La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno ordenó la imputación y detención de Gabriela Fernández, también conocida como “Gaby”, por presuntos delitos sexuales cometidos contra otras internas en el Establecimiento Penitenciario N°3 de Bouwer, Córdoba (cárcel de mujeres).
Fernández ingresó en 2016 a la cárcel de Bouwer por denuncias de violencia de género de su entonces pareja. Fue condenada a tres años de prisión. En 2018 dijo que se autopercibía mujer y fue trasladada a la cárcel de mujeres para continuar con su condena, pero allí fue denunciada por otras compañeras de pabellón.
El Ministerio Público Fiscal anunció este miércoles una nueva imputación por abuso sexual e indicó que “la identidad de género de Fernández está siendo investigada en el marco de este caso”. Actualmente, la imputada permanece detenida a disposición de la mencionada Fiscalía y de la Cámara Criminal y Correccional de 4ª Nominación.
Las denuncias reiteradas contra Fernández
Fernández, quien en 2018 cambió su identidad de género mientras cumplía una condena por violencia de género, fue trasladada al pabellón femenino de la cárcel de Bouwer. Durante su estadía en dicho pabellón, acumuló denuncias por maltrato y violencia hacia otras internas: en abril de 2019 fue acusada de privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas por atacar a una compañera de pabellón.
Tiempo después salió en libertad condicional y una nueva pareja de Fernández (de género femenino) la denunció con su nombre masculino. A su vez, ella también la acusó. Por esas denuncias, Fernández volvió a la cárcel en 2023, ya que tomó contacto con la víctima violando una orden de restricción.
El pasado 31 de octubre, la Cámara de Acusación de Córdoba ratificó la prisión preventiva de Fernández, elevó la causa a juicio y ordenó trasladarla a una celda donde no esté en contacto con mujeres ni con hombres. La decisión lleva la firma de los magistrados Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies.
En su resolución, la Justicia hizo un repaso del historial de Fernández y advirtió sobre su peligrosidad: “Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres internas, sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas”.
El documento describe que Fernández fue “condenada por delitos vinculados a violencia de género antes de su autopercepción como mujer” y que después, con su nuevo DNI, “logró ser trasladada a un establecimiento exclusivo para mujeres, lugar donde cometió varios delitos vinculados a la violencia de género, siendo todas sus víctimas, claro está, mujeres que mantenían con Fernández una relación de pareja”.
El texto agregó que, una vez en libertad, “surge confusamente que formula denuncias contra su pareja del momento adoptando su anterior identidad (masculina). Otras parejas de ese lapso en libertad también la denunciaron por hechos vinculados a violencia de género”.
Este caso generó un intenso debate sobre la aplicación de la Ley de Identidad de Género en contextos penitenciarios y la necesidad de garantizar la seguridad de todas las personas privadas de libertad.
Estadísticas de pedidos de cambios de género en cárceles
Según un informe de Chequeado, sólo dos personas privadas de su libertad solicitaron un traslado de penal por cambio de identidad de género en cárceles federales de Argentina, hasta ahora, según el Servicio Penitenciario Federal. Es decir, de las 56 personas travestis, transexuales y transgéneros alojadas en cárceles federales, únicamente dos solicitaron ser trasladadas a otro penal luego de su cambio de identidad de género.
En cuanto a Córdoba, destaca que de los casi 15 mil internos en todos los establecimientos en la provincia en la actualidad, hay “28 que han solicitado, por trámite judicial, un cambio en su autopercepción del género”, según fuentes del Servicio Penitenciario cordobés.
“De estas 28 personas, en el establecimiento destinado a mujeres que hay en el Bouwer, que es el establecimiento penitenciario más grande la provincia, tenemos alojadas a seis personas que nacieron con sexo biológico femenino, pero que se perciben masculinos. Ahí también se encuentran 12 personas que nacieron con sexo biológico masculino que se perciben por género femenino”, agregaron.
Y agregaron: “Luego tenemos 10 personas que nacieron con el sexo biológico masculino que se perciben mujeres y que están en distintos establecimientos en las provincias pero destinados a hombres. Estas personas se encuentran allí por su propia voluntad y autorizadas por la Justicia”.
