El lunes pasado, el Gobierno nacional anunció, mediante el decreto 373/2025 publicado en el Boletín Oficial, la transferencia de la responsabilidad de la atención de las personas en situación de calle a las provincias.
El decreto es una modificación a la ley 27.654 que establece los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo que se encuentren en territorio argentino y los deberes del Estado nacional con respecto a esa población.
Ahora, la Nación redefinió que solo se hará cargo de marcar los lineamientos generales de las políticas a implementar, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de su Ministerio de Capital Humano.
Esta dependencia tendrá como función “establecer las directrices generales en la materia y ejercer un rol de rectoría, coordinación y articulación con las provincias”.
Y serán ya las provincias quienes deberán ejecutar de forma directa la asistencia a las personas en situación de calle. De las provincias, se traslada a su vez la tarea en ese sentido a los municipios.
Críticas en Córdoba
La medida generó una fuerte crítica por parte del secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, Raúl La Cava: “El Gobierno nacional determinó ‘oficialmente’ que la responsabilidad de la atención de personas en situación de calle pasa a ser de las provincias y los municipios”, apuntó.
“Lamentablemente, esta noticia no nos sorprende. Hace años que el Estado nacional viene desentendiéndose de las políticas sociales más sensibles. Y la decisión de dejar en manos de los municipios la atención de las personas en situación de calle, sin aportar un peso, lo reconfirma”, dijo a La Voz.
En ese sentido, subrayó que desde 2020, la ciudad de Córdoba viene trabajando de manera sostenida con el “Programa de atención y acompañamiento integral para personas en situación de calle” (transformado en ordenanza 13.346 en 2023). Pero marcó que actualmente hay dos alarmas claras adicionales: el frío y la crisis económica.
“A los vecinos no les alcanza para vivir y muchos han perdido sus empleos”, afirmó.
En 2024, el municipio de la Capital cordobesa intervino en mil casos de desalojos, y de enero a mayo de 2025 ese número alcanza a 600.
“Hoy tenemos 11 familias enteras en situación de calle, a las que el municipio contiene”, aseguró.
Advirtió que la medida nacional no solo traslada responsabilidades sino que “no acompaña con recursos”, y sostuvo que mientras el Estado nacional recorta, las provincias y los municipios son los que salen a contener la emergencia.
Recursos municipales ajustados
La Cava aseguró que los recursos municipales no alcanzan a cubrir la demanda de ayuda social en aumento.
“Todos los días ajustamos, buscamos alternativas, optimizamos cada peso, pero hay una realidad que no se puede tapar: las áreas sociales están desbordadas por la situación económica”, dijo.
Mientras tanto se siguen sumando personas en situación de calle, agregó. “No nos da lo mismo ver a alguien durmiendo en la calle, y por eso seguimos firmes. Pero sin el apoyo real de Nación es cada vez más difícil”, planteó.
A la vez, manifestó que los recursos que asignan son los que están al alcance del presupuesto municipal. El programa contempla no solo alojamiento, sino asistencia integral: salud, alimentación, acompañamiento psicológico y reinserción social.
“Los recursos son finitos, pero el compromiso es absoluto. Hay personal, hay estructura y hay voluntad política para sostenerlo. Pero la demanda crece todos los días”, añadió.
Apuntó que lo más difícil de este traspaso es afrontar la situación sin financiamiento. “El decreto plantea que Nación se corre y que sólo va a actuar si las provincias no pueden. Pero, ¿quién define cuándo no podemos? ¿Cuándo un municipio dice hasta acá llegamos? ¿Qué respuesta vamos a tener del Estado nacional? Esa falta de claridad y de acompañamiento es lo más preocupante”, aseveró.
Además, La Cava marcó que el decreto desoye los tratados internacionales y la Constitución nacional, que garantizan el derecho a una vivienda digna. “No se puede hablar de federalismo cuando solo se reparten obligaciones y no recursos”, cuestionó.
El funcionario explicó que en materia de personas en situación de calle, desde hace años que Córdoba no recibe recursos específicos de Nación. Por eso construyeron una propia política pública desde cero. “Este decreto sólo confirma lo que ya venía pasando de hecho: que la responsabilidad real la asumimos los municipios”, subrayó.
Y cerró: ”Lo que sí hacemos es priorizar dentro del presupuesto municipal lo que consideramos urgente: cuidar a los más vulnerables”.
Gestión de políticas sociales
El decreto de Nación menciona que la provincia de Córdoba ejecuta el Programa para Personas en Situación de Calle, el cual ofrece alojamiento, acompañamiento social, psicológico y médico, así como también asistencia para la obtención de documentación personal y la posibilidad de gestionar el traslado a otras localidades cuando las circunstancias lo requieran.
La Cava destacó que el municipio es quien ”gestiona las políticas sociales para esta población, proveyendo no sólo de un techo, sino también de recursos para el acceso a una vida digna, procurando soluciones a partir de oportunidades, no del subsidio eterno”.
La que establece “acciones para abordar la problemática de la población en situación de calle, incluyendo la asistencia, la capacitación de voluntarios y la sensibilización sobre los derechos humanos”.
El desalojo, principal consecuencia de terminar en la calle
En 2024, el municipio intervino en mil casos de desalojos, y de enero a mayo de 2025 el número alcanza a 600.
Actualmente, aloja en sus dispositivos a 271 personas, 13 familias con 44 integrantes; y de ese total, 21 son niños.
Comparado con 2024, cuando el programa alcanzó a albergar a 2.021 personas en total, en lo que va de 2025 este número tiende a aumentar: de enero a mayo ya alojó a 590 personas. Y supera la cifra del 2020, en plena pandemia, que alcanzó a 526 personas en total.
