Dos abogados querellantes en la causa que investiga cinco muertes y ocho presuntas lesiones en recién nacidos en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba solicitaron que se amplíe la pericia técnica que analizó la información disponible (y no disponible) de los teléfonos de funcionarios y autoridades que fueron imputados.
La abogada Ana Pagliano pidió la ampliación del informe pericial a los fines de clarificar quiénes borraron, y en qué momento, la información de sus celulares. Hasta ahora, el informe pericial detectó “borramientos” en uno de los teléfonos secuestrados de la exdirectora del hospital Liliana Asís. Sin embargo, la pericia menciona que otros imputados borraron información, sin precisar quiénes y en qué momento. O lo hacen, pero de una manera poco legible, explicó Pagliano a La Voz.
Este pedido fue respaldado por el abogado querellante Carlos Nayi, quien pidió detalles sobre el informe realizado por el policía comisionado Raúl Pereyra.
Finalmente, este martes el Tribunal resolvió convocar a Pereyra para que brinde detalles sobre la pericia realizada a los celulares de cinco exfuncionarios del Ministerio de Salud provincial y autoridades del hospital. Si es necesario, se solicitará la ampliación de ese informe, con la asignación de peritos oficiales y de control, agregó el fiscal Sergio Ruiz Moreno.
“No avives giles”
El comisionado Néstor Biscotti abonó la hipótesis de que las dos denuncias judiciales presentadas el 6 y el 7 de junio fueron fragmentadas y sin tener en cuenta las dos descompensaciones que se dieron durante esa guardia ni los casos anteriores que estaban bajo sospecha.
El comisionado indicó que ambas denuncias –que recayeron en la fiscalía de Jorgelina Gutiez y que subrogaba Silvana Fernández– omitieron los “pinchazos inexplicables” y las otras dos descompensaciones que se registraron durante esa guardia, como el de P.M., hija de María Fernanda Martín, que tenía hematomas muy visibles en la espalda.
Agregó que “ante la magnitud de los eventos que se dieron esa noche” había una gran presión de los médicos para judicializar los casos. Pero cuando se formularon esas dos denuncias tampoco se consignaron las dudas que ya existían sobre otros casos anteriores.
Biscotti consideró que en esas dos denuncias de “muerte de etiología dudosa” no constó que ya había casos anteriores en los que no se pudo establecer la causa de muerte (como el de Ibrahim, del 23 de mayo) y que una beba (P.M.) tenía manchas evidentes en el cuerpo.
“Si se hubiese entregado el procedimiento haciendo constar esas cuestiones, seguro a la causa se le hubiera dado una celeridad mayor”, planteó Biscotti, quien marcó las diferencias entre las denuncias “fragmentadas” del 6 y 7 de junio y la que realizó Francisco Luperi el 4 de julio, que derivó en el allanamiento del hospital el 7 de ese mes.
¿Qué pasó mientras tanto?
El comisionado policial confirmó que el 7 de junio al mediodía hubo una reunión en el Ministerio de Salud provincial. Dijo que la entonces directora del hospital, Liliana Asís, y quien era director administrativo, Alejandro Escudero Salama, se reunieron con el secretario de Salud de aquel momento, Pablo Carvajal. Y que Carvajal habló luego con el entonces ministro de Salud provincial, Diego Cardozo.
Ese día, en el que se expusieron las dos muertes, Cardozo habría dado la orden de judicializar (a través de la secretaría que en ese momento dirigía Alejandro Gauto) y, en paralelo, hacer la investigación administrativa que realizaron –a partir del 8 de junio– la entonces encargada de la jurisdicción de Enfermería, Genoveva Ávila, y quien era directora de Maternidad e Infancia, Marcela Yanover.
