El próximo 17 de noviembre se realizará en Córdoba el 2° Congreso Nacional de Niñeces y Juventudes Trans. “La Casita Trans” organiza nuevamente la actividad en medio de un fuerte hostigamiento y persecución en redes sociales por parte de organizaciones que buscan que el evento se cancele.
“El Congreso tiene como propósito visibilizar las identidades diversas y pensar sus existencias desde una mirada de efectivización y ampliación de derechos que históricamente les han sido negados”, indicaron desde la asociacion civil.
Con ponencias, talleres y la participación de profesionales trans e intersex especializades en derecho, educación, salud, crianzas y familias, la jornada busca una actualización y debate en torno al acceso efectivo a los derechos humanos del colectivo trans desde sus primeros años.
“Las niñeces y adolescencias trans existieron, existen y seguirán existiendo. Sus procesos son tan legítimos como los de cualquier persona. No están soles. Existe una red inmensa de amor, respeto y acompañamiento conformada por sus familias, sus referentes trans adultes, amistades, espacios educativos, de recreación y de salud comprometidos con garantizar el acceso pleno a sus derechos”, agregaron.
La tarea de concretar este congreso se dificulta en el contexto actual, donde las políticas de género están en regresión y donde tanto los discursos de odio, como las acciones de violencia hacia las diversidades aumentan.
Antecedente reciente
El pasado 18 de octubre estaba previsto un “1° Encuentro Global de Infancias Trans" en Tucumán. De acuerdo con el comunicado oficial de la fundación Transformando Familias que lo organizaba, el evento se canceló por “hostigamiento, agresiones y la difusión de contenidos desacertados y erróneos en medios de comunicación y redes sociales”.
Según explicaron, estas acciones generaron un clima adverso para garantizar la seguridad y el bienestar de las 521 personas preinscritas y de quienes integran y acompañaban la organización. Además, el hotel donde realizarían el evento les cerró las puertas después de los ataques.
“Nuestra prioridad es el cuidado integral de las niñeces, adolescencias y familias que se acercan a la Fundación. Estos mismos motivos son los que hoy nos llevan a cancelar. Lamentamos profundamente que el hostigamiento y ausencia de empatía impidan su realización”, sumaron.
Tras esta “victoria”, los grupos que consiguieron la cancelación del evento viraron sus esfuerzos hacía Córdoba. Buscan lograr lo mismo con el 2° Congreso de Niñeces Trans, que este año será en el Teatro Ciudad de las Artes de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).
Acciones en contra
Entre los espacios que accionaron para evitar el Congreso está el Consejo Pastoral Evangélico Córdoba, que el pasado 16 de octubre emitió un comunicado oficial de “profunda preocupación” dirigido al gobernador Martín Llaryora.
El principal reclamo fue hacia la UPC que como “ente público no autónomo, dependiente del Estado provincial y sostenido con los impuestos de los cordobeses” será sede del evento sin ajustarse a “los principios de interés público, neutralidad ideológica y respeto a la Constitución y a las leyes vigentes”. En este punto cabe aclarar que la UPC no financia ni organiza el Congreso, sino que solo ofrece el espacio físico.
“Consideramos inapropiado y riesgoso que una institución estatal respalde o promueva prácticas o discursos que puedan legitimar intervenciones hormonales o quirúrgicas irreversibles en menores de edad, sin consenso médico ni científico consolidado”, argumentaron.
En ese pasaje mencionaron el evento cancelado en Tucumán y pidieron la misma resolución para el de Córdoba.
Al final del comunicado aclararon que Consejo Pastoral no adhiere ni pertenece a ningún partido político o espacio ideológico y que toda participación de líderes religiosos es de carácter estrictamente personal, sin representar la posición institucional.
Esto último se debe al caso de Gerardo Groso, ex legislador, pastor, abogado y parte del equipo del Consejo que milita activamente en Encuentro Vecinal Córdoba y pide también la cancelación del Congreso.
Otra organización es Padres Unidos Argentina, que en una carta también dirigida a Llaryora, se expresó en el mismo sentido y sostiene que el evento “difunde y respalda” la hormonización e intervenciones quirúrgicas en niños y adolescentes en edad de desarrollo, atentando contra sus derechos.
Pero además del documento, el pasado miércoles el grupo se reunió en Patio Olmos para juntar firmas y repudiar el Congreso que, dicen, difunde la “ideología de género” y fomenta el “adoctrinamiento” y la “sexualización infantil”.
“Esto no es un discurso de odio, sino concientizar y decir que con los chicos no. Solo estamos expresando nuestra opinión que creemos también debe ser escuchada. No estamos en contra de las decisiones de personas adultas, pero promover este tipo de ideología atenta contra la salud mental y espiritual de los niños”, dijo a La Voz Paola Bucci, representante del espacio en Córdoba.
La referente nacional María Florencia Ibarra, agregó que como organización que funciona desde noviembre de 2024 y agrupa a padres y docentes, combaten “contenidos sexualizantes” que se imparten en las escuelas desde y a través de la Educación Sexual Integral (ESI).
