El Servicio de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SPD) de la Municipalidad de Córdoba, detectó que de los 2.258 niños, niñas y adolescentes con los que trabajaron en 2021 por tener alguno de sus derechos vulnerados, el 27% correspondió a la irregularidad en la presencialidad escolar.
El dato se desprende de un informe elaborado a partir de las intervenciones desde los SPD, presentes en todos los Centros de Participación Comunal (CPC) de la ciudad (exceptoto en dos: San Felipe y Guiñazú) y en los que trabajan equipos interdisciplinarios para atender denuncias o puestas en conocimiento de casos de maltrato o violencia hacia la niñez.
El segundo derecho más vulnerado registrado en 2021 fue a la salud, que abarca el 22% de los casos. Luego, el derecho a la dignidad e integridad personal con el 19,2%, el derecho a la documentación, con un 14,1%, y el derecho a la vida familiar.
“Dentro del derecho a la dignidad e integridad personal, advertimos 436 niños con esa vulneración. Dentro de esta categoría, existen 191 afectados por la negligencia en los cuidados personales (43,8%),76 por maltrato (17,4%), 64 por exposición a situaciones de violencia familiar (14,7%), 18 por abuso sexual o sospecha de abuso (4,1%), seis por exposición a contextos sexualizados inadecuados y cinco casos por exposición a violencia comunitaria, más uno por abandono”, indicaron desde la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia.
Por esos más de 2000 niños se abrieron 988 legajos, de los cuales 723 están activos y 242, cerrados.
Quiénes advirtieron
Cada intervención sobre las situaciones que involucran a niños fue advertida a los SPD por alguna persona adulta o institución. De los datos relevados en 2021 por los SPC (u Oficinas de Infancias), la mayoría que acercaron demandas fueron las instituciones educativas, que abarcan el 39,7% de los casos. Le siguen las instituciones de salud con el 23,1% de los casos y otras instituciones con el 18%.
En el 17,4% de los casos algún miembro de la familia del niño o niña fue quien puso en conocimiento el maltrato.
Cómo intervienen
Las intervenciones que realizan desde los SPD corresponden al primer y segundo nivel de intervención que marca el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes regulado por leyes nacionales, provinciales y ordenanza municipal. El primer nivel refiere a todas las políticas públicas universales, es decir constituido por todos los planes, programas, proyectos y servicios, implementados desde las distintas áreas municipales de gobierno que desarrollen políticas públicas, destinadas a la promoción y defensa de los derechos de niños- También incluye todas las escuelas municipales, centros infantiles, centros de salud, el Hospital Infantil Municipal, playones deportivos y centros recreativos, que trabajan en la actualidad con la niñez y la adolescencia.
En cifras
El segundo nivel de intervención, como los SPD que tiene a su cargo, la aplicación de medidas tendientes a la protección Integral, reparación y restitución de los derechos y garantías vulnerados, amenazados o violados. Este nivel establece por ordenanza que en cada CPC debe existir un Servicio de Protección de Derechos integrado por al menos psicólogas, trabajadoras Sociales y abogadas.
Las múltiples ausencias detrás del maltrato infantil
A su vez, éstos reportan a los organismos que tienen a cargo el tercer nivel de intervención, que son quienes toman las medidas excepcionales de protección integral de derechos, que es la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf).
En 2021 los SPD pidieron a Senaf 34 medidas de excepción, es decir, cuando el niño es separado de su familia o centro de vida por una vulneración grave en alguno de sus derechos.
En cuanto a las edades, casi el 39% de los niños con los cuales trabajaron tienen entre 4 y 10 años, el 31% entre 11 y 15, el 18,4% de 0 a 3 años, el 11%, entre 16 y 18 y el resto, más de 19 años. La edad promedio de los casos donde hubo más intervención es de 9 años.
Conocer para proteger
Desde esa área indicaron que a pesar de que estos espacios existen desde 2010, eran altamente desconocidos por la comunidad.
“De hecho, al preguntar a referentas de comedores y merenderos (que son 1.127) si conocían la existencia de este servicio, el 87% refiere no saber que existía. Por ello, se definió una estrategia destinada a salir al territorio a dar a conocer la existencia de esta función en los CPC, que a partir de este año se han visibilizado con el nombre de “Oficinas de Infancias”.
“A raíz de este dato, se llevaron adelante 54 talleres con 775 adultos responsables de organizaciones y de cuidados que tuvieron como objetivo trabajar dos temáticas: funcionamiento del Servicio de Protección de Derechos y talleres sobre buenos tratos en la crianza”, agregaron.
Uno de los temas que advirtieron desde el espacio es la necesidad por parte de niños, niñas y adolescentes de poder ejercer el derecho al juego, ya que muchas veces este se minimiza. Por ello llevaron adelante 162 talleres denominados “Yo Juego”, con 2.996 niños y niñas.
También se articularon acciones con 125 organizaciones comunitarias y se avanzó en la digitalización de todas las intervenciones, para facilitar el seguimiento de casos si una familia se muda de barrio y, a su vez, relevar datos para delinear políticas futuras.
“El Gobierno municipal tiene una responsabilidad insoslayable en el sistema de protección de los derechos de las infancias. Trabajamos con los equipos municipales para poder dotar un sistema digitalizado que nos permita protocolizar las intervenciones, generar una red que permita darles continuidad más allá de donde vivan los niños y niñas, y la existencia por primera vez de datos objetivos y sistematizados nos permitirá diseñar las políticas públicas para avanzar”, explicó Liliana Montero, subsecretaria de Planificación y Gestión de la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia.
Montero agregó: “La violencia extrema sólo será evitable si somos capaces de trabajar sobre las microviolencias que se encuentran naturalizadas. No podemos horrorizarnos sólo cuando un niño o niña aparece en un hospital todo moretoneado o muerto, debemos horrorizarnos y desechar las conductas que históricamente han sido aceptadas como disciplinadoras, tirar las orejas, pegar un chirlo o gritar, también es violencia”, agregó.
“Los adultos debemos entender que se puede y se deben poner límites, porque los límites son una manera de cuidar, pero que esos límites no pueden imponerse con la fuerza”, concluyó.
