La ciudad de Córdoba ya tiene una nueva ordenanza para regular las aplicaciones de transporte como Uber, Didi y Cabify.
El Concejo Deliberante aprobó este jueves el proyecto que establece las condiciones para que estas plataformas de viajes operen legalmente.
Hubo 28 votos a favor, dos en contra y una abstención. Votaron de manera negativa los juecistas Graciela Villata y José Romero, mientras que se abstuvo Laura Vilches, de la Izquierda.
El punto más controvertido del texto original –el cupo fijo de licencias a otorgar– fue reemplazado por una cláusula que faculta al Ejecutivo municipal a definir la cantidad de autos habilitados mediante reglamentación.
Ese artículo contó con el rechazo de varios concejales más, como los oficialistas Diego Casado, Ricardo Moreno y Gustavo Pedrocca.
Afuera de la sede del Concejo se produjo una protesta de taxistas y remiseros, con incidentes menores.
Según confirmaron altas fuentes del Ejecutivo a La Voz, ahora se abre un plazo de hasta 15 días hábiles para que el intendente Daniel Passerini firme el decreto reglamentario.
Luego, se establecerá un período de hasta seis meses para que las plataformas adecuen su situación: deberán inscribirse como actividad comercial, tributar localmente y cumplir con todos los requisitos previstos.
Durante ese lapso no habrá controles ni sanciones contra las aplicaciones.
Acerca del cupo que puede establecer el Ejecutivo, se indicó que “no se aplicará de inmediato, pero se monitoreará el mercado desde el inicio para ver si se requiere”.
Uber celebró la aprobación. “La regulación aprobada por el Concejo Deliberante es un decisivo paso hacia adelante y deja atrás un conflicto innecesario de más de seis años. Desde Uber celebramos la apertura al diálogo, como también lo es el resultado de ese diálogo, del cual pudimos participar”, dijo Juan Labaqui, vocero de la empresa.
El punto más discutido: el cupo
El artículo 9 del proyecto original establecía un tope de 3.998 licencias. Ese número fue duramente cuestionado por concejales de la oposición, representantes de plataformas y los propios conductores.
Finalmente, se adoptó una redacción propuesta por el edil Gabriel Huespe (Ciudadanos), que toma como referencia la ley mendocina 9.086: se eliminó el número fijo y se habilitó al Departamento Ejecutivo a fijarlo mediante acto administrativo, en función de la densidad poblacional y la demanda del servicio.
“Nos anticipamos a posibles planteos de inconstitucionalidad. Legislar con rigidez sobre un sector tecnológico tan dinámico es un error. Esta redacción evita ese riesgo y mantiene el equilibrio entre control estatal y libertad de trabajo”, señaló Huespe durante el debate.
El nuevo esquema
La ordenanza regula a las empresas, a los choferes y a los vehículos. Las plataformas deberán contar con domicilio fiscal en Córdoba y tributar Ingresos Brutos, entre otros requisitos.
Los conductores tendrán que inscribirse en un registro digital, tener licencia profesional y seguro. Los autos podrán tener hasta 10 años de antigüedad y deberán contar con aire acondicionado, entre otras condiciones.
Se estableció una tarifa mixta: el costo mínimo de un viaje no podrá ser inferior al boleto del transporte urbano, pero se permitirá un sistema de valor dinámico fijado entre el usuario y la aplicación.
Según el concejal oficialista Marcos Vázquez, miembro informante del despacho, la norma “equilibra las expectativas privadas con el interés público” y fue elaborada respetando el fallo del Tribunal Superior de Justicia que instó a regular la actividad.
Lo que se dijo en el recinto
Durante el debate, Vázquez agradeció la voluntad de todos los bloques y destacó que se aceptaron sugerencias de múltiples proyectos. “Esto no es una ordenanza en contra o a favor de Uber, es una norma que legaliza y ordena un fenómeno que ya existe”, afirmó. Además, resaltó que el trámite de inscripción será 100% digital.
Sergio Piguillem (UCR) respaldó la iniciativa: “Hoy asumimos un desafío trascendente. Esto es una decisión política que coloca a Córdoba en el siglo 21. La gente ya eligió: quiere transporte por aplicaciones”.
Jessica Rovetto Yapur (Cordobeses en Libertad) votó en contra del artículo 9 y otros puntos. Consideró que el Ejecutivo no debe tener la potestad absoluta de fijar cupos por decreto. “Una decisión que afecta a miles de trabajadores no puede depender solo de un acto administrativo”, advirtió.
Javier Fabre (UCR) explicó que prefería votar contra el artículo 9, pero el contexto obligaba a aprobar el proyecto completo: “Si caía ese artículo, no habría ordenanza hasta el año que viene. Entre una regulación imperfecta y el vacío legal, optamos por lo primero”.
Martín Juez (Frente Cívico) también rechazó la delegación del cupo en el Ejecutivo y cuestionó el cambio de postura del oficialismo: “¿Qué pasó en 15 días? De un texto con cupo cerrado pasamos a un texto abierto sin debate en comisión. Es inexplicable”.
Ricardo Moreno (Hacemos Unidos) cuestionó que el proyecto deje en manos del Ejecutivo la definición del cupo: “Estamos ordenando algo totalmente injusto. Los taxis y remises vienen tributando y cumpliendo normas desde hace 40 años”.
Diego Casado (Hacemos Unidos) fue aún más enfático: “No estamos en contra de las aplicaciones. Estamos a favor de un cupo que le dé seguridad al ciudadano y que no destruya el trabajo de los remiseros y los taxistas en la ciudad de Córdoba”.
Laura Vilches (Frente de Izquierda) planteó que el problema de fondo no es solo la regulación de las aplicaciones, sino una crisis social más profunda: “Con esta ordenanza ganó Uber, pero también el Gobierno municipal y nacional. Pero lo que no se discute es la precarización que subyace a todo esto, producto de una situación económica recesiva, con salarios en baja y un transporte público caro e ineficiente”.
Repercusiones
Tras la sesión, el viceintendente Javier Pretto destacó el consenso alcanzado: “Hubo cinco proyectos iniciales y varias modificaciones. Se construyó una norma equilibrada. Ya no hay zona gris legal, ahora hay reglas claras”.
Martín Simonian, presidente del bloque Hacemos Unidos, destacó la voluntad del intendente Passerini de poner fin a años de litigios e incertidumbre: “Legalizamos una actividad que existía, y lo hicimos sin perseguir a nadie, escuchando a todos los actores”.
Labaqui, vocero de Uber, señaló que la empresa trabajará para que quienes manejan con la aplicación puedan adaptarse a los nuevos requisitos: “Creemos en una movilidad integrada, que respete la libertad de las personas para elegir cómo moverse”.
