La situación judicial del inspector de tránsito escrachado por estacionarse sobre una senda peatonal e insultar a un jubilado de 75 años por filmarlo se complicó luego de que el fiscal Distrito 1, Turno 3, José Mana, solicitara al juez de Control que sea enjuiciado por presunta coacción y daño, según informó una fuente judicial.
El fue el 9 de mayo de 2018, cerca de las 12.30, en calle Pringles, de barrio General Paz, luego de que el inspector fuera filmado por Juan Antonio Agú, cuando él volvía de la casa de una de sus hijas. Al ver la camioneta oficial de la Municipalidad estacionada sobre la senda, le sacó varias fotos y filmó al inspector, Carlos Alfredo Ruíz Díaz.
En el video completo, al que accedió La Voz, se observa cuando el inspector le dice a Agú: "Vos estás prepeando. Dale, ¡caminá! Caminá antes de que te manotee el celular y te lo tire a la mierda. ¿Querés que te lo tire a la mierda?".
"No le gustó nada y activé el video, sin ninguna maldad", señaló por entonces el jubilado a La Voz . De inmediato, Ruíz Díaz se bajó de la Renault Kangoo y –según Agú– comenzó a insultarlo.
Luego, se observa que el inspector busca quitarle el equipo móvil: “Me forcejeó, me quería sacar el teléfono. Ahí fue cuando la chica (una inspectora que estaba cerca) actuó en mi favor”, contó.
“Estacioná bien, pedazo de b...”, le respondió Agú, mientras finalizaba el registro audiovisual. “No me gustó el ejemplo que da la Municipalidad”, señaló el jubilado.
Posteriormente, Agú lo denunció penalmente en la Justicia por "amenazas calificadas" y "daños". Paralelamente, el inspector fue suspendido dos meses en sus funciones activas (aunque realizaba tareas pasivas).
Juicio
El fiscal Mana lo imputó por coacción y este lunes le pidió al juez de Control la elevación de la causa por presuntas coacción y daños.
El defensor del municipal tiene cinco días para oponerse al pedido de elevación a juicio. El juez de Control deberá analizar el eventual planteo y resolver en cinco días. Si no hay oposición, el pedido del Ministerio Público debería ser confirmado e ir a juicio.
Carlos Nayi, abogado del jubilado, indicó que la coacción contempla una escala penal de dos a cuatro años de cárcel y el daño, de 15 días a un año.
