Luego de que se diera a conocer el pedido de una jueza a la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf), para que se prohíba el ingreso a barrio Marqués Anexo de dos adolescentes de 15 años que protagonizaron reiterados episodios de robo, surge la necesidad de reflexión sobre el abordaje necesario de este tipo de casos.
El pedido, aunque inusual, pone en evidencia una problemática más profunda: cómo el Estado, las instituciones y las familias deben actuar frente a adolescentes en situaciones de vulnerabilidad y conflicto con la ley penal.
Los adolescentes involucrados, al ser menores de 16 años, no pueden ser privados de su libertad según lo establece el marco legal argentino, pero eso no exime a la sociedad de buscar soluciones que garanticen tanto la protección de los derechos de los jóvenes, como la seguridad de las comunidades afectadas.
Una mirada judicial
Ligia Tulián, jueza penal juvenil de Río Segundo, advierte sobre las limitaciones y responsabilidades del sistema judicial frente a los chicos menores de 16 años. “No pueden ser privados de su libertad. El Tribunal Superior de Justicia ha sido muy claro al respecto: deben ser abordados desde el área de protección de derechos”, asegura. Sin embargo, reconoce que hay casos graves, como el de Marqués Anexo, que exigen una revisión crítica de las estrategias utilizadas hasta ahora.
Tulián destaca que la reiteración de delitos por parte de adolescentes suele estar vinculada a contextos de conflictos familiares y una alta vulneración social. “Es innegable que hay casos en los que las estrategias fallaron. Estos episodios generan un efecto social potente y nos obligan a una autocrítica institucional fuerte. La respuesta punitiva, como reclaman algunos sectores, no es viable ni efectiva”, afirmó la jueza.
En lugar de centrarse en el castigo, Tulián pide enfocarse en la importancia de herramientas como la mediación y la justicia restaurativa. “La mediación es una alternativa que ha demostrado ser exitosa. Hemos tenido casos en los que los adolescentes reconocen el daño causado, ofrecen reparaciones y logran comprender la gravedad de sus acciones. En esos contextos, la reincidencia es mucho menor”, afirma.
Integrar, no estigmatizar
Sin diagnósticos certeros ni políticas de fondo, las soluciones serán sólo efectistas e inútiles a largo plazo. Sin embargo, Tulián subraya un aspecto preocupante que tiene la situación previa al delito adolescente. “Me escandaliza, por ejemplo, que un chico de 14 años pueda acceder tan fácilmente a un arma. Eso no depende de ellos, sino de la falta de políticas públicas claras en materia de seguridad para evitar que un chico de esa edad pueda llegar a manipular un arma”, sostiene.
Sabrina Kenis, abogada de familia y especialista en violencia, asegura que el tratamiento de menores en conflicto con la ley debe partir de un marco constitucional y convencional que prohíbe medidas coercitivas. “Los jóvenes no pueden ser objeto de represión estatal a través de medidas de coerción personal. La premisa debe ser la inserción social y la educación mediante un proceso de reflexión y aprendizaje de nuevas formas de vinculación”, propone.
Kenis señala la importancia de extender el Programa de Justicia Restaurativa, que desde agosto de 2023 se implementa como prueba piloto en la ciudad de Córdoba. “Este programa permite que los jóvenes involucrados en conflictos comprendan el impacto de sus acciones y participen en procesos de reparación, promoviendo un cambio real en sus vidas. Es fundamental que este modelo se aplique en toda la provincia”, entiende en referencia a la necesidad de resocializar a ese joven en conflicto con la ley penal.
Y agrega: “En este programa intervienen no solamente el juez penal juvenil y los equipos técnicos, sino que también la policía barrial, las organizaciones intermedias o de la sociedad civil, y por supuesto la Senaf. En este caso, se suma la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba”.
“Para ingresar a ese programa tenés que tener articulado los equipos técnicos de la Senaf, considerando la profesionalización y la especial idoneidad en materia de infancia, de adolescencia y, sobre todo, de jóvenes en conflicto con la ley penal”, subraya la especialista.
El impacto psicológico
Desde la perspectiva de la médica psiquiatra Gabriela Varas, experta en psiquiatría infanto juvenil, la problemática de adolescentes que cometen delitos debe analizarse desde su entorno social y emocional. “El cerebro humano termina de desarrollarse aproximadamente a los 20 años. Para que este desarrollo sea adecuado, es fundamental contar con un entorno que brinde contención emocional, nutrición y cuidado”, señala.
Varas resalta que las conductas antisociales en adolescentes tienen raíces profundas en entornos que carecen de recursos afectivos y materiales. “La falta de límites y cuidado en estos contextos lleva a la impulsividad y a la transgresión. Bajar la edad de imputabilidad es un error; el castigo no repara, solo genera resentimiento. El enfoque debería estar en la educación, en el aprendizaje de oficios y en la integración de estos jóvenes a la sociedad, desde un lugar de cuidado, y no de sufrimiento”, explica.
Además, la psiquiatra cuestiona la falta de una respuesta estructural por parte de la sociedad y el Estado: “Estos problemas nos obligan a replantear por qué no estamos cuidando adecuadamente a estos jóvenes. La solución no está en las cárceles ni en los centros de detención, sino en sistemas de protección sólidos y efectivos”, entiende.
Hacia una solución integral
Los especialistas coinciden en que la problemática no tiene una única respuesta, pero la combinación de medidas preventivas, educativas y de protección integral puede marcar la diferencia.
Tulián insiste en que los casos más graves no deben invisibilizar los avances logrados con herramientas como la mediación: “Hay muchas experiencias positivas que no se comunican. En la mayoría de los casos, las víctimas no piden castigo, sino reparación y reconocimiento. Esto modifica la subjetividad de los adolescentes y evita la reincidencia”.
Varas, por su parte, enfatiza la necesidad de actuar antes de que el daño esté hecho. “Si no resguardamos a nuestros jóvenes con entornos adecuados, los estamos expulsando a un modelo de transgresión que les marca el delito como única salida. Es nuestra responsabilidad como sociedad cambiar esta realidad”, dice.
El caso de Marqués Anexo refleja una problemática compleja que requiere tanto un abordaje crítico desde las instituciones, como una reflexión colectiva. Es un recordatorio de que los adolescentes, incluso aquellos que cometen delitos, son producto de las fallas del sistema y que, en algún punto, sus derechos básicos no fueron protegidos.
