Mientras en tribunales se dictan fallos que reconocen la violencia digital de género, en la sociedad tenemos otros episodios que demuestran que esta problemática ya no es sólo un debate técnico: es violencia real y cotidiana.
La periodista Julia Mengolini denunció penalmente al presidente Javier Milei y a militantes libertarios por una campaña de violencia digital. Se viralizaron deepfakes espantosos: imágenes falsas creadas con inteligencia artificial que mostraban a Mengolini en actos sexuales, con la cara de su propio hermano superpuesta.
En una exposición que hizo en la Cámara de Diputados de la Nación, la periodista lo manifestó como un acto de “persecución ideológica” y pidió la intervención de la Justicia.
A raíz de su denuncia, la Justicia dispuso otorgarle un botón antipánico y custodia policial.
Mengolini relató haber sido objeto de amenazas permanentes, burlas y humillaciones públicas. El propio Presidente reaccionó a posteos que la ridiculizaban y la acusaban de incesto, con lo que legitimó parte de la violencia.
Ese caso no es un debate teórico: hay una periodista que fue tratada como objetivo y que sufrió una campaña organizada que usó tecnología para destruir su imagen. Y lo más grave es que fue con apoyo material y simbólico del poder institucional.
“Podemos pensar diferente en términos políticos, pero esto no es una discusión política; acá hay otra cosa. Hay que volver a empezar”, dijo Mengolini en una entrevista. “Que la gente empiece a pensar de verdad en que nadie quisiera que su hija pasara por algo así. Ni quisiera que su hijo le hiciera esto a una compañera de colegio. Tenemos que sentar jurisprudencia para que esto no pase”. agregó.
Córdoba va a juicio por “deepfakes”
En paralelo, en Córdoba un joven de 18 años fue denunciado y la fiscalía ya elevó a juicio la causa que lo acusa de crear imágenes sexuales falsificadas usando IA para intercambiar rostros de compañeras en escenas explícitas.
Los hechos fueron calificados como lesiones graves de índole sexual y psicológica hacia las víctimas y se los encuadró en violencia de género. Es decir, no se toma el caso como una contravención menor sino en el marco de un delito penal.
Este es uno de los primeros casos judiciales en su tipo y marca un punto de inflexión.
Las imágenes se viralizaron, las chicas sufrieron daño emocional severo y las pericias confirmaron uso de IA y trauma real.
Un país que legisla, pero permite que las redes ardan
Los casos demuestran que vivimos una bifurcación con dos realidades jurídicas distintas.
Por un lado, legislaciones como la llamada ley Olimpia, que permiten calificar esta violencia como delito penal.
Por otro, una sociedad que tolera que el presidente de la Nación y otros dirigentes y militantes legitimen dicha violencia cuando afecta a personas en sus antípodas ideológicas.
La Justicia también debería analizar si existen campañas digitales pagadas con recursos públicos para generar estos deepfakes de desprestigio.
No podemos pensar la violencia digital como algo inevitable. Si a Mengolini, como a otros, la trataron como “contenido viral humorístico” y el Estado no responde, estamos en deuda.
Si en Córdoba un fiscal llegó a denunciar un caso de este tipo como de lesiones graves, quiere decir que hay un camino, un encuadre legal que puede proteger.
Pero es necesaria la prevención y reglas claras para el uso de la IA. El Estado debería prevenir este tipo de ataques del cual las mujeres son el principal blanco y que, dado el avance de la inteligencia artificial, pueden volverse cada vez más frecuentes.
Estos dos casos, diferentes entre sí, muestran que la violencia digital es violencia de verdad. Y que no hay neutralidad posible frente a un delito.