La violencia entre jóvenes es una problemática que crece cada vez más en Córdoba, tanto en Capital como en el interior, y que se agudizó en los últimos meses con episodios muy agresivos que terminaron en lesiones graves y hasta con riesgo de vida para las víctimas.
La mayoría de estos casos también desembocaron en consecuencias legales muy delicadas para los agresores. Sin contar el daño que tuvieron para las familias, tanto de uno como del otro lado.
Hace más de 70 días, Martín Cáceres, de 24 años, fue atacado a la salida de una fiesta en zona norte de la ciudad de Córdoba. Hoy, el joven permanece en coma. Días después Tomás Bravo, de 22, recibió una brutal golpiza cuando dejaba un boliche de Villa Allende. Luego contó cómo se “ahogaba con su propia sangre”.
Buscando la raíz en las conductas agresivas
Diversos estudios del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) profundizan en la comprensión de la conducta antinormativa y la violencia en adolescentes y jóvenes en Argentina.
Estas investigaciones, que combinan datos de registros oficiales y encuestas, confirman una elevada participación juvenil en este tipo de comportamientos.
En diálogo con La Voz, Karin Arbach, doctora especialista en Psicología Clínica, explicó que la violencia como conducta de resolución de conflictos se incrementa fuertemente en la adolescencia, con un pico en la adolescencia media y tardía.
Arbach explicó el concepto de la “curva edad delito”, donde la delincuencia menor comienza temprano y las conductas violentas alcanzan su pico más tarde, alrededor de los 17 a 19 años. “La violencia afecta más a los adolescentes y jóvenes que a otros grupos poblacionales”, agregó.
Córdoba: las agresiones física entre jóvenes
Un estudio del Conicet de 2021, basado en consultas a 480 adolescentes en Córdoba, encontró que casi la totalidad de los participantes (94,9%) reportó haber cometido al menos una conducta antinormativa a lo largo de su vida.
Las agresiones físicas comprenden el 48,9% de los encuestados en toda la provincia, con tasas de incidencia menores en la muestra total.
Un patrón consistente, según el estudio, es la diferencia por sexo. Los varones presentan un riesgo incrementado de cometer conductas antinormativas en general, con prevalencias superiores en casi todos los comportamientos.
Las mujeres fueron menos investigadas por su inferior representación en poblaciones infractoras.
Peleas grupales y daños físicos
Un estudio más reciente, del International Self-Report Delinquency Study (ISRD), del cual participaron más de 30 países incluyendo Argentina, presentó conclusiones alarmantes. Este análisis, del cual la doctora Arbach formó parte, fue realizado en Córdoba y Tucumán, analizando la relación ante el comportamiento antinormativo.
En este estudio internacional se observó que la violencia urbana, como las peleas grupales en lugares públicos y poco supervisados (salida de boliches, eventos deportivos), predomina sobre la violencia online.
El 21% de los jóvenes encuestados dijo haber estado involucrado en peleas grupales, y el 3% reportó haber causado lesiones que requirieron atención médica.
Un hallazgo significativo fue que una gran proporción de quienes reportaron conductas violentas graves no habían tenido contacto con la Justicia.
Esto, según plantea el estudio, muestra la necesidad de identificar los casos de alto riesgo en espacios a los que asisten niños y adolescentes, como centros de atención primaria de salud, escuelas o durante el contacto policial.
“La identificación debe servir para intervenir de manera eficaz y acorde a las necesidades criminógenas o factores de riesgo de cada joven”, comentó Arbach.
Actualmente, según la especialista, esta identificación e intervención es a menudo ineficiente debido a las limitaciones de las familias, escuelas y la escasa inversión en políticas públicas preventivas.
Factores de riesgo de la violencia en la juventud
Por su parte, la Magister en investigación e intervención social y presidente de la Fundación Paihuen, María Belén Gauna explicó que la violencia entre jóvenes “no es un fenómeno aislado o exclusivo de ciertos sectores, sino una manifestación compleja que involucra múltiples niveles: individuales, vinculares y sociales”.
“En el consultorio, muchos jóvenes que llegan por conductas desafiantes presentan una narrativa común: se sienten solos, sin herramientas para lidiar con la frustración y con una gran presión por demostrar fuerza o pertenencia a grupos”, señaló.
