El proyecto de ordenanza que propone un nuevo marco para regular los instrumentos urbanísticos de planificación, concertación y sostenibilidad en la ciudad de Córdoba viene dando sus primeros pasos en el Concejo Deliberante.
La iniciativa busca consolidar barrios, promover la densificación controlada y ordenar el crecimiento urbano para frenar la expansión hacia la periferia.
Este martes, el texto fue recibido con fuertes cuestionamientos por parte de un amplio colectivo de organizaciones sociales, vecinales y académicas de Córdoba, que elaboraron un documento conjunto en el que señalan inconsistencias, ambigüedades y omisiones que —afirman— impiden cumplir con los objetivos que la propia fundamentación del proyecto declara.
Las entidades firmantes reconocen como positivo que el municipio retome la iniciativa para planificar la ciudad y que se incorporen herramientas de gestión territorial.
No obstante, advierten que el proyecto no está vinculado a un plan integral de desarrollo urbano ni establece mecanismos claros que garanticen la participación ciudadana, la transparencia en la toma de decisiones o la sostenibilidad ambiental como principio transversal.
“Sin plan integral no hay rumbo”
Una de las principales críticas del documento apunta a que el proyecto se presenta como un marco regulatorio, pero no establece ni vincula un plan integral de desarrollo urbano.
En otras palabras, incorpora instrumentos como los planes por barrio o los convenios urbanísticos, pero sin una visión estructurada que determine hacia dónde se quiere orientar la ciudad.
“Los instrumentos no son más que herramientas para concretar una visión, principios y objetivos que deben estar plasmados en un plan integral. Sin ese marco, pueden ser utilizados con fines contrarios al espíritu que se expresa”, indica el texto, que también cuestiona que la Ordenanza 13.131, tomada como referencia por el proyecto, “no constituye un plan”, sino apenas un mapa genérico de zonas urbanas.
Además, los firmantes señalan que el proyecto carece de evaluación estratégica ambiental, tal como lo exige la Ley Provincial de Ambiente 10.208, y que no incorpora los principios de sustentabilidad como criterio rector del conjunto normativo.
Participación ciudadana limitada
Otra observación central es la falta de mecanismos efectivos de participación ciudadana desde el inicio de los procesos de planificación o concertación. Las audiencias públicas previstas en algunos casos son calificadas como “insuficientes, tardías y sin incidencia real”.
“El texto no prevé acceso temprano a la información ni participación en las etapas de diseño. Las decisiones siguen concentradas en el Ejecutivo, sin intervención independiente ni posibilidad de monitoreo desde la ciudadanía o las organizaciones territoriales”, advierten.
Por eso, entre las propuestas concretas se plantea incorporar a los centros vecinales y a las juntas de participación vecinal en las comisiones técnicas que evalúen los convenios o proyectos.
También se exige garantizar el derecho a la información desde el inicio del proceso, y no sólo con registros ex post.
Críticas al modelo de concertación
El proyecto plantea tres tipos de instrumentos de concertación: convenios urbanísticos, Polígonos de Actuación Concertada (PAC) y acuerdos de gestión mixta.
Para las organizaciones, el modelo propuesto otorga amplio margen a la iniciativa privada sin asegurar mecanismos de control ni un destino transparente de la plusvalía captada por el municipio.
“Los acuerdos siguen priorizando intervenciones singulares, sin límites ni articulación con una estrategia urbana clara. Además, el proyecto deja fuera resguardos procedimentales que sí contemplaba la ordenanza derogada, como la potestad exclusiva del municipio para calcular el beneficio”, advierte el documento.
También se cuestiona que el porcentaje mínimo del 5% que se transfiere a las juntas de participación vecinal para obras es “insuficiente en monto y limitado en su alcance redistributivo”. En consecuencia, afirman que la lógica sigue siendo predominantemente recaudatoria, sin garantía de equidad ni inclusión.
Riesgo de expulsión y pérdida de identidad barrial
Respecto de la densificación, si bien se reconoce su necesidad para evitar el crecimiento extensivo, el colectivo advierte que no pueden habilitarse aumentos ilimitados de altura o unidades sin evaluar la capacidad de los servicios, el acceso a espacios verdes y la protección del entorno urbano.
“La densificación no puede ser arbitraria. Hay que establecer mecanismos técnicos y participativos para definir los sectores, los límites y las condiciones. Además, debe garantizarse la permanencia de los actuales habitantes, evitando su expulsión por encarecimiento del suelo”, señalan.
También observan que el texto no contempla protección específica para el patrimonio urbano de categoría media o testimonial, ni prevé el tratamiento adecuado para las áreas especiales, rurales o de conservación ambiental.
Propuestas concretas
Frente a estos señalamientos, las organizaciones presentaron un conjunto de propuestas para mejorar el proyecto. Entre ellas se destacan:
- Incorporar los principios de la Ley de Política Ambiental nacional y provincial y del Acuerdo de Escazú.
- Subordinar todos los instrumentos a un plan urbano integral con enfoque democrático y sustentable.
- Reactivar el Consejo Consultivo del Iplam como órgano técnico y participativo.
- Impedir convenios urbanísticos en áreas de urbanización diferida o de protección patrimonial.
- Establecer cupos obligatorios de vivienda social en zonas a densificar.
- Garantizar que los iniciadores de convenios financien equipos técnicos para asesorar a centros vecinales.
- Definir que el cálculo del beneficio urbanístico es potestad exclusiva del Ejecutivo municipal.
Amplio respaldo institucional
El documento lleva la firma de más de 30 organizaciones, entre las que figuran la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, centros vecinales de barrios como Alberdi, Cerro de las Rosas, Parque Chacabuco, Villa Belgrano, Poeta Lugones, Argüello y San Camilo, además de agrupaciones ambientales, programas universitarios, equipos de investigación y cátedras de la UNC y de la UCC.
También adhirieron docentes de Geografía, Arquitectura, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, así como colectivos de vecinos autoconvocados en distintas zonas de la ciudad.
El inicio del debate
Con la presentación del proyecto en la Comisión de Desarrollo Urbano y el ingreso de los primeros documentos de observación, se abre ahora una etapa clave para el tratamiento legislativo.
El debate sobre el futuro urbanístico de Córdoba comienza así a tomar cuerpo, con tensiones entre el impulso a la inversión privada y el reclamo por una ciudad más equitativa, planificada con participación real y orientada al bien común.
