El Colegio Profesional de Psicopedagogos de la Provincia de Córdoba presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal de Córdoba contra el Estado Nacional y el Poder Ejecutivo, en reclamo por la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) dispuesta mediante el Decreto 681/2025.
La causa quedó registrada bajo el expediente N° FCB 30011/2025, sorteado el 1° de octubre en el Juzgado Federal N° 1, a cargo de los jueces Miguel Hugo Vaca Narvaja y Carlos Arturo Ochoa.
La presentación judicial, patrocinada por el abogado Gerardo Luis Nieva Allue, solicita que se restablezca la vigencia de la ley y se garantice la continuidad de las prestaciones psicopedagógicas para niños, niñas y adolescentes con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El Colegio actuó en representación de los profesionales psicopedagogos y de las familias afectadas por la interrupción de la cobertura de salud y la falta de actualización de los aranceles.
El amparo se fundamenta en la vulneración de derechos básicos como el acceso a la salud, la educación inclusiva y el trabajo digno de los profesionales del área. Según el documento, la suspensión de la norma “pone en riesgo la continuidad de tratamientos y apoyos esenciales” y provoca “inestabilidad laboral y económica” en el sector.
La presentación incluye el acompañamiento de un caso testigo: un joven de 15 años con CUD que requiere tratamiento psicopedagógico, cuyas prestaciones fueron facturadas sin autorización de la obra social y registradas en el expediente “Discapacidad Solicitado N° 63553”. El reclamo se extiende a la cobertura y a la aplicabilidad de la ley en toda la provincia, en el marco del sistema de atención integral establecido por la Ley 24.901.
Entre los fundamentos, se citan fallos de la Corte Suprema y de la Cámara Nacional Civil que advierten que el incumplimiento de una ley destinada a personas con discapacidad “constituye un acto de discriminación”, así como la jurisprudencia del Juzgado Federal de Córdoba que sostiene que no resulta procedente “poner en riesgo las prestaciones por la falta de pago de la obra social”.
El Colegio de Psicopedagogos expresó su “profunda preocupación” por las consecuencias del decreto que dejó sin efecto la ley aprobada por el Congreso, la cual garantizaba prestaciones esenciales y compensaciones de emergencia a los prestadores del sistema. En el comunicado oficial, la entidad reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la inclusión y el ejercicio profesional ético, y sostuvo que “la emergencia en discapacidad no es una opción, sino una necesidad urgente”.
El pedido de amparo colectivo busca que la Justicia ordene al Poder Ejecutivo nacional levantar la suspensión de la norma y aplicar de inmediato las medidas de protección previstas para beneficiarios, familias y prestadores. Asimismo, reclama la actualización de los aranceles y el pago de las deudas acumuladas por las obras sociales.
El Colegio destacó que la acción se presentó en representación de un colectivo amplio de beneficiarios con CUD y de profesionales psicopedagogos de la provincia, quienes vienen enfrentando demoras en los pagos y falta de reconocimiento de las prestaciones incluidas en el nomenclador nacional.
Es así que la entidad subrayó que los derechos vigentes “no se suspenden” y que la discapacidad “debe ser una prioridad en las políticas públicas”, reiterando su acompañamiento a las familias que sostienen los tratamientos de sus hijos e hijas a pesar de la falta de cobertura.
