“Los vecinos le decimos No a la construcción de este centro del aprehendido”. Esa fue la consigna de los vecinos autoconvocados de los barrios La France, Alto Verde, Los Boulevares, Las Magnolias y Zumarán, quienes se oponen a la construcción del Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas (CRPPA), cuyas obras comenzaron tiempo atrás sobre avenida Cardeñosa. Y al parecer, la resistencia logró sus objetivos.
“No hay licencia social, por eso la decisión es que no funcione en ese lugar este centro de recepción de procedimientos. No tiene sentido hacer una inversión millonaria de infraestructura en un lugar donde no se la quiere”, confirmó a La Voz el ministro de Justicia y Trabajo provincial, Julián López.
¿Y dónde se hará? “Estamos trabajando en diferentes alternativas. El lugar potencialmente más factible es un terreno provincial, en barrio Müller, cerca de Circunvalación, con fácil acceso, algo que es fundamental por el tipo de actividad que tendrá”, explicó el ministro.
La obra en cuestión no reemplaza a la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), que tiene una capacidad de alojamiento temporal de unos 700 a 1.000 detenidos. El Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas (CRPPA) busca ser el reemplazo de la Alcaidía de Tribunales 2, donde quienes son detenidos son alojados temporariamente mientras se les realizan peritajes médicos, toma de huellas dactilares y se define su situación.
“Es un centro con una capacidad prevista para no más de 200 personas, quienes no deberían pasar allí más de 12 horas. Son personas puestas a disposición del Ministerio Público Fiscal y que cuentan con custodia del Servicio Penitenciario de Córdoba”, describió López.
“Este centro de recepción es otro paso más en materia de transparencia y garantización de derechos de los detenidos, con una infraestructura adecuada. Córdoba es una de las pocas provincias que no tiene, desde hace años, detenidos en comisarías. Ahora se busca avanzar todavía un paso más”, destacó el funcionario provincial.
El edificio, cuya obra ya estaba en marcha en la avenida Cardeñosa al 2.900, al lado del hospital Materno Neonatal y al frente de una de las estaciones del Tren de las Sierras, había sido diseñado en forma específica para centralizar el ingreso de detenidos en flagrancia.
Los trabajos en el lugar se paralizaron, mientras se estudia darle otro destino, para lo cual ya trabaja el Ministerio de Infraestructura en una readecuación que sirva para albergar algún otro establecimiento público provincial.
La confirmación de López supone una suerte de “victoria” para los vecinos que pedían que se lo traslade a otra zona de la Capital. Pensaban que esta obra les traería más inseguridad de la que ya están padeciendo. “No podemos tener este centro en medio del hospital, de escuelas, y con la inseguridad en el medio de nuestras vidas”, dijo una de las voceras de los vecinos.
“No nos consultaron”
Unos de los puntos principales que plantearon los vecinos es que no los habían consultado acerca de la instalación de una alcaidía en la zona, y se enteraron de la obra recién cuando se colocó el cartel, en los primeros días de diciembre de 2023, informando que la construcción estaba a cargo de la contratista Cova S.A con un plazo de ejecución 210 días y un costo total de $ 779.176.148.
“Tendrían que haber hecho un estudio de impacto socioambiental. Acá vivimos personas de más de 50 años, transitan mamás a cada rato hacia el hospital, los chicos pasan al colegio, además hay una parada del tren donde baja mucha gente”, contó Edgardo Cangioli, presidente del centro vecinal de barrio La France.
La semana pasada los vecinos se reunieron con autoridades del MPF y de la Provincia, y ante la explicación del proyecto les plantearon que no es el lugar indicado para construirlo y propusieron alternativas en reemplazo de la alcaidía, como por ejemplo un hogar para madres solteras o una nueva escuela.
Amparo ante la Justicia
María Rosa Frontera Vaca, abogada de los autoconvocados, dijo días atrás a La Voz que realizaron diversas presentaciones de notas al Defensor del Pueblo y al gobernador y anticipó que presentarían un recurso de amparo, que ahora quedaría abstracto.
Desde la semana pasada la obra se encuentra paralizada. Consultados por La Voz, los obreros contaron que el personal contratado para la obra fue despedido.
