El Juzgado Federal número 2 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, dispuso el procesamiento de cinco directivos de la Escuela de Aviación Militar (perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina) por los delitos de abuso de poder y violación de los deberes de funcionarios públicos en el marco de una denuncia por abuso sexual que realizó una cadete en 2019.
Ahora, el juez profundizará su investigación y luego deberá decidir si eleva la causa a juicio. Si hubiera oposiciones, resolverá la Cámara Federal de Apelaciones.
A.M.M.P (en esta nota, María) cursaba el primer año en la Escuela de Aviación y fue abusada por dos compañeros en el marco de una juntada en una casa el 19 de mayo de 2019. Los dos jóvenes son Leonardo Daniel Espíndola y Julio Mauricio Méndez, que cursaban el segundo año de esa institución.
Ambos fueron procesados y en 2024 uno de ellos, Méndez, fue condenado a tres años de prisión. Espíndola, quien cargaba con el mayor peso de la acusación, se quitó la vida dos días antes del juicio.
El reclamo de María fue más allá de los autores del hecho, ya que lo que tuvo que vivir luego de hacer pública su denuncia en la fuerza fue un “verdadero calvario”.
El mismo 20 de mayo de 2019 María advirtió a la fuerza lo que había vivido la noche anterior, pero asegura que sufrió hostigamientos y el “despliegue institucional de una estructura militar, fuertemente jerárquica y patriarcal, tendiente no solo a someter a la víctima a un trato denigrante y revictimizante, sino también a obstaculizar la administración de los protocolos médicos posviolación”, según consta en la acusación.
Los acusados son Cristina Malpartida, jefa del Escuadrón Sanidad de la Escuela de Aviación Militar (EAM); Julieta del Valle Romero, oficial médica del mismo escuadrón; Andrea Cecilia Berra, psicóloga de la EAM y docente de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina; Luis Ramiro Carranza Torres, vicecomodoro del Cuerpo de Servicios del Escalafón Jurídico, a cargo del Departamento Jurídico de la EAM; y Gerardo Ulises Moreno, miembro del Escuadrón de Instrucción de la misma institución.
La acusación formulada por la Fiscalía Federal número 2, a cargo de Carlos Casas Nóblega y ahora por el juez Sánchez Freytes, identificó elementos suficientes para sospechar de un abuso de autoridad.
Entre los hechos analizados, remarcan que hicieron repetir el testimonio a la joven en reiteradas oportunidades y con maniobras para que desista de hacer la denuncia, utilizando expresiones como las siguientes: “¿Qué te pasó?”, “¿estás segura que eso es lo que pasó?”, “mirá que si estas mintiéndome te puedo sancionar otra vez” , entre otras.
En reiteradas oportunidades, Malpartida y Berra le habrían dicho que “lo pensara bien” porque lo que estaba por denunciar era grave y comprometía a sus superiores. También le habrían hecho preguntas revictimizantes, como por ejemplo qué ropa llevaba puesta esa noche y si ella los había “provocado”.
La joven denunció que las autoridades demoraron la denuncia judicial y luego el protocolo de atención médica que requiere un abuso sexual con acceso carnal. Además, aseguró fue aislada del resto de sus compañeros de la academia durante 10 días tras la denuncia.
La joven relató ante el tribunal una larga serie de hostigamientos y sanciones sin justificación que, según la Justicia, habrían funcionado como formas de amedrentamiento por la denuncia realizada.
En uno de los episodios que narró María, cuenta que el imputado Gerardo Ulises Moreno (instructor de los cadetes de cuarto año, más precisamente de los abusadores Méndez y Espíndola), la habría sancionado con planilla y le habría hecho ponerse el uniforme de verde para “arrastrarse” (práctica que se ejecuta al realizar actividades físicas excesivas).
También habría expuesto a la joven frente al resto al tratarla de “amoral, mentirosa y fatera (vaga)”.
Producto de estas prácticas abusivas y de reiteradas sanciones sin justificación, la Fuerza Aérea dio de baja a María de la Escuela de Aviación en agosto de 2021.
Para el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió en “clara violación a la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (prevista en la Ley 26.485)”.
Tras ello, María llevó adelante una larga lucha para ser reincorporada en la Fuerza Aérea, pero las sanciones y hostigamientos no cesaban. Y hoy asegura que su salud mental y su estado emocional tuvieron consecuencias negativas provocadas por el abuso de autoridad sufrido.
En diálogo con La Voz, María advirtió que las personas procesadas son solo una parte de todos los que participaron en ese hostigamiento. “Mucha gente involucrada aparte de los imputados hoy goza de promociones, premios o ascensos”, afirmó.
La joven, que actualmente reside en el exterior del país, espera justicia por su caso, “para que ninguna otra joven deba pasar por lo mismo”.
