La Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero condenó a ocho personas que llegaron a juicio imputadas por diversos delitos vinculados a estafas con terrenos en el valle de Calamuchita.
El caso se disparó a la opinión pública en 2023, tras un megaoperativo policial con 70 efectivos con numerosos allanamientos simultáneos en diferentes localidades del valle turístico. En ese momento, 13 personas fueron apresadas.
Se trataba de una banda delictiva que incluía, entre otros, a un martillero público, un ingeniero agrimensor y un falso juez de Paz, que engañaban a la gente para venderles posesiones, de modo ilegal, entre otras maniobras.
La fiscal Paula Bruera, de los tribunales de Río Tercero, destacó que el caso tuvo condenas en algunos casos de prisión efectiva y en otros de modo condicional, más el resarcimiento económico a los damnificados.
El juicio se cerró con la modalidad de abreviado: al admitir sus culpas, los imputados acordaron las penas con la Fiscalía.
Las condenas
Según la información de la Fiscalía de Cámara, Carlos Mauricio Rodríguez (59), propietario de una empresa constructora, fue condenado a tres años de prisión, como coautor de asociación ilícita y dos hechos de usurpación.
A su vez, Simón Jorge Jesús Guizzardi (38), recibió tres años y cuatro meses de prisión, como coautor de asociación ilícita, dos hechos de usurpación y cuatro de estafas. Se desempeñaba como albañil.
Eduardo Jorge Picca (55), dos años y nueve meses de prisión en forma de ejecución condicional, como coautor de dos hechos de falsificación de instrumento privado y dos de estafa.
Para Martín Alberto Luján (35), fue de tres años y cuatro meses de prisión, como coautor de asociación Ilícita, dos hechos de usurpación y cuatro de estafa. Su ocupación era de vendedor.
Mario Walter Perea (61), que era martillero y corredor público, fue condenado a tres años, como coautor de los mismos delitos, al igual que Matías Nicolás Nievas Tissera (47), que se dedicaba a la venta de vehículos, fue penado con tres años.
En tanto, penas menores recibieron María Evalyn Mangino (30), con un año y nueve meses de prisión en forma de ejecución condicional, como coautora de cuatro hechos de estafa, y Armando Ariel Garro (43), a seis meses de prisión, como coautor de estafa.
Los hechos juzgados se cometieron en Santa Rosa de Calamuchita entre julio de 2021 y agosto de 2023.
Probation, sin juicio
A su vez, la Cámara otorgó el beneficio de probation, o suspensión del juicio a prueba, solicitado por José Alfredo Carrozza (73) por el término de un año por un hecho supuestamente cometido en Santa Rosa de Calamuchita en octubre de 2022 y que fuera calificado por la instrucción como estafa; y de Omar Eduardo Montoya (59), por el término de un año, por un hecho supuestamente cometido en Calamuchita en octubre de 2021 y que fuera calificado por la instrucción como usurpación.
La llamativa operatoria
Según apuntaba la investigación, la asociación ilícita se habría formado en julio de 2021, con el propósito de cometer distintos delitos, como estafas y usurpaciones, con la finalidad de vender terrenos de modo ilegal en el Valle de Calamuchita.
Se trata de una región turística que registra una alta demanda de terrenos desde hace años.
El caso generó fuerte impacto en esa zona. Los detenidos son en su mayoría de Santa Rosa de Calamuchita, pero también hay personas oriundas de Villa del Dique, Berrotarán y de Villa Santa Ana (vecina a Alta Gracia).
En una nota publicada por La Voz el 31 de agosto de 2023, la fiscal Bruera anticipaba detalles de la causa y de las maniobras que se investigaba. Según el expediente, el objetivo era captar compradores de buena fe mediante la colocación de carteles y el uso de avisos en redes sociales. Ofrecían derechos posesorios de lotes que previamente habían usurpado y acondicionado, con tareas de limpieza o desmalezado, para mostrarlos a los potenciales adquirientes.
Según la investigación, “por su profesión, uno de los imputados obtenía información que le permitía identificar a los inmuebles con deudas impositivas de larga data o en posible estado de abandono”.
“Asimismo, otros miembros de la organización confeccionaban la documentación necesaria para concretar las operaciones, tales como certificados de amojonamientos falsos, ya que la fecha que se insertaba no concordaba con el día en que se había realizado, y se utilizaban para inducir a error a las víctimas respecto a los años de posesión que decían tener sobre el lote”, describieron fuentes judiciales vinculadas a la causa.
Entre los detenidos desde el inicio de la investigación había un ingeniero agrimensor, un martillero público y una persona que se hacía pasar, falsamente, por juez de Paz.
“A través de su cuenta bancaria, otro de los investigados recibía el dinero de los clientes damnificados y los distribuía entre los miembros de la banda”, apuntó en su momento la fiscal.
Otra de las sospechas que se afianzó en la indagatoria, refiere a que uno de los imputados asumía el rol de antiguo poseedor del terreno que había sido usurpado y mediante la exhibición de documentación a terceros, inducía a las víctimas a concretar la operación.
La denuncia que inició la causa judicial fue radicada por los herederos de un loteo de Santa Rosa de Calamuchita. Luego se amplió a otros casos.
Si bien los terrenos que vendía este grupo se encuentran en distintas localidades serranas, la mayoría pertenecían a un loteo de Cerro de Oro, una zona cercana a la ruta 5, en Santa Rosa de Calamuchita.
