“Resulta inadmisible mantener en exceso a las personas ya alojadas en el Establecimiento Penitenciario N° 9 donde -por ejemplo- más de la mitad de los internos se ven obligados a pernoctar directamente sobre el suelo –ni siquiera en colchones-, en condiciones que resultan intolerables desde una perspectiva constitucional y convencional“. Con este fundamento, la jueza Celeste Ferreyra decidió ordenar el traslado, de las personas privadas de libertad alojadas en la ex Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) que que se encuentren a disposición de fiscalías de instrucción y/o tribunales del interior provincial hacia los establecimientos penitenciarios correspondientes a dichas jurisdicciones.
A su vez, desde hace una semana está prohibido por la jueza el ingreso y alojamiento en el EP9 de nuevas personas privadas de libertad puestas a disposición de fiscalías de instrucción y/o tribunales no pertenecientes a la primera circunscripción judicial (correspondiente al distrito de Capital y el Gran Córdoba).
Esto ya originó una reubicación de los detenidos, implementada por el Servicio Penitenciario, lo que logró descomprimir un 20 por ciento la ex UCA. De todos modos, la saturación subsiste, porque la capacidad de alojamiento de este establecimiento estaba colapsada, con más del doble de detenidos en relación a su capacidad, de unos 500 internos.
Según datos del Servicio Penitenciario, de una población de 1.357 internos en la ex UCA, se pasó a 1.105 este miércoles, entre los alojados en ese establecimiento y los detenidos en un anexo que llaman “mini UCA” ubicado en el mismo predio que el Complejo Esperanza.
Esta medida no resuelve todavía el habeas corpus planteado por un grupo de detenidos en la ex UCA, es una medida urgente adoptada por la jueza Ferreyra, mientras continúa el estudio de la resolución de fondo. Lo explica de este modo: “El 24 de febrero se inició el presente habeas corpus correctivo. Atento a que la situación -el presumible agravamiento ilegítimo de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad- puesta en conocimiento de este Juzgado se proyectaba sobre toda la población carcelaria alojada en el Establecimiento Penitenciario N° 9 (ex UCA), se le otorgó carácter colectivo. Aunque el presente habeas corpus se encuentra en trámite, pendiente de resolución, la situación constatada me obliga a adoptar medidas urgentes, excepcionales y de extrema necesidad que permitan descomprimir la sobrepoblación carcelaria excesiva allí existente".
Este desborde “no solo se supera ampliamente la capacidad para la que fue diseñado, sino que genera condiciones de hacinamiento que comprometen gravemente la salud, la integridad física y psíquica de las personas allí alojadas”, fundamenta la jueza.
El habeas corpus no fue resuelto, pero desde febrero la jueza listó que se adoptaron diversas medidas, “entre las que cabe destacar la visita -sin previo aviso- al establecimiento, en la cual se constató un gravísimo hacinamiento”.
Asimismo, resumió, “se convocó a una audiencia preliminar con los diversos estamentos con responsabilidad en la materia, en la que los distintos actores asumieron una serie de compromisos”. En esa reunión participaron representantes del Ministerio de Justicia provincial, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio Público Fiscal y de la oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia.
Estas medidas son parte también de las que se están utilizando para aliviar el estrés de todo el sistema. Con la emergencia carcelaria, aprobada este lunes en la Legislatura, se habilitó al Servicio Penitenciario a trasladar internos y readecuar los espacios.
Los alojamientos en el interior no se usaban desde antes de la pandemia y el Servicio Penitenciario ya readecuó horarios e instalaciones para poder albergar a los detenidos en esas jurisdicciones, informaron desde el Gobierno provincial.
