Poco después del anuncio de salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el presidente Javier Milei anticipó en una entrevista a Le Point, una revista francesa, que evalúa que Argentina abandone el Acuerdo de París. “La agenda ecologista me parece un auténtico fraude”, dijo Milei. Un anticipo de esta decisión se vislumbró cuando el Gobierno argentino decidió retirar de las deliberaciones a la delegación que había asistido a la última Conferencia de las Partes (COP 29) que se realizó en Baku, Azerbaijan.
“La forma en que hoy hablamos del cambio climático es completamente errónea. El calentamiento global no tiene nada que ver con la presencia humana. Se trata de un problema relacionado con los ciclos de temperatura del planeta”, consideró. Esta creencia es ampliamente refutada por el consenso científico.
El Acuerdo de París fue adoptado por 195 países en diciembre de 2015. El objetivo del acuerdo es contener el aumento de la temperatura “muy por debajo de los 2ºC” respecto a la era preindustrial y “de seguir esforzándose por limitar este aumento a 1,5ºC”.
“Creo que es fantástico que el presidente Donald Trump haya dejado de financiar públicamente artículos académicos sobre el cambio climático. Hoy en día, si no hablas sobre el cambio climático, te etiquetan como terraplanista o teórico de la conspiración y, como resultado, te censuran y te silencian. Ésta es la censura progresista que nos amordaza y que denuncié en el Foro de Davos”, dijo Milei en la entrevista.
“Pensemos en quienes idearon la Agenda 2030, un supuesto programa de desarrollo sostenible para 2030 que se está convirtiendo en un Pacto para el Futuro. ¿Quién votó por estos burócratas hijos de puta, dándoles el derecho de decidir la vida de más de 8 mil millones de seres humanos?”, continuó con sus críticas.
El Acuerdo de París fue celebrado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), en París.
El Acuerdo establece objetivos a largo plazo como guía para todas las naciones:
- reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 °C y esforzarse para limitar este aumento a incluso más de tan solo el 1,5 °;
- revisar los compromisos de los países cada cinco años;
- ofrecer financiación a los países en desarrollo para que puedan mitigar el cambio climático, fortalecer la resiliencia y mejorar su capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático.
Es un tratado internacional legalmente vinculante. Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. En la actualidad, 194 partes (193 países más la Unión Europea) han firmado el Acuerdo de París.
El Acuerdo incluye compromisos de todos los países para reducir sus emisiones y colaborar juntos a fin de adaptarse a los impactos del cambio climático, así como llamamientos a estos países para que aumenten sus compromisos con el tiempo. El Acuerdo proporciona a los países desarrollados una ruta para que ayuden a las naciones en desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio climático, creando un marco para un control y una información transparentes sobre los objetivos climáticos de estos países.
Cada cinco años, los países se comprometen a elaborar un plan nacional actualizado de acción climática que se conoce como Contribución Determinada a Nivel Nacional, o CDN.
En sus CDN, los países comunican las medidas que tomarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Los países también comunican en estas CDN las medidas que tomarán para desarrollar la resiliencia necesaria para adaptarse a los impactos del aumento de temperaturas.
En la última revisión de metas, en la COP 29 marcó una serie de problemas en el cumplimiento de los compromisos y no hubo precisiones en concreto sobre la consigna adoptada en la COP anterior, que incluyó el compromiso de “transitioning away from fossil fuels” (una transición para abandonar los combustibles fósiles), y alcanzar el cero neto global para 2050. Falta definir acciones concretas para avanzar en esa dirección.
Salir de la OMS, pero no de la OPS
Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, dijo al diario La Nación que “salir de la OMS no significa salir de la OPS, que es preexistente y depende de la Organización de Estados Americanos (OEA)”. Según recordó ese diario, la Argentina ingresó en mayo de 2019 al grupo de 36 países que la OMS certificó libres de malaria, y también era parte del Comité Directivo de ese organismo mundial.
El país adhirió a la constitución de la OMS en 1948 y, mediante ese acuerdo, contrajo obligaciones en cuestiones de salud pública, por lo que una eventual salida no es un proceso inmediato. Como la adhesión está confirmada por ley, algunos plantean que debería pasar por el Congreso porque no se justificaría un decreto de necesidad y urgencia para una medida que de todos modos llevarla adelante podría demorar, cuanto menos, un año.
En concepto de cuota y contribuciones, el país le abona a la OMS $ 1.248.740.889 y a la OPS $ 406.489.472, según la previsión presupuestaria de 2024. Al 30 de enero de este año, la Argentina adeudaba a la OPS US$ 10.176.812 por tres cuotas acumuladas desde 2023, de acuerdo con información de la oficina de ese organismo en la Argentina, siempre según La Nación.