La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Córdoba (Apdh) promovió una investigación ciudadana en el excomplejo minero Los Gigantes, en el sur del Valle de Punilla, donde permanecen residuos de uranio acumulados desde la década de 1980 cuando se extraía el mineral en esa zona.
El estudio surge tras la información en diferentes medios digitales sobre una posible rotura de la membrana de impermeabilización que, años atrás, sufrió el dique de cola de la exmina y que eventualmente podría afectar el nacimiento de cursos de agua que nutren al dique San Roque.
Frente a esta posibilidad, la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) desmintió, en septiembre pasado, una posible filtración en uno de los diques del excomplejo minero.
En un comunicado oficial, la Cnea sostuvo que “no se registró ninguna rotura reciente en los diques del ex Complejo Minero Fabril Los Gigantes, en Córdoba, y que no existe ningún riesgo de contaminación ambiental ni en los cursos de agua”.
Además, el organismo estatal, a cargo de ese predio, indicó que la exminera no registra actividades productivas desde hace décadas, y agregó que actualmente solo se llevan a cabo tareas de mantenimiento y monitoreo ambiental, con reportes periódicos a la Autoridad Regulatoria Nuclear.
Pese a las aclaraciones del organismo, desde Apdh conformaron un equipo con el médico Medardo Ávila Vázquez, el biólogo del Conicet Fernando Barri, el guía de montaña Martin Ávila Vázquez y el periodista ambiental Daniel Diaz Romero, quienes concurrieron al lugar a realizar estudios por sus propios medios tras la posible contaminación de la cuenca del río San Antonio.
Estudio en la exminera
El equipo de la Apdh ingresó al lugar “donde drena subterráneamente, y adonde caen los desbordes del enorme y rebalsado dique de cola de la mina de uranio. Justo en el arroyo Cajón, afluente de río San Antonio y del lago San Roque, muy arriba y cerca de su nacimiento en Los Gigantes”, citó en un comunicado.
“Es de muy difícil el acceso, y entre la Cnea y los empresarios turísticos vecinos ponen un enorme esfuerzo, con guardias y cámaras de seguridad, en impedir el acceso de civiles”, expresó el organismo.
El equipo, a través de un muestreo sencillo comparó la presencia de organismos acuáticos presentes en el arroyo el Cajón, que se encuentra debajo del dique de cola de la mina, y el arroyo Vatán, que se encuentra en la misma zona, pero no está afectado por los desbordes del dique de cola. Y recabó –según sus conclusiones– los siguientes datos:
- El arroyo donde se encuentra la mina presenta menor diversidad de organismos acuáticos.
- En el arroyo que no está afectado por la mina existen especies bioindicadoras sensibles a la contaminación que no se encontraron en el arroyo afectado por la mina.
- “Las diferencias en la diversidad de especies entre estos dos arroyos similares podría explicarse por otros factores: como la presencia de truchas en el arroyo el Cajón”, señalaron también.
Reclamo de investigación y certeza
“Los resultados de este muestreo sugieren, aunque no sean concluyentes, que podrían existir aún contaminación por parte de material radiactivo y metales peligrosos residuales presentes en el dique de cola, que nunca fue remediado a pesar de que la Cnea recibió subsidios millonarios con ese fin”, indicó la Apdh.
Además, el equipo explicó que durante el funcionamiento de la mina de uranio, en la década del 80’, el arroyo el Cajón mostraba ausencia total de vida acuática, 40 años después la biodiversidad todavía no se recuperó espontáneamente en toda su magnitud.
“Lo que confirma que la megamineria en general y la minería de uranio en particular son peligrosas para el ambiente y para la vida”, sostuvo.
Y agregó: “Con este aporte voluntario, quisimos poner luz sobre una situación ambiental que preocupa a toda la población de la región, y aclaramos que ante este tipo de indicios no somos las personas afectadas quienes debemos investigar, sino el Gobierno nacional y provincial, a través de sus diferentes organismos, quienes deben brindar toda la información necesaria y científicamente validada para llevar tranquilidad a la población”.
Por último, Apdh subrayó que el cuidado ambiental “es responsabilidad de todos, garantizar que no haya contaminación ni se vea afectada la vida de todos los seres que habitan este mundo es responsabilidad del Estado. Por eso exigimos que se brinden las máximas garantías de que la exmina de uranio de Los Gigantes no produce más daños en la vida silvestre y a la salud de las personas”.
Sobre el complejo
El complejo minero, ubicado a unos 30 kilómetros de Villa Carlos Paz, fue explotado entre 1982 y 1989. Durante ese período se procesaron aproximadamente 206,7 toneladas de uranio, lo que dejó como saldo un pasivo ambiental significativo: 2,4 millones de toneladas de colas de mineral, un millón de toneladas de estériles de cantera y 600.000 toneladas de marginales, todos con eventual presencia de radiactividad residual y metales pesados.
La última rotura registrada ocurrió en septiembre de 2021, cuando vientos de más de 100 km/h dañaron la membrana de un dique auxiliar. Según el organismo, ese episodio no provocó contaminación ambiental y fue reparado con nuevos sistemas de impermeabilización y refuerzos geotextiles en 2023.
La Cnea aseguró que los monitoreos radiológicos se realizan de acuerdo a los estándares exigidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y descartó cualquier riesgo inmediato de contaminación.
