatal ya se habían producido dos muertes y cinco ataques contra recién nacidos, sin explicación clínica o médica.
La decisión de Leiva puede confirmar el archivo o bien, como opinó la jueza de control, completar la investigación y esperar que concluya la instrucción que lleva adelante en la causa principal Garzón antes de decidir darla por cerrada. Si va por este camino Leiva, la causa tendría que volver a un fiscal: el mismo Rodríguez, otro que se defina por sorteo o, incluso, el propio Garzón. De darse este último caso, podría reabrirse la discusión por el apartamiento del fiscal principal, puesto que su enemistad con su par González es manifiesta.
Nayi, en representación de las madres del Neonatal, pidió ser admitido como querellante particular, también, en esta causa.
Sobre esta causa, Garzón dice en su resolución que si los exfuncionarios imputados “pretenden exculparse en aquella reunión con un fiscal de Instrucción, lejos de aminorarles o descartarles sus propias responsabilidades, puede hasta eventualmente sumar responsabilidades a un funcionario judicial”.
Mayo, el mes clave en la acusación
En su resolución, el fiscal Garzón le dedica una atención especial a la conducta de los funcionarios con la tercera muerta de la serie, la de Ibrahim Guardia, ocurrida el 23 de mayo de 2022. Acusa el fiscal: “Asís, Escudero Salama, Ringelgheim, Gómez Flores y Moralez, con el conocimiento ya de Cardozo y Carvajal, habrían ocultado y hecho desaparecer rastros y pruebas concernientes a hechos presuntamente delictivos acaecidos en dicho nosocomio, consistentes en descompensaciones y muertes producto de una conducta humana deliberadamente encaminada a ese fin homicida -a la postre, concretada en la inoculación en los cuerpos de los bebés de potasio, insulina y/u otra sustancia no compatible con la vida-, toda vez que, con su actuación encubridora habrían impedido la realización íntegra de estudios médicos y de laboratorio sobre los neonatos fallecidos, como también de la autopsia judicial de Ibrahim Guardia”.
Y sigue: “Luego, el 24 de mayo de 2022, Asís y Gómez Flores habrían registrado en el ‘Anexo I del Informe de la Muerte de Niño Menor de un (1) año’, como causa de la muerte de Guardia ‘muerte súbita’, rubricando con sus firmas tal circunstancia al pie de dicho documento, a sabiendas que la causa eficiente de dicha afirmación no les constaba. De igual manera, Gómez Flores, el 27 de mayo, habría insertado falsamente en un certificado médico de defunción –documento público- la causa eficiente del fallecimiento Guardia, consignando ‘insuficiencia cardíaca irreversible’, rubricando con su firma tal circunstancia al pie de dicho documento, a sabiendas que la causa eficiente de dicha afirmación no le constaba”.
Para Garzón, había elementos de sobra para llevar las sospechas a la Justicia en mayo, aun sin tener claro aún si se trataba o no de una serialidad criminal, sino porque existían elementos que justificaban una investigación, sin ser necesariamente de tal gravedad. “Al 1° de mayo de 2022, ya eran conocidos por los directivos del hospital, las jefas de servicio y referente de seguridad que habían acaecido ya dos muertes y cinco descompensaciones graves, dos de ellas que evidenciaban la intencionalidad en su causación. Sin embargo, debemos señalar que desde el 18 de marzo y hasta el 1 de mayo no hubo ningún aviso a la Justicia pese al conocimiento que les permitió, a esa fecha, no solamente descartar la vitamina K, sino también avanzar en que estaban frente a hechos intencionales que producían las descompensaciones y, por lógica, debían significar una alerta sobre los hechos anteriores”, marca Garzón. Y refuerza: “la importancia de esta fecha y el evento acaecido el 1 de mayo radica en que implicaron no solamente el ocultamiento de los casos a la autoridad judicial, impidiendo que ésta conozca en tiempo oportuno los mismos, sino también, con dicha conducta conocida produjeron la desaparición de rastros respecto de los bebés fallecidos, en los cuales además, los profesionales intervinientes expidieron indebidamente certificados de defunción, aun desconociendo las causa. Lo mismo sucedió, una y otra vez, ante los otros casos de las descompensaciones, que debieron judicializarse, aunque no estuviesen ante situaciones de fallecimiento. Repárese que, de ninguna manera, con la apreciación médica que le dieron, esto es descompensaciones y lesiones, pudieron advertir que había daños en la salud que ameritaban una inmediata comunicación a la autoridad judicial, más allá de la entidad y gravedad de las lesiones”.
La demora en judicializar, otro aspecto remarcado
Garzón, en su resolución, marca repetidas veces las oportunidades que tuvieron los exfuncionarios para llevar el caso a la Justicia y no lo hicieron. Y se detiene especialmente en distintos sucesos que muestran que tenían ya una hipótesis de un hecho criminal y que aún así lo mantuvieron en secreto. “El 7 de junio, inmediatamente de sucedidos los cuatro últimos casos, Asís, Escudero Salama, Carvajal, Cardozo y Gauto habrían mantenido reuniones presenciales en dependencias del Ministerio de Salud donde quedó plasmada la total interrelación de los casos, sospechando ya por esos días, más precisamente desde el 8 de junio de la enfermera Brenda Agüero, y a partir de las cuales, ya en conocimiento de que se trataba de hechos intencionales y con la sospecha sobre su presunta autora, habrían favorecido a ésta no solo omitiendo poner en conocimiento inmediatamente de la justicia, la totalidad y cronología de los hechos acaecidos hasta ese momento y la aludida sospecha; lo que evidentemente les constaba, al desplazarla simuladamente (otorgando licencias) de sus funciones”, acusa el fiscal.
En un párrafo marcado en negrita en la resolución, Garzón marca como parte de la estrategia por ocultar que las primeras denuncias fueran por las dos muertes del 6 y de junio, tratadas como hechos aislados. Escribe: “Se pregunta este representante del Ministerio Público Fiscal si podía, a esta altura, existir un médico en el hospital que pudiera dejar de referenciar y concatenar el conjunto. La respuesta es no; por ello, debía ser un policía y el objetivo fue seguir fragmentando la información a la justicia. Evidentemente, dos médicos denunciando en pocas horas de diferencia, dos muertes, ya hubiera alertado y puesto en real dimensión lo que estaba sucediendo. Ni que hablar si hubiese sido la misma directora o el mismísimo ministro los que anoticiaban los hechos -como debió ser-. Más aún, como exigía la verdadera tragedia que desde meses sucedía en el hospital y que, por ese afán de ocultamiento, ocasionó no solo el daño ya aludido de la investigación, sino que se continuaron produciendo los hechos más graves de la historia criminal argentina”.
Para Garzón, hubo intencionalidad en fragmentar la información, otra de las estrategias del ocultamiento. “Esta progresividad en el conocimiento y en la inacción ha tenido una prolongación llamativamente grave, puesto que no solo sucedieron nuevos casos el día 6 de junio sino que también, en pleno conocimiento, los directivos y por esta misma razón también las autoridades ministeriales aludidas e imputadas hicieron la comunicación fragmentada y dividida”.
