“Estamos desamparados” dice Juan Gras, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Córdoba (Aclisa). Asegura que es preocupante la situación de los medianos y chicos prestadores privados de salud , sobre todo del interior provincial.
El Gobierno nacional decidió suspender los subsidios y ventajas impositivas a las clínicas que tienen dificultades para financiarse, y eso las deja –según Gras– al borde del cierre o la quiebra.
Gras, quien además dirige el hospital Italiano de Córdoba, aclaró de entrada que es crítica la situación de clínicas y sanatorios que son efectores de salud que trabajan con las obras sociales y la seguridad social. “Pareciera que la salud privada se resume en la medicina prepaga, pero ésta cubre apenas al 10% de la población. La mayoría de los efectores de salud del sector privado somos clínicas y sanatorios que dependemos de las obras sociales y de la seguridad social”, apuntó.
Un problema crónico
La difícil situación de las clínicas privadas no es nueva, pero se agudiza en épocas de crisis.
Estas instituciones tienen una lógica de financiamiento que no se corresponde con sus gastos. Sus principales ingresos provienen de la seguridad social (mediante el aporte de los trabajadores a las obras sociales, es decir, que responden a la lógica de los salarios). Mientras que los egresos están dolarizados, sobre todo, en los insumos tecnológicos y medicamentos.
En dos décadas desapareció el 77% de las clínicas privadas de Córdoba. Sobre todo, ocurrió en el interior provincial. Se fue dando un proceso de concentración, con la extinción de los prestadores más chicos.
Para paliar esta situación, en los últimos años surgieron algunas soluciones a corto plazo provenientes del Estado nacional, ayudas que hoy están desapareciendo.
Sin beneficios
En pandemia, el Gobierno nacional creó un programa de ayuda para los trabajadores de la salud en relación de dependencia. El plan, que pasó a llamarse Fescas, estaba destinado a empleados de establecimientos sanitarios de gestión privada que facturaran menos.
De acuerdo con el informe de facturación del último año, la ayuda se entregaba a las instituciones que estuvieran por debajo de un índice que se calculaba con el costo de vida. Los trabajadores de esas clínicas que ganaran por debajo de la suma total conformada por dos salarios mínimos vitales y móviles, recibían una ayuda de la Anses correspondiente a un salario mínimo vital y móvil. “El programa se cortó. Se depositó en enero y se cortó”, dijo Gras.
Como contrapartida, la institución se comprometía a mantener estándares de calidad, se comprometía a no despedir personal y la ayuda se mantenía hasta que la institución aumentara su facturación, agregó.
Otra de las ayudas que se cortó provenía del Ministerio de Salud de la Nación para las clínicas que se sumaran a un plan de calidad.
Finalmente, quedó bajo efecto del llamado “decreto 300″ que brindaba ayudas impositivas para el sector, como una disminución del impuesto al cheque y de las contribuciones patronales. “Eso dura hasta marzo y también se acaba”, indicó.
La nueva emergencia sanitaria deja sin efecto la anterior. De esta manera quedaría in efecto el articulado que impedía a la Afip ejecutar las deudas de las instituciones de salud. “Las instituciones de salud, como estaban en emergencia, acumulaban deuda pero no te podían embargar ni hacer juicio para cobrarla. Quedabas con la deuda que se iba acumulando. Muchas instituciones quedarán al borde de la quiebra”.
El titular de Aclisa agregó que las clínicas que trabajan para la seguridad social (obras sociales estatales o sindicales) fueron generando deudas impositivas que se fueron acumulando, ya que –según dijo– la lógica de entrada (salarios) no responde a la de los egresos (variaciones del dólar).
“Las clínicas estamos prefinanciando la salud. Atendemos y cobramos a los 90 días. Nosotros no fijamos el precio y no podemos ir indexando como los medicamentos, que aumentaron 300%. El aumento de los costos en el sector ha implicado un terrible impacto”, finalizó el referente.
