Las capacitaciones en perspectiva de género a los agentes del Estado, establecida por la ley Micaela desde 2018, avanza a nivel nacional y provincial de manera dispar, aunque desde ambos niveles aseguran que se pone foco en completar la primera etapa para comenzar a pensar en una siguiente, que profundice y amplíe algunos conceptos.
El avance en dos años y medio de aplicación ha sido importante, teniendo en cuenta lo que implica engranar un mecanismo de capacitación generalizado y masivo, aunque aún falta un buen recorrido para completar a todo el personal estatal en políticas de género.
Si bien no hay números o porcentajes absolutos de aplicación, se pueden recuperar algunas cifras con base en la información proporcionada por Nación y Provincia, teniendo en cuenta que la planta de empleados se va renovando año a año.
La ley 27.499, llamada “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los Tres Poderes del Estado” se aprobó en diciembre de 2018 y fue promulgada un mes después. A lo largo de 2019 comenzaron a diagramarse los contenidos para aplicarse en el ámbito público nacional, provincial y municipal.
Córdoba adhirió a la ley nacional en mayo de 2019 y comenzó a diagramar los contenidos. Primero fue el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el encargado de la aplicación y luego, con el nuevo mandato, el Ministerio de la Mujer que se creó en diciembre de 2019. Es el organismo que entrega la certificación oficial en la provincia.
Los municipios y otras dependencias pueden usar los contenidos y material que otorga el Ministerio de la Mujer o gestionar sus propios contenidos y metodologías (adaptándolos a las distintas realidades y territorios), pero estos deben ser aprobados por la Provincia.
Qué exige la ley
La ley establece cuatro ejes básicos contemplados en la capacitación que es mayormente virtual, aunque también se generan, según las áreas y jurisdicciones, instancias presenciales.
Los cuatro ejes son: derechos humanos (marco normativo nacional e internacional; introducción a la perspectiva de género y diversidad; violencia de género (tipos de violencia y modos), y perspectiva de género en organismos del Estado con fuerte eje en la transversalización.
El fin consiste en cambiar el paradigma de mirada social anclada en un sistema patriarcal hacia una mirada sostenida en los valores de la igualdad y de los derechos humanos.
Qué pasa en Córdoba
El Ministerio de la Mujer de Córdoba indicó que el porcentaje de implementación en los altos cargos de funcionarios y autoridades provinciales alcanza el 90%.
Sin embargo no se mantiene ese porcentaje hacia los puestos del personal estatal de menor rango, que constituye la mayoría.
Desde el Ejecutivo provincial explicaron que no tienen un porcentaje total, pero brindaron algunas cifras para dimensionar su aplicación.
Según estas cifras se capacitó un total de 41.615 personas de la administración pública provincial. Esto incluye también a docentes, policías y personal de salud.
En esa cifra se incluye a algunos responsables de municipios, pero no incluye a los empleados judiciales, que tienen su propia plataforma.
Para dar una dimensión, incluyendo a los empleados de los tres poderes, la Provincia tenía 126.459 empleados a fines de 2022.
Es decir, queda un largo camino por recorrer, aunque desde el Ministerio de la Mujer aclararon también que la lectura de los números no es lineal, ya que en esos 41.615 no están contadas, por ejemplo, capacitaciones específicas como las que se dan en la diplomatura de acompañantes contra la violencia de género. Esa diplomatura, que está destinada a la población en general, otorga puntaje docente y es obligatoria para acceder a altos mandos de la Policía. En 2022 otorgó certificados a 9.376 personas.
En la Policía de Córdoba, desde 2021 se implementa la capacitación a través de una plataforma propia. Desde la Provincia indicaron a este diario que desde 2021 hubo 13.787 agentes de esa fuerza que aprobaron la capacitación, independientemente de la metodología usada.
En el ámbito legislativo provincial el porcentaje de aplicación llega al 82% de legisladores y asesores.
Fuera del Estado
Aunque la ley sólo es obligatoria para agentes del Estado, desde el área destinada a la implementación de las capacitaciones en la Provincia, que cuenta con seis profesionales y está a cargo de Yohana Artico, indicaron que también reciben pedidos de capacitación de ONG, instituciones externas y otros organismos.
“Implementamos la ‘ley Micaela Ciudadana’, destinada a personas que no necesariamente son agentes del Estado, y la ‘ley Micaela en el Deporte’, que fue lanzada el año pasado”, explicaron desde el área.
También hay una mesa interministerial en la que se están llevando propuestas para una futura segunda etapa con contenidos específicos de la ley, algo que profundice la temática, según aseguraron desde el Gobierno.
Por su parte, del total de 427 municipios y comunas que tiene la provincia, 278 participaron de capacitaciones que brinda la Provincia, con al menos una parte de sus agentes o funcionarios.
En la Nación
En el ámbito nacional se capacitaron entre diciembre de 2019 y octubre de 2022 un total de 222.935 agentes y autoridades de los tres poderes. Actualmente, cuentan con 67 programas situados de capacitación de Ley Micaela, que abarcan 129 organismos.
Sólo el Ejecutivo nacional tiene 400 mil trabajadores por lo que, en este sentido, también falta por avanzar para completar la totalidad o un alto porcentaje de aplicación.
Victoria Obregón, directora Nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, destaca que es necesaria la adaptación de las capacitaciones a cada área y jurisprudencia y con modalidades de taller para que sea realmente un ámbito de reflexión y no sólo un cumplimiento formal obligado.
En cuanto a la aplicación en los ministerios nacionales, el resultado es dispar. Algunos, como el Ministerio de Desarrollo Social, presenta un porcentaje del 60%, mientras que otros (como Seguridad con el 18% y Salud con el 29%(marcha más atrás.
“En los ministerios que tienen gran cantidad de personal es más lento el avance”, reconoció Obregón y anticipó que en febrero publicarán un informe puntualizando la implementación en cada cartera.
Luego agregó: “Para llegar a esas 220 mil personas hubo una tarea de mucho diálogo y puente para fortalecer los equipos, con la idea de que se puedan fortalecer”.
Obregón indicó que en 2020 trabajaron más sobre las primeras líneas de autoridades y luego hacia el resto del personal de forma progresiva. Desde aquella escena del 2020 del Presidente y los ministros recibiendo la capacitación a hoy, hay 7.000 autoridades nacionales capacitadas de los tres poderes del Estado, según indicaron desde el Ministerio.
Al igual que en Provincia, desde Nación indicaron que llegan solicitudes de capacitación del sector privado, desde organizaciones sociales e instituciones.
“Córdoba tiene un buen trabajo y una pedagogía potente”, dijo la funcionaria nacional respecto a la provincia.
Desde los dos ministerios de la Mujer (el nacional y el provincial) reconocieron que persiste cierta resistencia a la obligatoriedad, que se ve más en los puestos que no son directivos y sobre todo en las jurisdicciones alejadas de las grandes ciudades y en los varones.
