Un tema para el debate y la controversia se empieza a instalar en Córdoba a raíz de un proyecto de ley que propone cobrar aranceles a los residentes de otras provincias y países que se atiendan en hospitales públicos de esta provincia. La iniciativa del legislador opositor Juan Pablo Peirone (Juntos por el Cambio) hace referencia a las prestaciones de alta complejidad, los tratamientos de alto costo o las cirugías programadas, pero no a las urgencias.
El proyecto contempla el cobro de un arancel –tomando como referencia lo que paga la obra social provincial Apross– a los pacientes que vengan de otras provincias o países a solicitar tratamientos o cirugías programadas. Se basa en que el sistema de salud se encuentra saturado debido a la crisis económica nacional.
La respuesta no tardó en llegar. Marta Guerreño López, presidenta de la Unión de Colectividades y Migrantes de Córdoba, sostuvo que el proyecto es una pérdida de tiempo. “El legislador debería ocuparse de cosas que realmente hacen falta, de cuestiones urgentes y necesarias para los cordobeses, sean nacidos o no en esta provincia”, dijo.
La referente sostuvo que Córdoba no se encuentra en una zona de frontera, como Jujuy, Salta, Misiones o Formosa. “Es muy raro que una persona del exterior venga a hacerse un tratamiento acá y se vaya, salvo que tenga algún familiar. Esta no es una provincia con zonas fronterizas donde la gente pueda venir a hacerse atender y después regresar a su país”, señaló.
Guerreño López indicó que la palabra “extranjeros” hace referencia a dos situaciones muy distintas. Por un lado, hay residentes que tienen documentos argentinos o un trámite en vigencia (con certificado provisorio o “precario”, como le llaman). “En este caso, los residentes pagan los impuestos y tienen derecho como cualquier hijo de vecino a recibir salud gratuita”, expresó.
En cambio, aquellas personas que no tienen documento permanente o provisorio son tratados como extranjeros. “Los hospitales públicos no los atienden, salvo que sea una urgencia. Pueden acceder a un parto o a una emergencia, pero nunca a un tratamiento de alto costo o una terapia oncológica como dice el proyecto de ley”, acotó la mujer.
No se colocan prótesis ni se hacen cirugías programadas a extranjeros que no tengan documento argentino. “Los hospitales no los atienden, salvo que sea una emergencia. Los mandan a migraciones a hacer el trámite pertinente”, agregó.
Guerreño López aclaró que no es facultad de una provincia hacer un convenio con un país: “Eso debería fijarlo Cancillería. Es una cuestión nacional. Es imposible pretender reciprocidad con otros países. No hay forma de que otras naciones se hagan cargo de una política pública que es deficiente. En todo caso, eso no se resuelve con la legislación de una provincia sino que se tiene que tratar a nivel nacional”.
Repercusión en la Unicameral
Cristian Frías, presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura cordobesa, dijo que el proyecto se evaluará. “Seguramente se tratará en comisión”. Pero en el oficialismo de Hacemos por Córdoba no aparecería por ahora voluntad de apoyo.
Frías aclaró que el Ministerio de Salud de Córdoba ya mantiene convenios con otras provincias, mediante los cuales se recuperan los gastos de los pacientes que no residen aquí.
“Cuando viene a un hospital público un paciente de otro lado que necesita una prestación, se hace una factura y se le cobra a su provincia de origen. Ya existen convenios de reciprocidad y recupero de gastos”, indicó Frías.
Respecto a la cantidad de extranjeros que se atienden en los hospitales públicos, el legislador aclaró que no se cuenta con cifras concretas, pero estimó que no representan un porcentaje destacado en relación con el total de pacientes que acuden al sistema público provincial. “No tenemos una alta demanda de extranjeros”, sostuvo.
Qué dice el proyecto
La iniciativa que ingresó a la Legislatura para su análisis propone regular el acceso a los servicios de salud que se brinda en los centros de atención que dependen del Gobierno provincial.
Crea aranceles para los pacientes que sean de otras provincias o de otros países y que, sin contar con domicilio (residencia) en esta provincia se atiendan en hospitales públicos provinciales.
También contempla que exista un régimen de reciprocidad, compensación y aranceles acorde a la prestación de servicios de salud a personas extranjeras o de otras provincias. Ese régimen de reciprocidad con otras provincias y países deberá contemplar un mecanismo de recupero de gastos a cubrir en su totalidad, siempre basados en los costos establecidos en el nomenclador de la obra social provincial Apross al momento de la prestación, señala el proyecto.
Peirone es médico en Río Tercero, ciudad donde fue candidato a intendente en tres oportunidades. Milita en el Frente Cívico y Luis Juez había anunciado que sería su ministro de Salud si era elegido gobernador de Córdoba en 2023. Es legislador departamental por Tercero Arriba por Juntos por el Cambio.
Fundamentó su iniciativa en lo que entiende es la saturación que está sufriendo el sistema de salud provincial, situación que –sostiene– está relacionada con la crisis económica nacional.
Sostuvo que “la política de igualdad para todos los habitantes que se encuentren en territorio nacional ha generado una saturación sobre el sistema de salud provincial debido a que muchos extranjeros realizan en hospitales públicos de Argentina y sobre todo de nuestra provincia, intervenciones programadas de alto costo, tanto clínicas como quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes y partos, entre otras, sin que se hayan arancelado estas prestaciones, que no son emergencias ni urgencias, sino programadas”.
Su proyecto está acompañado por los legisladores Nancy Almada, Walter Gispert, Daniel Juez, Viviana Martoccia y Carmen Pereyra, del mismo bloque en la Legislatura.
“Esta ley implica una reforma integral con el objetivo de modernizar, reorganizar y optimizar todos los recursos sanitarios a través de la regulación de la atención de los pacientes foráneos proponiendo el recupero de gastos desde las provincias o países asistidos”, expresó Peirone.
En Salta, primera experiencia
El gobierno de Salta estableció en febrero de este año el arancelamiento de la atención sanitaria para los extranjeros que se encuentren en la Argentina de manera temporal, de vacaciones, o que tengan una residencia precaria, es decir, no permanente.
La medida, la primera en esa línea que toma una provincia argentina, es sólo para extranjeros (no para visitantes argentinos) y se aclaró que la atención en casos de emergencias está garantizada y no deberá ser abonada.
La decisión quedó plasmado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 129 a través del cual el gobernador Gustavo Sáenz determinó que los extranjeros contribuyan a solventar los gastos que genera su atención sanitaria en los centros de salud provinciales, ya sea por sí mismos o a través de un seguro de salud. “La medida procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño”, indicaron desde ese Gobierno, que fundamentaron la medida en la emergencia económica que atraviesa el Estado provincial y en la alta y creciente demanda que atraviesa el sector público de salud.
En el primer mes de aplicación de la medida, desde el Gobierno salteño se aseguró que se redujo más del 80% la prestación a personas de paso del exterior.
