- Varios proyectos buscan prevenir y atender la problemática de la violencia laboral
- Fueron presentados tanto por referentes de las fuerzas opositoras y como oficialistas
- Los hay en distintos ámbitos parlamentarios de la ciudad de Córdoba
- la provincia y el país
El debate institucional sobre la violencia laboral se agitó durante este año. Si bien en la mayoría de los casos se trató de reuniones y presentaciones de proyectos de ley y ordenanzas, el interés creció entre los oficialismos y las oposiciones políticas de distintos ámbitos parlamentarios.
El caso más relevante es el de la ciudad de Río Ceballos. A partir de este año se transformó en el primer municipio que cuenta con una ordenanza sobre la materia. Se aprobó el 7 de agosto y se promulgó dos días después.
El intendente de Río Ceballos, Omar Albanese, destacó que son la única ciudad que avanzó sobre el tratamiento de la violencia laboral.
“Nosotros estamos reglamentando la ordenanza, que estimo se producirá este este miércoles. La violencia no es solamente contra la mujer y en el caso del trabajo, protege a los funcionarios o los castiga. Se busca mantener un respeto y reglamentar ese tema”, declaró Albanese.
Pero en Córdoba también hay una lista de iniciativas. En la Legislatura hay dos proyectos de ley. Uno es de 2017 y fue presentado por Ezequiel Peressini, legislador por el Frente de Izquierda. Como coautores aparecen Eduardo Salas –del mismo bloque que Peressini– y Franco Saillén, del bloque Córdoba Podemos. Fue redactado por Carlos Cafure, un abogado que se ha especializado en la materia.
“El proyecto de ley busca establecer un procedimiento administrativo para prevenir y sancionar los hechos de violencia laboral en el ámbito estatal y privado. Fija las conductas se entienden como violencia laboral. Propone como autoridad de aplicación al Ministerio de Trabajo de la Provincia. Y plantea crear de una oficina contra la violencia laboral dentro de un ministerio”, detalló Cafure.
Como los proyectos pierden estado parlamentario cada vez que se cumple un ciclo anual, este año volvió a ingresar a la Legislatura. Fue rehabilitado el día 11 de septiembre.
“Este proyecto no fue discutido durante tres años. La violencia laboral crece al ritmo de la precarización y el ajuste, y muchas veces los reclamos gremiales son desencadenantes de violencia laboral. Este proyecto debe ser discutido y aprobado porque defiende las condiciones de trabajo. Nosotros decimos que un ambiente laboral con violencia es un derecho vulnerando”, planteó el legislador Peressini.
También presentó un proyecto el legislador Ricardo Vissani del bloque Unión Por Córdoba. “La única diferencia que mantiene con el documento presentado por el Frente de Izquierda es el ámbito de aplicación. En este caso, sólo se haría efectivo en el ámbito estatal, dejando de lado el entorno privado”, diferenció el abogado.
Por su parte, el propio legislador Vissani aclaró que este proyecto todavía no va a ser tratado en la Legislatura. El texto ingresó a la Unicameral el 21 de agosto.
La iniciativa de Peressini cuenta con el apoyo de diversas entidades. “Tiene la adhesión de 30 sindicatos, de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), del Defensor del Pueblo (Mario Decara), de organizaciones religiosas y fue declarado de interés general por ocho facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC): Derecho, Psicología, Artes, Arquitectura, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Químicas y Lenguas, entre otras”, enumeró Cafure.
Los proyectos de ley proponen sanciones disciplinarias y económicas. Las medidas disciplinarias comienzan en apercibimientos y escalan hasta la cesantía. En el plano económico, prevé multas que van de 10 salarios mínimo vital y móvil hasta 50.
Define a la violencia laboral como una forma de abuso de poder que es ejercido por un superior contra un trabajador, de manera sistemática. “Tiene por finalidad someter a ese trabajador y muchas veces está destinado a que el trabajador renuncie”, comentó el abogado.
Ámbitos
Pero la Legislatura y el Concejo de Río Ceballos no fueron los únicos entorno donde se instaló la problemática. El mismo Cafure se ha dedicado a fomentar el tratamiento de la temática en municipios cordobeses.
En 2017 el bloque de concejales de Unión Por Córdoba presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. “Se encuentra declarado de interés general por el decano de las facultades de Derechos y de Psicología de la UNC. Se volvió a presentar el 19 marzo, por los concejales Esteban Dómina, Adrián Brito, Pablo Ovejeros y Nadia Fernández (Unión Por Córdoba)”, contó el abogado, sobre el proyecto que aún espera ser tratado.
