Un empresario cordobés y dos cómplices deberán pagarles más de $ 30 millones a ocho víctimas de trata laboral que fueron explotadas en diversos tambos ubicados en las localidades de Colonia Prosperidad y de Saturnino María Laspiur, en el departamento San Justo.
Así se desprende de la resolución del Tribunal Oral Federal N° 3 de Córdoba capital, a cargo de forma unipersonal de la jueza Noel Costa, quien hizo lugar a la reparación integral del daño ofrecida por los imputados Gerardo Germán Ponte, Hugo Domingo Ríos y Sandra Elena del Valle Albornoz.
Horrible explotación
Los hechos sucedieron en abril de 2022, cuando, de acuerdo con la investigación de la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, el tambero Ponte, con la colaboración de Ríos y de Albornoz, habrían captado a varias víctimas de Corrientes, Salta, Santa Fe y Córdoba, ofreciéndoles trabajo, pero bajo engaño.
Creyendo que el empleo era conveniente, llegaron a los tambos El Castillo (Colonia Prosperidad), El Ñandú, Las Taperitas y Guachera (Laspiur) y fueron explotadas a pesar de su situación de vulnerabilidad (pobreza, baja instrucción y exclusión laboral formal).
Los imputados les ofrecieron $ 70 mil mensuales, vivienda y mercadería para satisfacer las necesidades básicas. Sin embargo, la promesa no se cumplió, ya que el salario se redujo desde el primer mes de trabajo mediante “descuentos” por la compra de mercadería. En algunos casos, ni siquiera percibieron su aguinaldo.
Debían trabajar extensas jornadas, con mínimos descansos y con escasos días libres. Las precarias viviendas tenían humedades y filtraciones, conexiones eléctricas irregulares y riesgosas, sin instalaciones sanitarias ni agua potable.
No tenían un contrato formal de trabajo, ropa de fajina ni ART. Incluso, una de las víctimas sufrió un accidente de trabajo en la rodilla, por el que no sólo no recibió ningún tipo de atención médica, sino que la trasladaron al tambo El Castillo, donde pasó hambre y le asignaron más trabajo.
En el caso de una pareja, “además de replicarse las circunstancias antedichas, su vulnerabilidad y el aprovechamiento por parte de los imputados se produjeron a lo largo de décadas, girando en torno a su situación económica ubicada al límite, la falta de vivienda y su edad avanzada (69 años), todo lo cual les permitió reducirlos a una situación de servidumbre de la que no tendrían posibilidad alguna de escapar”, sostuvo la fiscal Schianni.
Acuerdo con las víctimas para evitar el juicio por trata
Ponte, Ríos y Albornoz fueron imputados por trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores, pluralidad de víctimas, por ser una de las víctimas afín en línea colateral (para Albornoz) y por haber sido consumada la explotación.
Sin embargo, el fiscal General, Carlos Casas Nóblega, manifestó que no correspondía citar a cuatro de los supuestos damnificados porque se descartó que revistieran el carácter de víctimas, al no evidenciarse indicadores de trata.
Los defensores Sebastián Becerra, Luis Alfredo Moyano y María de la Fe Moyano ofrecieron una reparación económica para cerrar la causa. A su turno, el auxiliar fiscal Augusto Richter manifestó que había mantenido tratativas con las defensas de los acusados para arribar a una reparación.
Explicó que había intentado ubicar a las víctimas para informarles de las distintas alternativas para concluir la causa, un juicio o una reparación. Se comunicó con cuatro de las víctimas, a quienes les informó sobre la reparación ofrecida y las implicancias de esta forma de terminar el conflicto penal.
Las víctimas manifestaron estar de acuerdo con lo ofrecido, por lo que se tiene especial consideración al consentimiento brindado. En cuanto a la propuesta, el fiscal estuvo de acuerdo y entendió que el tribunal podía hacer lugar a la reparación, teniendo en cuenta las características del hecho, ya que no se había registrado violencia u otros agravantes.
Entendió que la propuesta satisfacía los perjuicios económicos y morales, y solicitó, respecto de las dos víctimas no halladas (hay una tercera que falleció), que el dinero se depositara en una cuenta a nombre del tribunal y que se constituyera un plazo fijo para que no se depreciara el valor. Y, en caso de que no pudieran ser encontradas en un plazo prudencial, indicó que el dinero se podría destinar a una institución vinculada a la asistencia de víctimas del delito de trata.
Ponte ofreció pagarles a las víctimas $ 30 millones en tres cuotas mensuales y consecutivas, mientras que Ríos y Albornoz ofrecieron abonar $ 2 millones en total (es decir, $ 1 millón cada uno) en dos cuotas mensuales y consecutivas.
La jueza Costa señaló que las víctimas se expresaron favorablemente sobre la propuesta –en su monto total, modo de distribución y cuotas– y aceptaron la extinción de la acción una vez cumplido el acuerdo. Asimismo, el dinero estimado para los dos damnificados no localizados se depositará en una cuenta a nombre del tribunal hasta que sean ubicados.
Sobre el alcance del acuerdo, la magistrada analizó la reparación con base en el hecho descripto en la requisitoria fiscal. “Allí no se logra determinar el tiempo que habría durado la trata de personas en cada caso, ni es posible identificar circunstancias particulares que permitan diferenciar el daño sufrido por cada víctima, por lo cual, habiendo consentido estas que la distribución fuera equitativa, el monto aportado por los acusados deberá ser dividido en las ocho víctimas: cada uno percibirá la suma total de $ 4 millones”.
