En medio del creciente malestar de los contribuyentes por los fuertes aumentos en los costos de mantenimiento vehicular, cobra fuerza un proyecto de ley que propone modificar de raíz el sistema de patentes en Argentina. La iniciativa busca desligar el tributo del valor de mercado del rodado y establecer un esquema basado en el uso efectivo de las calles y rutas.
La propuesta, elaborada por el abogado Jorge Monastersky, plantea dejar atrás el criterio “patrimonial” actual.
El objetivo es transformar el impuesto en una “tasa de circulación”, corrigiendo las distorsiones que hoy generan grandes diferencias de costos entre vehículos que utilizan el espacio público de la misma manera, publica Ámbito Financiero.
Según los fundamentos del texto, el sistema vigente funciona en la práctica como un impuesto a la riqueza sobre el automotor, perdiendo relación con el servicio que debería financiar: mantenimiento vial, señalización y control del tránsito.
Cómo funcionaría el nuevo cálculo
El proyecto establece un cambio drástico en la base imponible. En lugar de utilizar la valuación fiscal o el precio de compra del auto, se propone fijar un monto anual base para los vehículos de menor porte.
Este valor base sería equivalente a 100 litros de nafta súper, lo que a valores actuales rondaría los $130.000. A partir de esa unidad de medida, se aplicaría una escala proporcional.
Las variables para determinar el costo final incluirían el peso total autorizado, la cantidad de ejes, la categoría de uso y el impacto real sobre la infraestructura vial. De esta forma, pagarían más quienes generen mayor desgaste en el asfalto, independientemente de si el auto es un modelo de lujo o uno económico.
Un modelo inspirado en el exterior
La iniciativa toma como referencia experiencias internacionales exitosas, como la del estado de Florida, en Estados Unidos. Allí, la tasa de circulación es uniforme y ronda los 90 dólares anuales, sin relación directa con el precio comercial del vehículo.
El artículo 2° del proyecto define explícitamente la naturaleza jurídica del cobro como una “tasa retributiva de servicios”. Esto impide que sea considerada o aplicada como un impuesto patrimonial, evitando así la doble imposición con otros tributos.
Los impulsores de la medida aclaran que el objetivo no es desfinanciar a los estados provinciales ni eliminar la patente, sino ordenar un sistema que es percibido por la ciudadanía como excesivamente recaudatorio y poco equitativo.
El desafío de la implementación federal
Para que este cambio sea efectivo, el proyecto contempla la prohibición de que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los municipios fijen tasas en función de la valuación fiscal.
El texto establece que la jurisdicción de radicación será la única competente para el cobro, eliminando la posibilidad de exigir pagos adicionales por circular en otras zonas.
Sin embargo, al tratarse de recursos que administran las jurisdicciones locales, la normativa invita a las provincias y a CABA a adherir al nuevo régimen y adecuar sus leyes en un plazo máximo de seis meses tras la sanción.
La discusión legislativa promete abrir un debate sobre la presión tributaria en el parque automotor y la necesidad de modernizar los esquemas de recaudación vigentes.