Algunos ejemplos son jóvenes que pegan “porque si no, me pegan a mi”, o algunos otros que ante una burla sienten que no tienen otra opción que responder con violencia para “no quedar como un cagón”.
En esos relatos, según la profesional, es evidente cómo la identidad en formación se construye sobre la base de mandatos de masculinidad. “La violencia aparece entonces como lenguaje, como expresión de algo que no puede decirse de otra forma”, expresó Gauna.
Por su parte, Arbach subrayó la dificultad de establecer tendencias claras de delincuencia en Argentina por la falta de datos sistemáticos a largo plazo. No obstante, identificó diversos factores de riesgo que influyen en la conducta antisocial a diferentes niveles.
Entre ellos, mencionó los factores biopsicológicos de la primera infancia, es decir, patrones de crianza, apego y hasta nutrición en los primeros años.
Y también mencionó otros de naturaleza familiar, que refieren a patrones de crianza inapropiados, y a factores de vinculación con pares antisociales en el barrio, la escuela o el club deportivo.
La validación del odio
Durante la pandemia, muchos jóvenes quedaron sin sus rutinas y sin espacios de socialización. Eso hizo que las redes sociales se volvieran el único canal de vinculación, y también el lugar donde se gestaron nuevas formas de violencia.
“Lo que se ve en consultorio desde entonces son jóvenes con ataques de pánico frente a la idea de volver a exponerse, o que reviven constantemente situaciones traumáticas por videos que circularon y que no pudieron frenar. Muchas veces, la violencia que ejercen aparece como defensa frente a este tipo de situaciones”, agregó Gauna.
Según Arbach, uno de los factores más relevantes son los macrocontextuales, especialmente los discursos de odio que validan la violencia: son un detonante peligroso que puede impactar a personas en riesgo.
“Hoy tenemos un detonador que no está bueno y que hay que frenarlo, que tiene que ver con el discurso de odio. Tenemos mensajes en televisión, las redes que dicen: ’No odiamos suficiente a una tal grupo social’”, comentó Arbach, haciendo alusión al impacto que estos dichos tienen en la juventud.
La importancia de la intervención preventiva
Ante este panorama, las expertas coinciden en la necesidad de políticas públicas y estrategias de intervención basadas en la evidencia científica.
Arbach no considera que medidas como la baja de edad de imputabilidad sean una solución eficaz para la conducta violenta juvenil, ya que no abordan sus causas profundas.
Por el contrario, sugiere la promoción activa del abandono delictivo a través de programas comunitarios enfocados en el empleo, la mejora de la interacción social y la adherencia escolar, que mostraron resultados prometedores.
En tanto, Arbach destacó la importancia en las intervenciones tempranas, señalando los programas de cuidado materno-infantil en los primeros años de vida como los más eficaces a largo plazo.
Los primeras vínculos, según las especialistas, están marcados por modelos donde el conflicto se resuelve a través del grito, la amenaza o el castigo físico, y donde las emociones intensas no encuentran un espacio para ser elaboradas.
“Cuando estas dinámicas se naturalizan desde edades tempranas, el adolescente no sólo reproduce, sino que carece de herramientas para responder ante situaciones de tensión”, detalló Gauna.
“En Córdoba, los casos que se conocen públicamente suelen estar ligados a episodios extremos”, explicó Gauna. Sin embargo, “en el espacio terapéutico se observa que la violencia cotidiana está instalada en muchas trayectorias más tempranas”, continuó.
Políticas de bienestar social –agregó la otra especialista–, en general actúan como políticas de prevención del delito. Políticas específicas como la ESI (Educación Sexual Integral), que promueve vínculos saludables y respeto, también son consideradas importantes.
Las investigaciones resaltaron la necesidad de incluir tanto a jóvenes de la población general como a aquellos en conflicto con la ley en los estudios para comprender mejor el fenómeno. “Hablar de violencia juvenil no es hablar de jóvenes peligrosos. Es hablar de jóvenes en peligro”, concluyó Gauna.
Y dijo que es fundamental invertir en la prevención del comportamiento antinormativo de los jóvenes en etapas tempranas, identificar casos de riesgo y promover el desarrollo saludable.
