Le cortaron el abono del teléfono y le prohibieron salir del país, por no cumplir con la cuota alimentaria de sus dos hijos. Le trabaron embargo a su sueldo y para no pagar los alimentos, renunció, al momento de que llegó el oficio judicial a su lugar de trabajo. Cambió de empresa proveedora de teléfono y, como no se pudo viajar por la pandemia, el impedimento para trasponer fronteras dejó de tener eficacia. Entonces, la Justicia decidió cortarle su nueva línea telefónica y retenerle su carné de conducir de motocicletas, además de prohibirle que pueda tramitar nuevas licencias hasta que se ponga al día con sus obligaciones de mantenimiento familiar.
La decisión es del Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Tercera Nominación de Bell Ville, a cargo de Eduardo Bruera, y se enmarca en perspectiva de género por considerarse que existía violencia económica y patrimonial.
Las primeras medidas de sanción se dictaron en diciembre de 2019: la prohibición de salida del país y el corte de la línea de teléfono que tenía bajo el servicio de Telecom. También se trabó embargo sobre su sueldo, pero se documentó que “al llegarle el oficio de retención por cuotas alimentaria futuras volvió a renunciar de forma inmediata”. Fue entonces cuando el abogado que representa a los hijos pidió nuevas limitaciones. “Atento la situación de pandemia que atravesamos la prohibición de salir del país ha perdido mucha fuerza por lo que se solicitó se amplíen al corte de líneas telefónicas fijas y/o celulares e impedimento de otorgar nuevas líneas mientras dure la situación de incumplimiento y retiro de licencia de conducir ciclomotores y prohibición de nuevas licencias”, planteó.
El hombre siempre ha trabajado con maquinarias agrícolas, no trabaja como delivery ni cadete en motocicleta sino que lo hace por ocio, es por esto que la sanción no atenta contra la posibilidad de procurar ingresos y cumplir la obligación con sus hijos, argumentó la querella.
“El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Se trata de una norma abierta que faculta al juez para disponer ‘medidas razonables’ para asegurar el cumplimiento de la cuota establecida, por lo que está abierta a la creatividad de los operadores jurídicos en proponerlas, y a la razonabilidad del juez al aplicarlas”, fundamenta, en su resolución, el Juzgado.
El juez accedió a las medidas propuestas, además de ordenar su inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y "otras medidas restrictivas para coercer su cumplimiento, a saber: astreintes, y prohibición de salir del país". Astreintes es un término jurídico que se podría traducir como “intereses”. “Son las sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial, y que son requeridas por el juez a razón de una suma de dinero por cada día, cada semana o cada mes en que un deudor retarda el cumplimiento de una obligación determinada”, es una definición común del término.
En la sentencia el Juzgado incorporó el apercibimiento de que en caso de persistir el progenitor en dicho incumplimiento, las medidas podrían ser ampliadas.
“De otro costado, esta conducta omisiva del progenitor configura a todas luces un caso de violencia de género. La violencia económica y patrimonial se configura cuando se produce el menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales de la mujer mediante la limitación de los ingresos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir a una vida digna. Adviértase, entonces, que la falta de pago de la cuota alimentaria afecta directamente a la madre, pues ocasiona un deterioro de su situación económica, ya que debe cubrir de manera exclusiva las necesidades materiales de su hija, con la consiguiente limitación injustificada de sus propios recursos económicos”, entendió el juez Eduardo Bruera.
“Las medidas coercitivas o conminatorias no tienen como finalidad castigar una conducta ya producida, sino que apuntan a vencer la resistencia al cumplimiento, sea directamente mediante la compulsión física sobre la persona obligada, o indirectamente a través de la afectación o amenaza de afectación a los derechos e intereses de esa persona, que le cause más perjuicio que la ventaja que espere obtener con el incumplimiento”, explica, en su razonamiento justificatorio, Bruera.