Biscotti citó la presentación escrita que Escudero Salama realizó en la fiscalía de instrucción de Raúl Garzón. De ese escrito aclaratorio –que se realizó como declaración indagatoria– se desprende que el 7 de junio la coordinadora de seguridad del paciente, Adriana Moralez, habría tenido la intención de hablar con los familiares de los bebés fallecidos durante esa guardia. “Moralez dice que Asís le dijo esta frase: ‘No avivés giles’”, informó Biscotti.
El comisionado agregó que en el hospital se sospechaba desde el 1 de mayo de un accionar humano. Y que el nombre de Brenda Agüero surgió en la reunión que el 8 de junio tuvieron en el hospital Yanover y Ávila con las profesionales Asís, Righenheilm, Moralez, Ariza, Gómez Flores y Cagliero. Según se desprende de la presentación escrita de Yanover, ese día había sospechas sobre Brenda, porque se repetía en los turnos y por su actitud de avisar antes cuando existía una descompensación. Y se tomó la decisión de licenciar a ella y a su compañero Franco Cruz. “Ese último, para disimular”, figura en el escrito.
La licencia se concretó el 13 de junio. Biscotti dijo que se había decidido “rotar” a Brenda hasta que “Yanover y Ávila pudieran confirmar alguna hipótesis”. Informó que en esa fecha, una delegada del Sindicato de Empleados Públicos pidió explicaciones a los directivos del hospital y la respuesta que encontró fue que el Ministerio estaba ”investigando”.
De la declaración de una empleada de la empresa San Agustín SRL, la empresa tercerizada que abastece a la farmacia del Neonatal, se desprende que entre el 7 el 10 de junio se encontraron entre dos y tres ampollas de potasio vacío en el centro obstétrico, en un lugar donde no tenían que estar.
El 28 de junio, Asís solicitó al Ministerio de Salud provincial que realizara una investigación. Envió una nota a la Oficina Legal y Técnica del Ministerio en la que sugería una investigación administrativa luego de advertirse inconsistencias en la evolución de pacientes neonatales.
El 4 de julio, Franciso Luperi realizó una nueva denuncia judicial “por una serie de muertes de bebés desde mayo y junio de 2022 que no se explican naturalmente”.
Esta nueva denuncia recayó en Garzón, quien allanó el hospital el 7 de julio.
De los teléfonos secuestrados y de las líneas intervenidas, el comisionado llegó a distintas conclusiones. El 19 de agosto, día que detuvieron a la enfermera Brenda Agüero, comenzaron a circular pautas en los grupos de WhatsApp de los profesionales del hospital. Estas directivas para el momento de brindar testimonio ante la fiscalía de Garzón implicaban ser escuetos al momento de brindar una declaración, no emitir opiniones y evitar los comentarios de pasillo.
De las intervenciones telefónicas, se desprende que ese día Asís se reunió con Cardozo y otros funcionarios “para unificar criterios”. Allí se decidió “no abundar” ni decir lo que uno pensaba o creía, ni sacar conclusiones.
“Hay que descartar algunos niños para que no acusen de ningún problema de mala praxis”, encomendó la exdirectora, según el testimonio del comisionado, y sugirió comenzar la saga desde el 26 de abril, cuando se encontraron los pinchazos en I.F., hija de Gabriela González.
Biscotti informó que la exdirectora planteó la idea de la reunión para que “todos tengamos más o menos el mismo relato”. “Si cada uno va a decir una cosa y mete la pata, sonamos”.
Del secuestro del teléfono celular de Moralez se desprende que la coordinadora de seguridad del paciente le pidió a una médica: “Avisales a todos que borren el mensaje”.
El 22 de agosto, Asís y Cardozo se comunicaron por teléfono. Según el comisionado, el exministro preguntó: “¿Nos comimos una sepsis?” y Asís contestó que no.
De la apertura de computadoras y dispositivos móviles, se encontró que Cardozo tenía la cronología de casos desde el 7 de junio.
–¿Qué sería lógico de un ministro? –consultó Nayi.
–Cualquier funcionario público que toma conocimiento de un hecho delictivo tiene la obligación de ir a denunciar –finalizó el comisionado.
