En medio de la investigación judicial que lleva adelante el Juzgado Federal de La Plata sobre la distribución de fentanilo contaminado por parte del laboratorio HLB Pharma Group SA, se confirmó el viernes pasado el primer caso fatal en la provincia de Córdoba.
Según pudo conocer La Voz la víctima falleció hace más de dos meses en una clínica privada de la ciudad, y el caso se conoció tras el requerimiento de información enviado por el juzgado a centros de salud, tanto públicos como privados, de todo el país.
El deceso fue informado directamente a la Justicia por la clínica Vélez Sarsfield, una institución médica privada ubicada en la zona sur de la ciudad de Córdoba. La notificación se dio en el marco de una serie de oficios remitidos por el juzgado a cargo del juez Ernesto Kreplak, quien analiza la administración de fentanilo contaminado con bacterias en pacientes hospitalizados.
A partir de la revisión de historias clínicas solicitadas a comienzos de junio, el magistrado incorporó 20 nuevas víctimas fatales a la causa, entre ellas la que corresponde a Córdoba.
La muerte no fue en un hospital público
Las fuentes consultadas confirmaron que el caso no había sido reportado previamente al Ministerio de Salud provincial, ya que se trató de un evento ocurrido en el ámbito privado y que no se encuadraba en las obligaciones de denuncia epidemiológica obligatoria.
Desde el área de Epidemiología del Ministerio indicaron que no habían recibido ninguna notificación formal vinculada al caso. “Nosotros no tenemos ninguna denuncia por esto”, aseguraron.
Tras la publicación del caso por parte del portal Infobae, las autoridades provinciales solicitaron información al centro médico involucrado.
“En el subsistema público confirmamos al 100% que no tenemos ninguna denuncia ni víctima por fentanilo contaminado”, sostuvieron fuentes del ministerio de salud provincial.
Desde el área de Farmacias de la provincia, su director Mariano Zaragoza aseguró que los hospitales públicos no tienen ni han tenido en circulación ampollas del fentanilo producido por HLB Pharma Group.
“Desde el Ministerio de Salud en sus funciones de custodio de la buena salud y seguridad de la población, entre el 8 y el 13 de mayo, se emitió una comunicación a todos los hospitales públicos provinciales, de que inhibieran todos los lotes de fentanilo, y eventualmente todos los productos de este laboratorio de HLB Pharma. Hoy no hay en circulación productos de este laboratorio, ni el fentanilo, ni ningún otro producto, como por ejemplo de dexametasona, morfina, diclofenac, entre otros”, aseguró Zaragoza en diálogo con La Voz.
Zaragoza explicó que el rol del Ministerio de Salud no se limita únicamente a ejercer el control y la fiscalización del sistema sanitario, funciones que definió como indelegables, sino que también incluye una tarea educativa fundamental: empoderar a la población en relación con el uso de medicamentos y los procedimientos médicos.
“Si yo me voy a hacer un procedimiento, por ejemplo una endoscopía, y veo que viene el anestesista, se presenta y me va a inyectar un líquido transparente que está en una jeringa, yo, como ciudadano, le puedo preguntar: ¿qué me vas a colocar? Fentanilo. Bueno, ¿de qué marca? Marca XXX. Perfecto, colóquemelo”, explicó Zaragoza.
En ese mismo sentido, advirtió que si el profesional respondiera que se trata de fentanilo de la marca HLB, el paciente puede negarse a recibirlo. “No me lo podés colocar porque esa marca, ese laboratorio, está inhibido para producir y para ser utilizado”, subrayó el funcionario.
Zaragoza instó a que la población haga valer su derecho a ser informada sobre los medicamentos que se le administran, incluyendo la marca y el lote de origen. “Eso es un derecho básico de la población que, en general, no se ejerce. Pero bien vale este hecho gravísimo que ha sucedido para ponerlo en discusión y que la gente reflexione acerca de esto”, expresó.
Un caso que surge meses más tarde
El caso reportado en Córdoba fue incorporado en el marco de una revisión nacional que elevó a 74 el total de víctimas fatales por el uso de ampollas contaminadas con bacterias.
La investigación judicial detectó que, en todo el país, fueron distribuidas cerca de 933 mil ampollas de fentanilo correspondientes a seis lotes (31.201, 31.202, 31.244, 31.245, 31.246 y 31.247), de las cuales solo el 40% ha sido puesto en cuarentena hasta el momento, según se informó en torno a la causa.
Desde el área de Legales del Ministerio de Salud de Córdoba indicaron que no tenían información previa sobre el caso detectado, y que la notificación surgió tras la solicitud del juzgado de La Plata. En ese marco, se inició una revisión en el sector privado, que derivó en el reporte enviado por la clínica Vélez Sarsfield.
“La información ingresó hace tiempo, más de dos meses, cuando se pidió colaboración a las provincias para rastrear posibles víctimas. Teniendo en cuenta esa fecha podemos estimar que el fallecimiento se da por lo menos dos meses atrás”, señalaron desde el Ministerio de Salud.
Córdoba figura entre las provincias alcanzadas por la distribución de estos lotes. En total, se identificaron 20 puntos geográficos en la provincia donde las ampollas podrían haber llegado: dos droguerías y 18 hospitales.
Sin embargo, desde el Ministerio de Salud provincial reiteraron que los hospitales públicos no cuentan con ninguno de los lotes contaminados.
La trazabilidad del fentanilo distribuido en Argentina fue descripta como “artesanal” por fuentes oficiales. La Anmat suspendió su uso hace más de dos meses y avanza lentamente en la recuperación de las dosis distribuidas.
La mayor parte del producto se concentró en la provincia de Buenos Aires (47% de los puntos), seguida por Santa Fe, Río Negro y Córdoba.
Por el momento, las autoridades locales siguen de cerca la investigación, aunque insisten en que no hay otros casos en estudio dentro del sistema de salud pública.
Las diferencias entre registros provinciales y nacionales también se explican, en parte, por el carácter no obligatorio de la notificación en el ámbito privado y por las inconsistencias habituales que existen entre los boletines oficiales, como por ejemplo los cambios de domicilio no actualizados en los registros sanitarios.
El origen del fentanilo contaminado
El origen del problema se vincula a la licencia para la producción del fentanilo contaminado. HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo adquirieron la autorización para su fabricación a Surar Pharma, un laboratorio con antecedentes irregulares que fue clausurado en 2015 por la Anmat por incumplir normas de buenas prácticas de manufactura.
A pesar de su inhabilitación, Surar continuó siendo propietario formal de medicamentos distribuidos por HLB y Ramallo, lo que generó dudas sobre el control de la trazabilidad y la legalidad de la operatoria.
En 2017, la Anmat halló productos de Surar Pharma prohibidos en un depósito en Córdoba. De acuerdo con la investigación, HLB y Ramallo habrían adquirido al menos 20 licencias de este laboratorio en un intento por acelerar la aprobación de nuevos productos. Algunas de estas gestiones habrían reducido los tiempos de autorización de dos años a tan solo seis meses.