En la ciudad cordobesa de Anisacate también se promovió un proyecto. “Fue a través del concejal Fabián Oviedo, del bloque de Unión Por Córdoba, el 14 de agosto”, señaló Cafure.
Cafure además relató que en la ciudad de Saldán se realizaron dos reuniones con los concejales y el intendente, Cayetano Canto. “En la segunda reunión se comprometieron a avanzar”, aseguró el autor de los textos de este conjunto de proyectos.
La concejal Gisele Machicado presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de Villa María. Y este año se volvió a presentar un proyecto en el Concejo de Huerta Grande. Lo hizo la concejal Lucrecia Cabana.
"Creo que tienen que avanzar todos estos proyectos. El lunes 28 tuve una reunión con el Ministro de Trabajo, Omar Sereno. Me acerqué y le mostré todo mi trabajo", contó Cafure.
Por su parte, desde la Provincia aclararon que el 22 de agosto de 2017 se aprobó el "Protocolo de Actuación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba para la Tramitación de Denuncias de Violencia Laboral”. Además se creó la Oficina de Asesoramiento y Registro de Violencia Laboral.
Cafure comenzó su actividad cuando publicó su tesis de graduación, en la universidad Siglo 21. Luego siguió con la presentación del primer proyecto de ley. “Tengo dos libros publicados y uno fue declarado de interés general por la Legislatura. Sin embargo, el proyecto no fue tratado aún”, señaló.
En la actualidad hay un proyecto presentado en el Congreso de la Nación. Fue ingresado por los diputados cordobeses Pablo Carro y Gabriela Estévez. También busca abordar la problemática en los ámbitos privado y estatal. Además, cuenta con la adhesión de varios gremios (25 avales firmados).
“Tengo la expectativa de que el año que viene se pueda tratar en el Congreso. El Ministerio de Trabajo de la Nación cuenta con una oficina para tratar la violencia laboral, pero no hay una ley. Hay un vacío legal en la materia. Es necesario establecer un procedimiento administrativo para que desde el estado se pueda prevenir”, opinó Cafure.
Violencia
Patricia (no es su verdadero nombre) durante un año tuvo miedo de ir a trabajar. Se define a sí misma como una víctima de violencia laboral. Asegura que no se siente amparada por ningún organismo.
Hace dos años fue contratada en una dependencia estatal para cumplir con una función pública.
“Cuando empecé a trabajar pensé que mi superior era accesible. Me habían comentado que era ‘intenso’. Pero siempre me mantuve al margen de los comentarios: a mi no me había pasado nada”, relató la mujer.
Al cabo de los primeros meses, le comenzaron a llegar mensajes de WhatsApp con demandas. “Creía que era lo que debía hacer. Por ejemplo, mi jefe me pedía que resolviera una actividad fuera del horario de trabajo. Otras veces, me preguntaba por qué no respondía correos que me llegaban los sábados”, recordó “Patricia”.
Ella asegura que los mensajes se convirtieron en amenazas y gritos. “Cuando me encontraba en la oficina me gritaba. Lo hacía frente a otros colegas y cuestionaba mis decisiones. Me hacía responsable de acciones a pesar de que no tenían que ver con mi área de acción”, dijo “Patricia”.
Otras veces –contó– le reclamaba por la concreción de tareas que no le habían encomendado. “Es difícil detectar la violencia laboral. Las personas que la ejercen son manipuladoras y pueden hacer creer que todo es un asunto de capacidades. Sobre los gritos, hacen parecer que forman parte de una necesidad”, advirtió la mujer.
Luego de un año y medio, fue designada a otro espacio, según contó. “A partir de ese momento, se cortó la comunicación con él. La distancia me ayudó a ver que continuaba el mismo trato con otras compañeras. Siempre con mujeres; con los varones se cuidaba”, expresó.
"En un momento empecé a tener miedo de ir a trabajar. Llegó un momento que sentí miedo. Me brotaba, me dolía el estómago. Mi humor y mi estabilidad cambiaba y me volvía inestable. Cuando él llegaba me ponía nerviosa. Tuve gastroenteritis y ataques de pánico", relató.
Sobre el hombre al que refiere “Patricia”, la mujer dijo que “ocupa un lugar importante dentro de la esfera estatal”, pero no se atrevió a revelar su identidad ni el cargo. Y sobre el trabajo que ella desempeña, dice que “tiene un impacto social a escala provincial”.
