Por discriminación, homofobia y hostigamiento, un alto oficial de la Policía hasta inicios de este año fue pasado a retiro obligatorio, una jubilación que quedará condicionada por la evolución de las causas penales y administrativas que tiene. Se trata del comisario inspector Mario Ariel Véliz, quien está en situación pasiva desde el 25 de enero y a partir del 27 de abril ya no cobra su sueldo como policía, luego de haber sido imputado por la Justicia provincial, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.
Véliz llegó a ocupar el cargo de jefe de la Dirección de Tránsito de la Policía y fue denunciado por el sargento primero Mario César Peña, con 18 años de antigüedad en la Policía, por daños psicológicos por el continuo hostigamiento que sufría de Véliz en los distintos destinos en los que lo tuvo como superior, según consta en la denuncia presentada en la Fiscalía de Distrito 2 Turno 1, a cargo de Lourdes Quagliatti.
“Mandalo a ese putito a la marcha gay, que ahí se siente bien”, cuenta el abogado de Peña, Jesús César Calvo, que Véliz decía de él cuando lo tenía como subordinado en el Cabildo, en el Centro de la ciudad de Córdoba, casi 10 años atrás, al asignarle la cobertura de las marchas de orgullo. Entonces, Peña consiguió un cambio de destino. Pero años después el mismo Véliz recayó en la Policía Caminera, donde estaba Peña, y el sargento lo volvió a padecer.
“Cuando consigue el pase, pasa por Jefatura, y tiene otra serie de destinos, hasta que vuelve a encontrarse con Véliz, como jefe del área. Y lo empieza nuevamente a hostigar. ‘Qué olor a putito’, decía cada vez que lo veía, siempre discriminando a Peña por su orientación sexual. Ya era sargento y lo hacía limpiar los baños, le asignaba tareas que lo colocaban en inferioridad incluso a los demás subalternos, de menor jerarquía”, relató Calvo.
La denuncia se hizo primero en una Unidad Contravencional, pero como no avanzó, fueron a la Justicia. La carátula de la causa es “lesiones leves calificadas por odio racial, religioso, de género y etcétera” y “lesiones leves calificadas por la condición especial del autor”. Se trata de una acusación por daño psicológico, pero el abogado Calvo asegura que se cuenta con evidencias que agravan la situación de Véliz y de otros policías por persecución y actos de violencia por orientación sexual. “Peña tuvo que pedir un nuevo traslado, y estuvo a punto de renunciar, de querer dejar su carrera”, amplió el abogado.
Para el abogado de Véliz, Sergio Sánchez, la imputación sólo tiene en cuenta el peritaje psicológico del forense oficial, sin considerarla disidencia del perito de parte. “No hay en l a causa testimonios, no hay nada que pueda sostener esta acusación”, dijo Sánchez, quien remarcó que Véliz rechazó los hechos y se abstuvo de declarar porque no tuvieron aun acceso a toda la causa. “Luego, va a ampliar su declaración”, aseguró.
Véliz tiene un antecedente judicial con una denuncia por abuso de armas, que fue enviado al archivo en 2013.
El retiro queda condicionado porque si bien Véliz no pierde sus años de aporte si es condenado sí pierde el régimen especial de jubilación policial. Si eso ocurre, con 49 años tendría que trabajar en otra actividad hasta los 65 para tener un haber previsional.
Otros jefes policiales denunciados
El retiro obligatorio condicionado de Véliz forma parte de un decreto firmado por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Junto a Véliz, también fueron retirados en forma condicionada el comisario mayor Rafael Salgado, denunciado el 19 de abril del año pasado por Paula Marilén Rodríguez por violencia de género, en un expediente que lleva la Unidad Judicial de Río Segundo. Salgado fue director de la Departamental Santa María y trabajó en Río Tercero, en Bomberos, estuvo a cargo de la Comisaría Cuarta de la ciudad de Córdoba y fue director del área de Ética y Control Policial.
Otro retirado con condiciones es el comisario inspector Jorge Emanuel Rojas, quien está imputado por la fiscal de instrucción Liliana Copello por homicidio culposo por la muerte de Brisa Ayelén Ponce, una cadete de la Escuela de Policía de Córdoba que murió el 27 de junio de 2019 por un cuadro de neumonía agravado que se habría originado luego de ser obligada a bañarse con agua fría. Rojas es parte del grupo de oficiales que manejaban la Escuela y está imputado junto a la comisaria Judith Pereyra (subdirectora de la escuela en ese entonces), el comisario inspector Ramón García (director de la escuela en ese entonces, actualmente retirado), la oficial subinspectora Yohana Alegría y el oficial principal Ángel Albelo.
Carlos Nayi, abogado que representa a la familia de Brisa Ponce, dice que esperan una pronta resolución de esta causa. “Son seis los uniformados imputados por homicidio culposo, que es una particular forma de matar, matar por negligente, por imprudencia, por tener desprecio por la vida. No estaban operativas las calderas y obligaron que los cadetes tengan su higiene y su baño con agua fría, en un contexto de bajas temperaturas, lo que terminó generando que Brisa enfermara y falleciera, luego de estar internada, con neumonía. Uno de esos imputados es Jorge Rojas, quien cumplía por entonces funciones como jefe del cuerpo de Cadetes. La prueba es copiosa y suficiente contra todos ellos”, consideró Nayi.
Entre los retirados con causa pendientes figura también el comisario Fabián Enrique Carmona, quien tiene una denuncia efectuada el 4 de mayo en la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género de Sexto Turno que llevó a que un día más tarde el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 1ª Nominación, Secretaría 2, dictara una orden de restricción de contacto.
En un anexo linkeado desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial se consigna que además se dispusieron las bajas condicionales del oficial principal Lucas Martínez Molina, el oficial inspector Alfredo César Apaza, el oficial subinspector Hugo Javier Maza, la suboficial Verónica Sandra de la Fuente, la sargento ayudante Jésica Capdevila, los sargentos primero Juan Manuel Rosas y Diego Ernesto Suárez, los sargentos Darío Lusi, Martín Pereyra y Cristian Ulloa y los cabos Laura Cuello y Mauro López.
En estos casos no fue posible conocer las causas administrativas o penales en las que están involucrados.
Retiros de exjefes departamentales
En el mismo decreto, pero sin ningún efecto condicionado a investigaciones pendientes, fueron pasados a retiro obligatorio cinco comisarios mayores, cuatro de los cuales fueron jefes de departamentales durante la gestión de Liliana Zárate Belletti como jefa de Policía. Se trata de los comisarios mayores Raúl Artaza, Cristian Bringas, Gabriel Díaz y Pedro Maldonado. También fue retirado Cristian Moyano, que trabajó en Investigaciones.
