Como buena tradición arraigada, en mi casa natal se ven Los ocho escalones. Con la tele a todo volumen, mis padres se disputan todas las noches sus conocimientos sobre ciencia, matemáticas, cine y chimentos.
En mis últimas vacaciones, fui parte de este ritual que comparte la mayoría de los vecinos de mi pueblo del nordeste provincial. En una de las ediciones, un participante se emocionó cuando el conductor le preguntó qué haría con el millón de pesos, en caso de ganar.
–Mi mamá tiene cáncer. Necesito plata para pagarle la operación.
Aunque estaba de vacaciones, pensé que sería un buen comienzo para un informe periodístico. Cada vez más personas tienen trabas burocráticas para acceder a un tratamiento o medicación.
Recordé un caso similar: una jubilada que esperó meses para que le extirparan un tipo de tumor y que finalmente accedió por haber contactado al gerente de la obra social. Otra historia relatada por La Voz: la familia de un hombre de Laboulaye que necesitaba una costosa medicación oncológica.
¿Qué será de aquellos que no tienen acceso a los medios?
Las campañas para recaudar fondos para tratamientos médicos no son novedad. Con rifas, clases de zumba o videos virales, a diario se solicitan recursos para cubrir un tratamiento de alto costo que por lo general son experimentales y se realizan en otro país.
Pero los casos de la pospademia son diferentes, porque delatan trabas burocráticas en el acceso a prestaciones básicas que están contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
El médico y especialista en salud pública Nelson Montoya Jaramillo explica el objetivo del PMO: “Contiene el paquete mínimo de prestaciones que cada obra social o prepaga debe cubrir a la población objetivo. El problema es que no se hacen estudios sanitarios serios que demuestren cuáles son las necesidades reales de la gente ni qué patologías necesitan ser satisfechas porque existe una alta demanda”.
El especialista advierte que este programa es “un gran negocio porque ciertas especialidades médicas ejercen su lobby para figurar en la cartilla”.
La pandemia agudizó los problemas en la dinámica del funcionamiento de la salud en la mayoría de los países. El experto enumera algunas particularidades del nuestro: las clínicas tuvieron más gastos que ingresos con pacientes que permanecían mucho tiempo en terapia. Otras patologías no pudieron atenderse en estos años y hoy saturan los internados como demanda retenida. Las obras sociales afrontaron la escalada de precios de medicamentos y tratamientos que están dolarizados, trasladando el costo al paciente con el cobro de plus o coseguros muchas veces indebidos.
“Argentina destina entre el nueve y el 10 por ciento de su producto interno bruto en salud; sin embargo, no logra modificar indicadores esenciales, como la mortalidad materna. Se sobredimensiona el valor de la tecnología y se gasta mucho en medicamentos. Somos profesionales de la salud que vivimos de la enfermedad, cuando otros países se ocupan de mantener a las personas sanas”, agrega.
Iván Ase, médico magíster en Salud Pública, considera que la crisis en el sistema de salud argentino es un problema estructural y crónico, con un sistema fragmentado entre sectores que no dialogan entre sí y una medicina cada vez más resolutiva, pero más cara.
“En este contexto surgen interrogantes: ¿con qué alcance el Estado debe garantizar el derecho a la salud? La legislación nacional sostiene que debe hacerlo en forma universal, plena, sin limitaciones. No obstante, existe una creciente preocupación por la viabilidad financiera de esta promesa”, sostiene Ase.
La batería de posibles soluciones es tan amplia como el problema mismo. Los especialistas sostienen que debe debatirse primero qué consideramos como salud universal.
Un nuevo paradigma plantea la regla de un universalismo básico: concentrar las acciones públicas en prestaciones esenciales, seleccionadas según criterios técnico-científicos explícitos. “Estas prestaciones constituirían un piso de protección que se irá ampliando con el tiempo, si la estrategia se fortalece”, resume Ase.
La creación de una agencia que evalúe el costo y la efectividad de cada tratamiento (sobre la base de la evidencia científica) es otra solución posible, aunque gradual, a un problema que, más que crisis coyuntural, es ya una enfermedad crónica.
