La Municipalidad de Villa Allende, en el Gran Córdoba, prepara los pliegos de bases y condiciones para la licitación pública para la instalación de los portones a usar en el cierre nocturno de varias calles.
La medida forma parte del “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal de la ciudad”, y limitará el acceso a ciertos barrios durante el horario nocturno mediante rejas en la vía pública.
Los primeros 15 cerramientos se harán dentro de un mes en Pan de Azúcar y Loma Sur de esa ciudad, y será una prueba piloto para determinar si funcionan ante la inseguridad, para luego avanzar con otros barrios.
La idea del municipio es inédita en el país y controvertida: hay vecinos que se oponen porque consideran que la normativa vulnera los derechos de libre circulación.
Además, la oposición fue a la Justicia con una denuncia penal a las principales autoridades del municipio.
A pesar de ello, en los dos barrios mencionados el resultado del Registro de Oposición, la posibilidad de elección de los vecinos, fue del 1,9%, muy por debajo del 40% que plantea como requisito mínimo de oposición para dejar sin efecto la medida.
Ante ello, el Programa avanza con el polémico cierre de algunas calles en el horario de 22 a 6.
Licitación
El municipio diseña los pliegos y condiciones para lanzar el llamado a licitación pública, que prevé será la semana del 18 al 22 de agosto. Hay empresas interesadas, algunas con base en Villa Allende, otras de la ciudad de Córdoba, entre otras localidades.
“Lo importante es que las licitaciones sean claras, además del diseño de los portones”, afirmó Felipe Crespo, secretario de Gobierno municipal.
Además, argumentó que una vez que se pongan en funcionamiento los portones, en los dos primeros barrios, se sabrá el impacto que tendrán como medida de seguridad.
Denuncia de la oposición
La oposición denunció penalmente tanto a Crespo como al intendente Pablo Cornet por desobediencia y abuso de autoridad.
La denuncia la radicó el concejal Julio Loza, del bloque Elegí Villa Allende, en la Fiscalía Distrito 2, Turno 1 de Córdoba.
Y solicitó que en “forma urgente e inmediata” ordene el cese de los efectos del delito, y en consecuencia disponga se paralice toda actividad, compras, licitaciones y obras, que impliquen la continuidad e implementación de la Ordenanza 14/25.
Loza ratificó que “no se cumplió la orden judicial de la medida cautelar de incorporar a los diez vecinos, porque no los notificaron”.
Aunque tanto Cornet como Crespo indicaron a La Voz que no recibieron ninguna notificación por parte de la Justicia.
“Cumplimos con todo lo que solicitó la Justicia. Esa denuncia no tiene argumento para nada. No hay grises”, apuntó Cornet.
El intendente agregó que el municipio abrió tanto el Registro como la notificación a cada persona además de incluir formalmente a los amparistas tal como les indicó la Justicia.
“No entendemos el por qué de la denuncia”, añadió. Y aseguró que en ningún momento la Fiscalía le pidió que frene el Registro de Oposición, sí solicitó incluir a los amparistas. “Y eso hicimos”, expresó.
Cornet remarcó que “avanzaron con las formalidades y no hay cuestionamientos de fondo de parte de la Justicia”.
Crespo argumentó que esta denuncia es una más de las formulada por Loza. “Lo que hace es judicializar la política. Pone palos en la rueda. Nosotros actuamos de derecho en todas las instancias”, manifestó.
Amparo judicial
Hace dos meses, diez vecinos de los barrios Pan de Azúcar y Loma Sur presentaron un amparo contra la ordenanza 14/25 para ampliar la participación ciudadana en el Registro de Oposición.
La Cámara Contencioso Administrativa 1 de Córdoba hizo lugar al pedido de los vecinos y les permitió dar su voto sin ser inquilinos o propietarios. Pero no frenó el plan de seguridad.
Ahora está en curso otro amparo colectivo, pero que no limitaría que el municipio avance con los cerramientos.
Por eso, la Municipalidad pudo cerrar el registro en dos barrios y argumentar que “son los vecinos quienes solicitan y lo convalidaron con el resultado”, según manifestó Cornet.
El municipio acató la medida, y “los amparistas la apelaron porque quieren que sea colectivo”, añadió María Pueyrredón, letrada de la Municipalidad.
Además, indicó que en realidad, los denunciantes “quieren impedir que el programa continúe su curso”.
En tanto, Javier Saad, uno de los vecinos autoconvocados de Pan de Azúcar, dijo que no quieren los portones porque consideran que es una medida ilegal.
Y afirmó que recurrieron a la Justicia porque no fueron escuchados. “No tuvimos respuestas desde el municipio”, añadió.
Además, explicó que en el primer amparo presentado en la Cámara Contencioso Administrativa solicitaron la inconstitucionalidad por considerar que no hay libre circulación, y el segundo amparo plantean la nulidad de la ordenanza.
El recurso ingresó a despacho y en los próximos días podría haber una definición por parte de la Justicia.
Movilización de vecinos
Vecinos organizados de barrio Lomas Sur y San Alfonso realizarán una marcha vecinal de antorchas el 14 de agosto a las 19 contra el cierre de las calles.
La medida comenzará en la Plaza Manuel Belgrano y recorrerá el resto de las calles hasta terminar en la Municipalidad.
También invitaron a sumarse a diferentes sectores: ambientalistas, naranjitas, taxistas, comerciantes, entre otros. Saad indicó que la protesta es para visibilizar el descontento porque “nunca fuimos escuchados por parte del municipio y sus políticas públicas”.
