La decisión del oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba de avanzar con un despacho para regular el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en la Capital generó un amplio rechazo en la oposición.
Concejales de distintos bloques cuestionaron tanto el contenido del proyecto como el modo en que se cerró el debate en comisión, y anticiparon que votarán en contra del texto que se tratará en la primera sesión de agosto.
Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el concejal Javier Fabre destacó algunos avances en el tratamiento, pero marcó discrepancias sustanciales con dos ejes centrales: el precio mínimo obligatorio y la imposición de un cupo máximo de vehículos habilitados.
“El dictamen refleja que se lograron consensos importantes, como evitar cláusulas que otorguen discrecionalidad reglamentaria al Ejecutivo y definir que esta es una actividad privada y lícita entre adultos, por lo que debe regularse mediante una ordenanza autónoma y no dentro de la normativa de taxis y remises”, reconoció Fabre.
Sin embargo, criticó la orientación general de la regulación. “No acompañamos el establecimiento de ‘tarifas mínimas’ porque sabemos que los controles de precios nunca han sido eficaces, y menos en un mercado tan dinámico. Tampoco apoyamos que se impongan cupos a la cantidad de autos: Uber no es una empresa de transporte, es una plataforma tecnológica. Regular esto como si fueran taxis o remises es un error conceptual”, planteó.
Fabre también alertó sobre el rol que juegan los distintos sectores de poder en la construcción de la norma. “No podemos legislar condicionados por las corporaciones. Los sindicatos y las agencias de taxis y remises son corporaciones con capacidad de presión real; Uber es una corporación económica global, y muchas veces la política también se convierte en una corporación que no quiere incomodar a ninguna de ellas. Nosotros tenemos que legislar a favor de los usuarios”, afirmó.
“El usuario quiere ir del punto A al punto B de la forma más segura, económica y eficiente posible. Esa debería ser nuestra prioridad como representantes. Vamos a dar el debate en el recinto e intentaremos convencer a la mayoría de que no podemos desnaturalizar una innovación tecnológica tratándola como un obsoleto esquema de transporte regulado”, concluyó el radical.
Desde Córdoba en Libertad, la concejala Jessica Rovetto Yapur fue aún más crítica con el procedimiento seguido por el oficialismo. “Hoy, tras más de un mes de silencio, el oficialismo convocó a la Comisión de Servicios Públicos con la intención de aprobar un despacho exprés para avanzar con la ‘regulación’ de las aplicaciones de transporte. ¿Qué esconden y por qué el apuro ahora, después de más de seis años de postergar esto?”, cuestionó.
Según Rovetto Yapur, en la última reunión de comisión se había acordado convocar a más actores para escuchar todas las voces. “Nada de eso ocurrió. De la noche a la mañana, sin debate ni consultas, informaron que ya tienen listo un texto para despacharlo de urgencia”, denunció.
La concejala sostuvo que el proyecto “no responde a los pedidos que desde hace años hacen usuarios, choferes y hasta taxistas y remiseros, sino que busca limitar y controlar el libre uso de estas aplicaciones”.
Entre los puntos más cuestionados, mencionó tres: la imposición de un precio mínimo atado al boleto del transporte público, el cupo de cuatro mil licencias y la potestad del Ejecutivo municipal para sumar requisitos sin pasar por el Concejo.
“Sabemos cómo terminan los controles de precios: fracasan y perjudican a quienes menos tienen. Uno de los grandes beneficios por los que la gente elige estas apps es su bajo costo, regulado por la oferta y la demanda. Quieren encarecerlas para proteger a un transporte público ineficiente”, señaló.
Sobre el cupo, advirtió que “hoy, sólo en Uber, hay más de 15 mil choferes activos en Córdoba. Si esto avanza, van a dejar sin trabajo a más del 70% de esas personas, que encontraron en estas plataformas una salida laboral digna”.
“Desde hace más de un año y medio, vengo impulsando proyectos para una regulación que garantice la libre competencia, la libertad de trabajo y la libertad de elección de los usuarios. Pero esta iniciativa no soluciona nada: sólo limita, encarece y expulsa. Los únicos beneficiados son los que defienden el monopolio del transporte público deficiente y caro que tenemos hoy”, cerró Rovetto Yapur.
Martín Juez, del Frente Cívico, también anticipó su voto negativo. “Tengo mi postura fijada desde hace tiempo. Rechazo la ordenanza, aunque reconozco que tiene aspectos positivos, como exigir seguro, inscripción y que la empresa tribute en Córdoba”, aclaró.
Juez cuestionó especialmente el artículo 9, que fija la relación entre población y cantidad de vehículos autorizados. “Eso va en contra de la esencia de la aplicación. Si la oferta es menor, el precio va a ser más alto. Los usuarios van a ser los más perjudicados. Se va a reducir la plaza de choferes de Uber a un tercio de lo que es actualmente”, argumentó.
También lamentó que el proyecto no incluya una regulación específica para UberMoto, servicio que aún funciona sin ningún encuadre normativo. “Tenemos una oportunidad para regularlo y la estamos dejando pasar”, indicó.
“Mi postura personal es rechazar en general el proyecto. No se trata sólo de un artículo. El artículo 9 va en contra de la esencia natural del transporte por aplicación. Por eso no puedo acompañar esta ordenanza”, concluyó.
El oficialismo busca aprobar el texto en la primera sesión de agosto. Hasta entonces, los bloques opositores intentarán forzar modificaciones en el recinto o frenar su sanción definitiva. Mientras tanto, el uso de las plataformas sigue creciendo y la tensión entre los modelos de movilidad se ha vuelto eje del debate político en Córdoba.
