“Del deceso de Luciano Valentín Aranda existen responsables. A los traídos a proceso no les puedo achacar responsabilidad penal. Si hubiere responsabilidad y el tipo de responsabilidad que les cabe, deberán decirlo otras instancias. Por caso, el Juzgado Civil y Comercial ante la demanda de reclamos de daños y perjuicios contra la Municipalidad de Córdoba, y eventualmente responsabilidad penal, si le cupiera a alguien, por lo que deberá continuarse con la investigación”.
Con estas palabras, concluye el voto del camarista Leandro Quijada la fundamentación de las cuatro absoluciones de los empleados y funcionarios municipales que habían sido llevados a juicio por la muerte del adolescente Luciano Aranda, en una plaza de barrio Alto Alberdi, en enero de 2022. Acompañaron, en el acuerdo, sus colegas en la Cámara Tercera del Crimen Gustavo Ispani y María de los Ángeles Palacio.
El evento ocurrió el 25 de enero de 2022, en una plaza pública sin nombre ubicada en Tristán Achával Rodríguez 1953, en el corazón de barrio Alto Alberdi.
Luciano tenía 14 años y había salido de su casa junto a su hermano de 12 para jugar con algunos amigos. Cuando fue a buscar una pelota, el adolescente apoyó su mano en una columna de alumbrado público de la plaza y recibió una descarga eléctrica mortal.
“La cuadrilla integrada por Chocobares y López concurrió al lugar a resolver un reclamo por falta de luminosidad y ello se hizo. Se revisó las instalaciones y hasta donde se pudo con los instrumentos que se llevaba se dejó en funcionamiento. Entonces, no se advierte cual ha sido la omisión que le sea reprochable. Revisaron las conexiones, hicieron las mediciones correspondientes y dejaron dentro de sus posibilidades las luminarias encendidas. No se advierte que debieran realizar otras tareas más que las que realizaron”, argumenta Quijada.
“Había un déficit en los instrumentos de seguridad, pues ello es así, y luego se analizará, pero no estaba dentro de las funciones resolver dicho déficit y tampoco tenían la posibilidad de hacerlo. Digo por caso, hacía falta una llave térmica tanto en el tablero como en las columnas luminarias, pero no estaba prevista la instalación de las mismas y por cierto tampoco estaba dentro de las posibilidades de la cuadrilla hacerlo. Salvo que le exijamos que la provisión de las llaves térmicas debiera ser a su coste, lo cual aparece irracional. No les correspondía instalar llaves térmicas ni disyuntores. No les correspondía a él adecuar las instalaciones a los estándares de seguridad más modernos. Por caso, que las cajas de las luminarias estuvieran a mayor altura que las que lo estaban en la plaza en cuestión, y en todas las luminarias públicas de la ciudad de Córdoba”, sigue argumentando el juez.
Lo cierto es que el siniestro develó un problema crítico de seguridad eléctrica en casi todas las plazas de la ciudad de Córdoba.
La plaza donde murió electrocutado Luciano Aranda era una de las más de 1.130 en la ciudad de Córdoba que incumplían los requerimientos de la Ley de Seguridad Eléctrica. Aún quedan 22 apagadas, por estar fuera de norma y con instalaciones poco seguras.
Respondiendo a un pedido de información de La Voz, la Dirección de Alumbrado Público de la Municipalidad de Córdoba detalló que la ciudad de Córdoba cuenta actualmente con 1.265 plazas con infraestructura de alumbrado público y que a partir de la entrada en vigencia de la ley se hicieron trabajos en 1.130.
Desde ese año hasta la actualidad, se intervinieron 1.130 plazas. De ese total, en 499 se realizaron obras nuevas: tableros de comando, protección y medición, cableado subterráneo, puesta a tierra, columnas y luminarias. En otras 631, se llevaron a cabo obras de adecuación al mencionado Reglamento Técnico y mitigación de riesgos", precisaron.
Queda trabajo por hacer: “Las 135 plazas restantes se encuentran apagadas en razón de la necesidad de ejecutarse allí obras nuevas. No obstante, en 31 de ellas los trabajos se encuentran en curso”, precisaron en ese momento. En la última actualización de esa información se precisó que en estos meses se lograron poner en condiciones otros nueve espacios verdes, quedando sólo 22 apagados.
Las nuevas plazas rehabilitadas con instalaciones seguras son dos en barrio Parque Liceo 2ª Sección, otras dos en barrio Yofre, una en Parque Las Rosas, otra en barrio Smata, una más en loteo 179 viviendas y dos en barrios de Hogar Clase Media mix.
Esta condición de falla estructural es la que permite a los jueces afirmar, también sobre los imputados que tenían responsabilidades funcionales, que “sobre el déficit estructural de las instalaciones de iluminación pública, tampoco ellos tenían el control específico del riesgo de las instalaciones donde se produjo el accidente y mucho menos la obligación de reemplazo”.
“La dependencia municipal encargada del alumbrado público carecía de un plan de control preventivo de las instalaciones. Todos actuaban a requerimiento para corregir déficit a reclamo de los vecinos”, remarcaron los vocales.
El contexto en el que se produjo el siniestro también fue valorado. “Nos encontrábamos en pandemia, por lo que el servicio se veía reducido por la cantidad de personal que estaba gozando de licencias anuales (cinco cuadrillas para toda la ciudad, constituidas por dos miembros cada uno). No se trabajaba preventivamente, sólo se atendía la consulta por restablecimiento del servicio, o sea se hacía trabajo correctivo, y sobre este también había dificultades para completarlo”, remarcaron.
Y se pusieron en relieve otros atenuantes para condenar, pero que evidencian la comprensión de un problema más grave, de carácter estructural. “El personal no estaba adecuadamente formado (recién después del hecho se hicieron cursos de electricista). Se había suspendido la entrada en vigencia de la ley 10281 de Seguridad Eléctrica, sancionada por la Legislatura de Córdoba. Todas las plazas de la ciudad se encontraban en estado similar a la de Achával Rodríguez, con luminaria deficiente, vandalizadas y algunas con riesgo eléctrico”, enumera el fallo.
Los fundamentos citan a uno de los expertos que declaró en el juicio, el ingeniero Dante Pedraza: “El 99 por ciento de la luminaria de la ciudad estaba en igual estado a la del poste del hecho Después del hecho se contrataron siete empresas para adecuar las plazas, Alumbrado Público no estaba en condiciones para hacer esa adecuación. Tampoco puede hacer ningún tipo de control”.
No había telurímetro, tampoco. Pero “una correcta puesta a tierra hubiera evitado el accidente eléctrico, es la principal protección contra un macrochoque directo”, también dijo Pedraza. El abogado que representa al padre de Luciano, Santos Aranda, el penalista Carlos Nayi, anticipó que irá a casación contra esta sentencia.
