El anuncio de la suspensión del Boleto Educativo Gratuito (BEG) en el transporte interurbano de pasajeros, que entraría en vigencia a partir del próximo lunes, encendió las alarmas en diversos sectores vinculados a la educación y el transporte en la provincia de Córdoba.
Estudiantes, docentes y gremios alzaron su voz frente a la decisión tomada por la Federación de Empresarios del Transporte Automotor (Fetap) y consideran que la eliminación del BEG afectará gravemente el acceso a la educación y el trabajo.
Desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) emitieron un comunicado exigiendo al Gobierno provincial que garantice la continuidad del boleto educativo para estudiantes y docentes, tal como fue acordado en las paritarias.
“Se están realizando gestiones para que el Gobierno provincial sostenga el BEG a estudiantes y docentes”, afirmó el sindicato. Desde la UEPC recordaron que el boleto gratuito es una herramienta fundamental que permite a miles de docentes y alumnos acceder diariamente a las escuelas y universidades, y advirtieron que su eliminación representaría un retroceso en términos de derechos sociales y educativos.
Por su parte, organizaciones universitarias de Córdoba también expresaron su rechazo a la suspensión del BEG, a la que consideraron un “golpe directo al acceso a la educación pública”.
En un comunicado, las agrupaciones estudiantiles advirtieron que la medida llega en un contexto de ajuste económico a nivel nacional que ya afecta a las universidades. “Sin boleto, no hay educación pública”, señalaron, destacando que el BEG fue una conquista histórica del movimiento estudiantil que no puede ser eliminado de manera unilateral.
Los estudiantes también exigieron el apoyo de gremios, organizaciones y asambleas en la defensa de sus derechos, afirmando que no permitirán ser cómplices del “vaciamiento” de la educación.
Desde el ámbito del transporte, la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita), gremio que buclea a los choferes interurbanos, se sumó a las críticas alertando que los conductores del servicio están siendo utilizados como “rehenes” en una disputa entre los empresarios del sector y el Gobierno provincial.
“Los empresarios y el Gobierno de Córdoba se van a tirar la pelota entre ellos, pero los que estamos en los ómnibus somos nosotros”, denunció Emiliano Gramajo, secretario general de Aoita.
Gramajo hizo hincapié en que la medida no solo afecta a los usuarios del transporte, quienes deberán abonar el 100% del valor del pasaje, sino que también pone en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores del sector, en un contexto de precarización y aumento de tarifas.
Por su parte, Claudio Luna, secretario gremial de Aoita, alertó sobre la exposición constante de los trabajadores a situaciones conflictivas en medio de una paritaria que lleva meses sin resolver. “Nos exponen a situaciones indeseadas, en la que nosotros tenemos que seguir poniendo la cara. Encima, en el marco de una paritaria que lleva meses sin que se haya presentado ni una propuesta por parte de las empresas”, afirmó.
Luna también rechazó las declaraciones de funcionarios provinciales que sugirieron que las empresas deberían suspender trabajadores para demostrar la crisis, recordando que lo que falta no son trabajadores, sino ómnibus y frecuencias para mejorar el servicio.
La medida de Fetap responde, según las empresas, a la falta de subsidios adecuados por parte del Gobierno provincial para mantener la sustentabilidad del sistema.
Desde la entidad señalaron que, aunque participaron en todas las mesas de trabajo convocadas por la Secretaría de Transporte, no lograron obtener una solución a la grave crisis financiera que atraviesa el sector. “Es imposible asumir la gratuidad de los pasajes solicitada por la Secretaría de Transporte”, afirmaron en su comunicado, subrayando que la suspensión del BEG fue una “decisión muy difícil” tomada luego de agotar todas las alternativas posibles.
Este conflicto se desarrolla en medio de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, que aún no acercó un acuerdo entre las partes. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los miles de estudiantes y docentes que dependen del BEG para desplazarse diariamente, así como entre los trabajadores del transporte que se encuentran en una situación laboral cada vez más precaria.
Ante este panorama, los sectores involucrados se mantienen en alerta, a la espera de una resolución que permita garantizar el acceso a un transporte gratuito y de calidad, que no dependa de disputas empresariales ni de la falta de compromiso por parte de las autoridades.
