El legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento para destituir al fiscal José Bringas por “mal desempeño y posible encubrimiento”, debido a que presuntamente no investigó una denuncia realizada en 2018 contra Diego Cardozo. Este era por entonces secretario de Salud de la Provincia, y emitió un memorándum calificado como “mordaza”, que prohibía a directores y subdirectores de hospitales hacer declaraciones periodísticas sin previa autorización ministerial.
“El memorando de 2018 y la desidia de Bringas fueron el caldo de cultivo perfecto para la catástrofe del Neonatal en 2022, porque construyeron un sistema de silencio y oscurantismo en los servicios de salud pública”, justificó Hernández Maqueda, quien llegó a su banca por la Coalición Cívica en la alianza Juntos por el Cambio y renunció luego a ese partido pero se mantiene en la bancada opositora. Desde ese lugar accedió a ser vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
“En 2018, cuatro años antes de los asesinatos en el Neonatal, el exministro Cardozo (por entonces secretario de esa cartera), ya contaba con una denuncia penal por el Memorando 2/2018, una mordaza a la libertad de expresión de directores y funcionarios de hospitales de Córdoba. Dicha denuncia fue sorteada a la fiscalía de Bringas, quien ignoró la solicitud de investigación”, consideró Hernández Maqueda.
La presentación al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial fue realizada el pasado lunes y en su encabezado el legislador se refiere al memorando como “el huevo de la serpiente”. Es una cita culta: se refiere Hernández Maqueda a la película del director sueco Ingmar Bergman, de 1977, en el que se cuenta una historia ambientada en la Alemania de 1923 en la que se vaticina la llegada de Adolf Hitler y el nazismo al poder, con signos en los que se adivina lo que se estaba gestando.
“En ese memorando enviado a los directores y subdirectores de los 42 hospitales de Córdoba, así como a los jefes de áreas de prensa hospitalaria, se solicitó que todas las informaciones relativas a las actividades de la totalidad de los sectores del Ministerio, incluyendo no sólo las notas periodísticas sino también los cursos de capacitación y disertaciones, sean previamente remitidas a la Secretaría —en ese momento a cargo del Cardozo— y al área de prensa central, ‘antes de darla a conocer en el medio de comunicación que fuere’ (incluyendo las redes sociales). Todo esto, so pena de posibles sanciones”, recupera Hernández Maqueda.
“De una lectura simple y rápida del documento —una clara mordaza para sus destinatarios—, se desprende que resultó gravemente afectado el ejercicio de la libertad de expresión de los dependientes pertenecientes al sistema de salud pública de gestión estatal de la Provincia de Córdoba. Al mismo tiempo, restringió de manera ilegítima el derecho a todos los ciudadanos de poder acceder a información de carácter pública y esencial”, fundamentó.
El actual legislador, por entonces sin representación parlamentaria, denunció a Cardozo en julio de ese año. “Como cualquier investigación contra un funcionario del PJ provincial, poco avanzó”, resumió. “Por esto, es necesario detenerse en el accionar del fiscal José Alberto Bringas, titular de la fiscalía que recibió la denuncia, quien no avanzó con la investigación y la sanción de los responsables. En paralelo, el exgobernador Juan Schiaretti, conociendo del accionar ilícito y abusivo de su entonces secretario, lo ascendió a ministro”.
En la presentación, el legislador luego relaciona estos hechos con la actualidad de Cardozo, quien está siendo enjuiciado junto a otros exfuncionarios de Salud y del hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba por delitos que van de la omisión de deberes de funcionario público al encubrimiento de las muertes de bebés en ese centro de salud público provincial.
“De la responsabilidad de Bringas como fiscal, hay una duda que aparece en letras capitales: si el exsecretario Cardozo –denunciado en 2018, posteriormente ministro– no hubiera cercenado la libertad de expresión de los médicos y personal de salud, la muerte de estos bebés, ¿se hubiera prevenido? La irregularidad de la situación y el problema a abordar, ¿se hubiera conocido antes? No tenemos la certeza, pues es historia contrafáctica, pero sí podemos aseverar que el encubrimiento, el silencio, el cercenamiento de la libertad de expresión y el ocultismo parecen prácticas comunes para el doctor Cardozo, que las ejercita sin importar el puesto político que ocupe. De la cronología de los hechos, surge que hubo dilación evidente en el caso de los asesinatos en el Neonatal y que, si las autoridades sanitarias hubieran obrado conforme a sus competencias, funciones y obligaciones, se podría haber evitado una serie interrumpida de fallecimientos sin causa científica que los justifiquen”, vincula una cosa con la otra el legislador provincial.
La comisión del Jury tiene que decidir en sus próximas reuniones si admite o no el proceso.