“La ley de educación sexual integral es el marketing de la disforia de género. Aunque hay un porcentaje de niños que la padecen, creemos que con la ESI esto se acrecienta. Les inculcan a los niños que pueden cambiar de sexo, amputarse órganos sanos y tomar hormonas”, remarcó.
En este punto cabe aclarar que el término “disforia de género” propicia un enfoque patologizante del colectivo LGBTIQ+ por provenir de la psiquiatría. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la nueva clasificación internacional de enfermedades (CIE-11) y retiró de la categoría de trastorno mental a la transexualidad y el travestismo, conocida como “disforia de género”. Esta taxonomía entró en vigor en 2022.
Por otro lado, la agencia internacional de presencia digital CitizenGo también participa del intento por cancelar el Congreso a través de publicaciones en redes sociales y la promoción de una junta de firmas en las que usaron el rostro de menores de edad pertenecientes a La Casita Trans sin el consentimiento ni autorización de sus padres.
La organización está asociada con la ultraderecha y se articula con otros grupos para sostener una agenda en contra de los derechos de las mujeres y diversidades. Además, también estuvo detrás de la cancelación del evento en Tucumán.
Entre otros espacios y personas individuales que se sumaron con publicaciones en redes sociales para cancelar el Congreso están Cristianos en Política, la Coalición de Mujeres Argentinas y la pastora y candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Evelin Barroso.
Protección legal
Para enfrentar este hostigamiento virtual, desde La Casita Trans recurrieron a la Justicia para tomar medidas legales de protección en favor del presidente de la asociación civil, Santiago Merlo, como representante del colectivo de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias.
En primer lugar, denunciaron a grupos y personas físicas por violencia digital en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género. “Denunciamos y solicitamos una medida cautelar en el marco de la Ley Olimpia que fue aceptada y se ya se le dio curso”, precisó a este medio María Laura Britos, abogada y representante legal de la asociación.
Por la difusión de imágenes de menores de edad de La Casita Trans realizaron otra denuncia en la Unidad Contravencional de Género del Polo de la Mujer. “Utilizaron fotos que sacaron de nuestras redes y las usaron para repudiar el Congreso. Es una contravención porque implica hostigamiento psíquico y psicológico a través de medios digitales”, remarcó Britos.
Respecto de la principal crítica de estos grupos sobre que el evento fomentaría las hormonizaciones y cirugías de transición de género en las infancias, la abogada subrayó que nunca promovieron operaciones en menores y que si bien las hormonizaciones han ocurrido en algunos casos, siempre fue con el acompañamiento de equipos médicos especializados.
“El Congreso busca integrar a uno de los eslabones más débiles de la sociedad que son las infancias y adolescencias trans. Habrá una mirada de médicos, abogados, docentes y los contenidos son científicos y académicos”, aclaró.
Y aseguró: “En nuestra experiencia no es la mayoría sino solo algunos jóvenes y niños trans llos que buscan operarse u hormonizarse. Y en general eligen esto porque su entorno no respeta sus pronombres. Si la sociedad los reconociera por su identidad de género elegida, serían aún menos los jóvenes que se volcarían a estos tratamientos”.
Hormonizaciones y cirugías
Los grupos en contra de la realización del evento se amparan para sus reclamos en el DNU 62/2025 emitido en febrero por el presidente Javier Milei, que modifica el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género 26.743 para prohibir las hormonizaciones e intervenciones quirúrgicas de transición en menores de 18 años.
Entre sus argumentos, además, sostienen que estos procedimientos son experimentales, sin evidencia científica ni seguridad o eficacia a largo plazo, y perjudiciales para la salud de los niños y adolescentes por producir efectos secundarios graves.
Antes del DNU modificatorio, adolescentes de 16 años podían acceder a las hormonizaciones a través de un consentimiento informado, y para las cirugías, además de este último, requerían la conformidad de la autoridad judicial competente de su jurisdicción.
“Ahora ya no se realizan en menores, pero cuando se hacían eran y son tratamientos seguros. En el país se practican hace 10 años y en otros hace más de 20. Como profesional que trata a personas con hormonas, puedo decir que tenemos el aval científico para realizarlos”, explicó a La Voz María Eugenia Estario, endocrinóloga y miembro de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Córdoba (SEMCO).
Para ello se rigen por las recomendaciones del Ministerio de Salud para la Atención de la Salud Integral de Personas Trans, Travestis y No Binarias. En estas guías figuran las drogas que pueden usarse y las dosis recomendadas.
“Para hacer estos procedimientos no se convence al paciente de nada. Tampoco se acepta tratar a todo aquel que lo solicite. Se analiza detalladamente su contexto, se informa sobre los posibles efectos y si la persona está convencida seguimos adelante”, dijo Estario.
Y cerró: “Nuestra ley no establece que el paciente tiene que ser evaluado por psicología o psiquiatría. Pero si detectamos que atraviesa alguna afección de salud mental por este u otros motivos se le brinda un acompañamiento”.
