“En distintos procedimientos se encontró droga –cocaína y marihuana– al alcance de la mano de los niños. A veces, en un cajón de la mesa de luz, o directamente en la mesa del comedor. Es una situación que a nuestro criterio debe contemplarse al momento de ponderar una condena a un adulto vinculado con el narcomenudeo”.
Quien habla es Sebastián Romero, uno de los tres fiscales del fuero especial que persigue las redes menores del narcotráfico en la ciudad de Córdoba. El criterio que explica lo comparten sus colegas Marcelo Sicardi y Carlos Cornejo.
La utilización de menores en la comercialización de estupefacientes, al ser un delito, siempre se consideró un agravante para valorar la pena que les correspondiese a los adultos involucrados. Pero los fiscales creen que ese criterio debe ampliarse: “Cuando en el contexto de una actividad ilegal hay menores que no participan de manera directa pero que conviven con un sistema que los pone en riesgo, la situación se debe tener en cuenta al ponderar la pena”, afirma Romero.
Los fiscales valoran esa situación de manera negativa al proyectar la pena que le pudiese caber a una persona involucrada en el narcomenudeo, al momento de fijar la prisión preventiva, y ese criterio lo sostienen en las audiencias de control, que se realizan oralmente.
La Cámara 11, en un fallo del año pasado en el que se condenó a una organización que vendía droga en barrio Ciudad de mis Sueños, consideró como agravante que uno de los condenados a cinco años de prisión haya desplegado la actividad “en una zona donde hay niños y adolescentes que crecen abasteciéndose de este tipo de conductas”.
Lo novedoso de estos criterios judiciales es que no exigen que los menores estén involucrados en los delitos, sino que estén expuestos a sus consecuencias y contexto.
PRIMER PLANO. Los chicos con drogas preocupan a las autoridades
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