Un proyecto de ley presentado en Córdoba tiene como objetivo establecer honorarios mínimos para los profesionales de la salud y aplicar intereses a los financiadores que se demoren en los plazos de pago.
La iniciativa fue presentada por la legisladora Luciana Echevarría (MST Córdoba), que a su vez tomó la propuesta de la Asociación Civil de Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba por la Unidad. Esta organización es conformada por 133 miembros de distintas disciplinas de la salud.
El proyecto establece que “los honorarios mínimos son de propiedad exclusiva del profesional que los devengó y revisten carácter alimentario. Su aplicación resulta obligatoria, de orden público, inderogable e indisponible cuando el profesional preste servicios por intermedio de obras sociales, administradoras de seguros de salud, empresas o entidades de salud prepaga, mutuales o cualquier otro tipo de sistema de prestación o de ofrecimiento de servicios de salud”.
Los profesionales que se desempeñan en relación de dependencia quedan exceptuados “caso en el cual regirá la pertinente legislación o convenio colectivo aplicable; y los que por cuestiones éticas ejerzan en forma gratuita, conforme la normativa aplicable, y cuando el paciente decida afrontar el pago de manera particular y directa”.
El órgano de aplicación sería el Ministerio de Salud provincial, que además fijaría el valor ético mínimo de las consultas, sobre la base de los cálculos establecidos por los colegios profesionales.
Mario Pérez, presidente de la Asociación, explicó que todos los colegios profesionales tienen un “mínimo referencial ético” pero que no existe actualmente una ley que obligue a las financiadoras (obras sociales, prepagas, seguros) a cumplir con estos valores.
Expresó que la mayoría de las financiadoras paga “entre el 40 y el 70% del mínimo referencial de las consultas. Y con una demora de 90 días en adelante.
El proyecto establece en 30 días el plazo máximo de cancelación de honorarios o aranceles por la prestación de servicios profesionales de salud.
Transcurrido ese tiempo, se aplicarían intereses “correspondientes a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuentos de documentos a treinta (30) días al momento del pago”, se aprobarse el proyecto.
También se prevén sanciones para las financiadoras que incumplan con los plazos y valores éticos.
“Con este proyecto se busca fijar un valor ético en las consultas y evitar las demoras innecesarias”, finalizó Pérez.
